Represión
Los jóvenes imputados durante la huelga de Tubacex denuncian que se trata de un montaje policial

La fiscalía solicita cuatro años y siete meses de prisión para tres jóvenes de la comarca de Aiaraldea por delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos durante la huelga de Tubacex. El Salto ha podido hablar con los tres y todos ellos advierten de que el caso se trata de “un montaje policial”. 

“Dicen que tiré cosas al autobús, y los vídeos no se ve nada”, apunta un joven. “Dicen que eché líquido inflamable en la barricada y ese día ni estaba ahí”, añade otro. “Me identificaron a primera hora de la mañana por obstaculizar el paso y los hechos que me imputan ocurrieron a partir del mediodía”, señala la tercera. La huelga de Tubacex duró 235 días y el 25 de marzo hubo altercados en el piquete de Amurrio. La Ertzaintza incluso mandó una tanqueta. Desde febrero eran habituales las cargas policiales contra los trabajadores concentrados en las entradas de las plantas de Llodio y Amurrio.

“Hay que recordar que la actuación de la Ertzaintza fue totalmente desproporcionada, golpeando y cargando varias veces, incluso disparando foam a la altura de la cabeza”, agrega el sindicato LAB. 

La central enmarca estas detenciones en “una estrategia de criminalización de toda la lucha obrera y solidaridad de clase”. Solicitan a la fiscalía y a los poderes públicos “el cese de las acusaciones e imputaciones de los tres jóvenes”.

Dos de ellos no fueron identificados ni detenidos el 25 de marzo. Agentes de la Ertzaintza se presentaron unas semanas después a sus domicilios y, al de un mes, recibieron la notificación del juzgado. La semana pasada les llegó la petición de la fiscalía.

La tercera joven remarca la incongruencia de ser identificada horas antes por un motivo —obstaculizar el paso— y ser acusada por otros dos horas después de su identificación.

La tensión que se vivió algunos días durante la huelga de Tubacex fue denunciada por todos los sindicatos, incluso por Comisiones Obreras de Euskadi, que no dudó en calificar como “desmedida” una carga policial.