República Dominicana
El Gobierno de Abinader desafía a la ONU expulsando mujeres embarazadas y recién paridas desde los hospitales

Un autobús de la Dirección General de Migración está ubicado frente a la puerta principal de la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia en Santo Domingo. En su interior se encuentra una mujer de 30 años junto a su hija de 15, embarazada de tres meses, así como una menor de 14 años con cinco meses de embarazo, quien no está acompañada.

La madre y la hija son Isabella y Johanna, y residen en el barrio Haras Nacionales en la capital de República Dominicana. Explican a El Salto que llegaron a la maternidad alrededor de las seis de la madrugada para que la menor se realizara un chequeo de rutina. Inmediatamente fueron abordadas por agentes de migración y subidas al autobús que pretende deportarlas a Haití. Han sido innumerables las imágenes difundidas por los medios de comunicación que muestran a mujeres haitianas como éstas, embarazadas o con sus recién nacidos en brazos, siendo subidas a los autobuses de la Dirección General de Migración.

Isabella y su hija son dos de los más de 200.000 dominicanos y dominicanas que no cuentas con acta de nacimiento, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. Una de sus hermanas, quien sí cuenta con documentación, explicó que Isabella no ha podido obtener su acta de nacimiento debido a un error en su documentación de registro.

El lunes 21 de abril entró en vigor el procedimiento de gestión de los servicios de salud para pacientes extranjeros, implementado por el Servicio Nacional de Salud de República Dominicana en coordinación con la Dirección General de Migración. Este protocolo forma parte de las quince medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader el domingo 6 de abril, como respuesta a la marcha en contra de la migración haitiana realizada el 31 de marzo por grupos nacionalistas de extrema derecha como La Antigua Orden Dominicana, en El Hoyo de Friusa.

Según lo indicado por el Servicio Nacional de Salud, los nuevos procedimientos imponen la solicitud de documentos de identidad dominicanos o residencia legal en el país a las personas que acudan a los hospitales a solicitar servicios. Concretamente se requiere identificación válida y que estas personas paguen el costo de los servicios hospitalarios recibidos. En caso de no contar con estos documentos o no estar en vigencia, solo se les ofrecerá asistencia a las personas en situación de urgencia. Después de ser estabilizadas se obliga a que el personal médico los entregue a los agentes de migración. Para supervisar el cumplimiento de esta medida se asignaran por lo menos dos agentes de migración en cada uno de los 33 hospitales priorizados, en todo el territorio nacional.

La aplicación del protocolo

Desde tempranas horas del 21 de abril se pudo constatar cómo la aplicación del protocolo ha afectado principalmente a mujeres haitianas que, como Isabella y Johanna, acuden a las maternidades en busca de servicios de salud prenatales, postparto e incluso durante el trabajo de parto.

En el autobús está también Alelie, una adolescente de 15 años, oriunda de Los Alcarrizos. Está en el quinto mes de embarazo. También acudió a la maternidad para realizarse un chequeo de rutina. Desde alrededor de las 5h de la madrugada del 21 de abril se encuentra detenida en el autobús de Migración, a pesar de haber presentado una copia de su acta de nacimiento.

La Dirección General de Migración informo que para el segundo día de aplicación del protocolo ya habían deportado 42 mujeres embarazadas y 39 mujeres recién paridas

“Desde que yo vine ellos me cogieron, dicen que va a esperar el jefe para subir la carta de nacimiento dizque para ver si está buena”, nos cuenta Alelie. No ha desayunado y no ha podido comunicarse con su madre hasta alrededor de las 7 de la mañana, cuando una persona que pasaba por la calle frente a la maternidad le prestó su teléfono para hacer una llamada.

Al ser preguntados sobre el tema los agentes de migración indican que no tienen permitido hablar con la prensa. El custodia del camión se limita a decir “si usted observa, usted ve que los camiones que están recogiendo a los extranjeros comunes y corrientes, son camiones diferentes, este es un autobús como para ellas, apto para ellas”, en referencia a las mujeres embarazadas.

La Dirección General de Migración informo que para el segundo día de aplicación del protocolo ya habían deportado 42 mujeres embarazadas y 39 mujeres recién paridas. Esto entra en contradicción con el artículo 134 del Reglamento de Ampliación de la Ley General de Migración que establece que “la detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”.

El presidente del Colegio Medico Dominicano, Waldo Ariel Suero se ha pronunciado en contra de estas medidas: “Usted cree que a una persona que se haya hecho una cesárea, que sea ilegal, que solamente esté suturada con hilo, que anatómicamente esos tejidos no están sellados, pueda subirse en una camiona, trasladarse a un país vecino con un recién nacido de un día... ¿Usted cree que eso es humano?”. En otras declaraciones, Suero indicó que lamentablemente el Colegio Medico no fue consultado por el gobierno dominicano para consultarles sobre el protocolo.

Organizaciones de la sociedad civil alertan sobre la grave crisis que esta ocasionando la puesta en marcha de este protocolo. Aunque está establecido en la ley, la mayoría de estas personas no cuentan con un recurso administrativo para poder apelar su deportación. Además, las organizaciones advierten sobre los efectos nocivos para la salud de las personas migrantes. Si las medidas migratorias disuaden a las haitianas de acudir a buscar servicios de salud, eso puede tener resultados fatales en mujeres embarazadas y personas con enfermedades que requieran atención constante.

El 24 de abril, el secretario general de la ONU Antonio Guterres, criticó el protocolo de verificación migratoria aplicado en los hospitales de República Dominicana. Un portavoz de Naciones Unidas recalcó que la iniciativa del Gobierno de Abinader “puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria (entre ellas mujeres a punto de dar a luz) y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros”.

Gobierno de Luis Abinader y la migración haitina

El primer y el segundo mandato del gobierno de Luis Abinader se han caracterizado por el endurecimiento de las políticas migratorias, afectando principalmente a migrantes haitianos. La presencia militar en la frontera ha ido el aumento. Asimismo, el Gobierno ha iniciado la construcción de un muro en la frontera entre Haití y la República dominicana.

En 2023 suspendió los servicios de visas y residencias a los migrantes haitianos, lo que ha provocado desregularización masiva de personas que aún continúan esperando la renovación de sus documentos.

Abinader anunció en 2024 la deportación de diez mil personas migrantes haitianas a la semana. Esta medida ha afectado a personas dominicanas negras y de otras nacionalidades, debido al perfilamiento racial como criterio para la detención por parte de la Dirección General de Migración. Esto ha llevado al gobierno de los Estados Unidos a lanzar una alerta a sus ciudadanos de piel oscura que visitan el país.

Al mismo tiempo que entró en vigencia el nuevo protocolo, los operativos migratorios se han intensificado, especialmente en zonas con alta concentración de migrantes haitianos. En abril pasado, el Ministerio de Interior y Policía, bajo la dirección de la ministra Faride Raful, coordinó junto a la Dirección General de Migración, así como con autoridades policiales y militares, un amplio operativo de desalojo en la comunidad de Mata Mosquitos. Este operativo, realizado sin previo aviso a los residentes, resultó en la destrucción de cientos de viviendas y la detención de aproximadamente 500 personas, quienes, según el ministerio, se encontraban en situación migratoria irregular. La institución ha reiterado que estos operativos continuarán, con el objetivo de reducir la presencia de asentamientos de migrantes haitianos.

Ante este ambiente de hostilidad y violencia por parte del gobierno dominicano, cientos de migrantes haitianos han optado por retornar voluntariamente a su país. En respuesta, el gobierno haitiano ha dispuesto autobuses para facilitar el regreso de sus ciudadanos y ha iniciado la instalación de hospitales en la frontera, con el fin de brindar atención inmediata a mujeres embarazadas o recién paridas que están siendo expulsadas.

Estas medidas, especialmente las deportaciones masivas han sido altamente criticadas por las Naciones Unidas y otros organismos de la comunidad internacional, debido a que van en contra de tratados internacionales de Derechos Humanos con vigencia en la República Dominicana.