Renta básica
Ingreso mínimo vital: del ruido burocrático al silencio administrativo

Era quince de junio, prólogo del verano y fin de una primavera muy dura. Hacía solo cinco días que se había aprobado el decreto ley para el Ingreso Mínimo Vital y miles de personas, tal vez decenas de miles, se preparaban frente a un ordenador (propio, de un familiar, de alguna ONG, en el locutorio) para hacer algo que llevaban semanas aguardando, cumplimentar el formulario para acceder a esa ayuda social de la que tanto se había debatido, esa última e histórica medida del gobierno que venía a completar un escudo social del que ya se habían beneficiado, en una u otra medida, trabajadores asalariados, empresas o autónomos.

Muchas de estas personas llevaban dos meses a la expectativa de que se materializada el ingreso mínimo vital, rastreando cada noticia, consultando a asociaciones y  servicios sociales sobre cómo sería esa medida, y sobre todo, si podrían acceder a ella. Madres y padres de familia, gente sola que había visto volatizarse sus recursos con la emergencia sanitaria, usaron masivamente el simulador, puesto en marcha unos días antes de que se abriera el pazo de solicitud, con la esperanza de tener derecho a los 462€ que, aún sin sacarles de la pobreza —pues 462 era también el umbral para percibir ayuda y en muchos casos el ingreso mínimo vital complementaría solo los ingresos hasta llegar a ese cifra— les permitiera salir de situaciones de extrema necesidad.  

No hizo falta que pasara mucho tiempo para que candidatos, asociaciones, sindicatos o periodistas, constataran un hecho. Al contrario de lo que se había anunciado en documentos explicativos y ruedas de prensa, el acceso al Ingreso Mínimo Vital contaba con una primera prueba difícil de sortear: un formulario online largo, confuso, complicado de completar, ya no por personas con pocas competencias tecnológicas, afectadas por la brecha digital, o con estudios básicos, sino por personas con un uso habitual de internet, formación, y familiarización con el manejo de los ordenadores. El formulario era complejo, la documentación solicitada a veces imposible de obtener, la enunciada intención de facilitar al máximo los procesos no se había materializado.

La burocracia telemática deja fuera del ingreso mínimo vital a miles de personas

Luis Miguel Barcenilla

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La burocracia telemática deja fuera del ingreso mínimo vital a miles de personas

Luis Miguel Barcenilla

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El simulador del ingreso mínimo vital recibió tres millones de pruebas en los primeros cuatro días desde su nacimiento. Se estima que acogerán a la ayuda unas 850.000 familias, o lo que es lo mismo, 2,3 millones de personas.

Tres meses después, tras un verano salpicado por noticias inquietantes sobre la tramitación de esta ayuda, muchas de esas personas que completaron los primeros días sus formularios, algunos exitosamente, y otras probablemente no, siguen sin saber si la ansiada ayuda llegará a sus cuentas corrientes algún día. Tras el goteo de cifras, que revelaban una muy lenta velocidad de resolución (solo se han tramitado 340.000 solicitudes hasta ahora) y el vértigo ante una inesperadamente alta tasa de denegación (apenas 86.000 han sido aceptadas), esta semana se alcanzó el escenario que muchas personas temían desde julio. Se cumplieron para muchos los tres meses desde la entrega de la documentación.

Ya en conversación con este mismo medio, a principios del mes de agosto, Joaquín García, presidente de la Asociación de Víctimas del Paro, una organización que lucha porque se habiliten subsidios y ayudas para que ninguna persona desempleada se quede sin ingresos, apuntaba al temor al silencio administrativo como uno de los principales preocupaciones de quienes, semanas después de haber presentado las solicitudes, no habían obtenido noticia alguna por parte de la administración.

Desde principios de septiembre, el ministro Jose Luis Escrivá ha lanzado mensajes tranquilizadores desde los medios, primero anunciando que al contrario de la disposición ininical que fijaba los tres meses entre el 15 de junio y 15 de septiembre como plazo en el cual la ayuda sería retroactiva desde el 1 de junio, se ampliaban las fechas hasta final de año, en segundo lugar anunciando el mismo lunes 14, durante una entrevista, retoques normativos para, en cierto modo, garantizar que las solicitudes no quedasen denegadas por silencio administrativo .

“Aunque Escrivá ha dicho que va a ampliar el plazo, a día de hoy lo que hay es que esas solicitudes están denegadas por silencio administrativo porque esa comunicación del ministro no está reflejada en el BOE”. Roberto Borda, integrante de RMItuderecho, muestra su escepticismo ante el último anuncio sobre una medida que ha tenido en los últimos meses a su entidad, entre otros colectivos y organizaciones del tercer sector, completando formularios y escuchando historias desesperadas, de personas que, ya sin ningún  tipo de recursos, inquirían información sobre los ritmos de tramitación, o los plazos previstos para los primeros pagos.

“Es una situación un poco extraña porque al final la gente, si te quedas en lo que dice la ley, tu solicitud está denegada y entonces tendrás que empezar a hacer los trámites oportunos para protestar frente al silencio administrativo”

Para Borda, las palabras del Ministro no suponen una mayor tranquilidad, pues “dice que tiene la intención de hacer algo que aún no ha hecho. Es una situación un poco extraña porque al final la gente, si te quedas en lo que dice la ley, tu solicitud está denegada y entonces tendrás que empezar a hacer los trámites oportunos para protestar frente al silencio administrativo”. Este activista lamenta que, a pesar de lo que diga el ministro, por ahora lo que hay es un real decreto que indica que a los tres meses sin respuesta, la solicitud queda denegada. “Se está creando un momento de inseguridad jurídica”, alerta en este sentido: “A lo mejor, como un ministro responsable, en lugar de anunciarlo en los medios lo tenía que haber anunciado en el BOE, que es donde se hacen las cosas porque lo otro no deja de ser mera publicidad”, advierte. 

Esther Rodríguez pertenece a la plataforma PedirAyudas.com, una iniciativa creada hace nueve años por dos trabajadoras sociales y un informático que tras constatar las dificultades de las personas para conocer y entender los diversos cauces para solicitar ayuda decidieron apostar por una herramienta a través de la cual explicar los distintos recursos y subsidios y cómo acceder a ellos. En Pedirayudas.com también intentan encontrar soluciones para la mala comunicación que se da a veces emtre administraciones.   

Estos meses han hecho un seguimiento de cerca del desarrollo del Ingreso Mínimo Vital. Rodríguez es más optimista ante las palabras del ministro: “desde varios canales oficiales han anunciado la ampliación de este plazo. Por lo que nos encontramos en un escenario positivo, y aunque no hay novedades en el BOE existe una ley para regular los procedimientos administrativos —artículo 22 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas— con la que por ejemplo, requiriendo documentación a otra administración o al demandante pueden ganar tiempo extra”.

Tiempo es lo que se ha intentado ganar, argumentaba esta misma plataforma, en ocasión de los envíos masivos, hace pocas semanas, de cartas que notificaban a quienes habían solicitado la ayuda que en principio quedarían excluidos por superar los mínimos patrimoniales o figurar como dueño o administrador de una sociedad mercantil. “En todo caso siempre queda la posibilidad de denegación errónea, que con un recurso de alzada se puede solucionar, como hemos podido confirmar gracias a las notificaciones y avisos de nuestros usuarios”, explica Rodríguez.

Emilio López de CGT-INSS en Barcelona considera que el anuncio de Escrivá del pasado lunes intenta de hecho aplacar los ánimos para que los solicitantes no colapsen los juzgados presentando recursos. “Lo raro hubiese sido que dijese ‘oigan, los que lo han presentado hace tres meses ya pueden ir al juzgado que se la hemos denegado’”.

exceso de celo

Para López, la ampliación de plazo a finales de año, es “reconocer que era imposible tramitar todas las solicitudes, porque desde el principio se había dicho que tenía efectos retroactivos, solo que tú la tienes que presentar dentro de un plazo, ¿porque lo amplías? porque reconoces que era imposible”, concluye. Que el proceso era y es difícil ha quedado de manifesto estos meses, por lo que se han introducido otras medidas que apuntan a la simplificación. 

Junto a la ampliación de los plazos, dejará de ser necesario estar inscrito o inscrita en el paro. Además, el ministro Iglesias durante esta semana apuntó a la posibilidad de que una declaración jurada por parte del solicitante facilitara la tramitación.

“Mira que se lo dijimos”, protesta Graciela Malgesini, responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusion Social (EAPN en sus siglas en inglés) , una organización que lleva años analizando los distintas rentas mínimas y que recibió con satisfacción la propuesta del gobierno pues engarzaba con un reclamo central para la entidad: La implementación de una renta mínima estatal que proporcionara un mínimo común, frente al desigual panorama en cuanto a cuantía, alcance y cobertura de las rentas autonómicas. También esperaban menos trabas burocráticas respecto a los subsidios de las comunidades.

“Llevamos años diciéndoles que esto tenía que ser digitalizado, con cruce de datos donde la persona no tenía más que poner su DNI y permitir el acceso a toda la información. Todo se hubiese podido comprobar a posteriori”

“Llevamos años diciéndoles que esto tenía que ser digitalizado, con cruce de datos donde la persona no tenía más que poner su DNI y permitir el acceso a toda la información. Todo se hubiese podido comprobar a posteriori, la persona se comprometía por escrito a que la información era verídica y en caso de no serlo debía afrontar consecuencias”. Malgesini opina que esto hubiese “desbloqueado todo este proceso” y lamenta que se haya puesto “la sospecha antes que nada”, pues un mecanismo como la declaración jurada “es muy común, y un procedimiento jurídico válido”. Considera que en gran medida “el celo excesivo” que ha marcado la medida responde a la tensión política, y es un esfuerzo para “protegerse ante un ataque feroz por parte de la oposición. “Queríamos ser más Papistas que el Papa que nadie nos dijera que había individuos aprovechándose del recurso”, y al final lo que hay, lamenta la técnica, “es mucha gente que se está quedando excluida”.  

“Hay 900.000 personas que lo han entregado. Lo de la declaración jurada está bien, pero la gente ya se ha matado, el verano para las personas en situación de pobreza ha sido un infierno, han tenido que buscar dónde hacer su trámite, buscar papeles cuando no había dónde conseguirlos”

Desde RMItuderecho, no reciben los anuncios con entusiasmo pues, consideran, llegan tarde, y el tiempo no es una cuestión secundaria para la población empobrecida que no tiene recursos. “Hay 900.000 personas que lo han entregado. Lo de la declaración jurada está bien, pero la gente ya se ha matado, el verano para las personas en situación de pobreza ha sido un infierno, han tenido que buscar dónde hacer su trámite, buscar papeles cuando no había dónde conseguirlos con la administración cerrada, y después de haber sometido a esto a la gente, preocupada por cumplir los plazos para que fuera retroactiva, que ahora salga Pablo Iglesias el 16 de septiembre diciendo ‘no os preocupéis que lo vamos a simplificar’, hombre pues haberlo dicho el 1 de junio porque ahora ya es un brindis al sol”. Lo mismo opina Borda respecto al fin del requisito de presentar la inscripción en el SEPE, considerando desafortunada la temporización de estas medidas. “Tú la lías y cuando ves la que has liado pues dices voy a decir cuatro anuncios como para que la gente vea que los tengo en cuenta”, sentencia.

El personal subcontratado para agilizar el IMV no puede validar las solicitudes

Gessamí Forner

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El personal subcontratado para agilizar el IMV no puede validar las solicitudes

Gessamí Forner

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El cuello de botella en la tramitación del ingreso mínimo vital: 500 subcontratados agilizan los expedientes, pero la validación depende del personal saturado de la Seguridad Social.

Para Borda no tiene sentido aumentar los plazos si no se refuerza el INSS, al tiempo que urge a abordar el contenido del Ingreso Mínimo Vital y las enmiendas presentadas frente a su tramitación como ley, cuestiones de concepto que en su opinión lo vuelven excluyente. “A lo mejor lo que hacen Escrivá e Iglesias es que dentro de nueve meses cuando hayan tramitado los 800.000 ingresos mínimos vitales, entonces dicen, ‘bueno pues ahora vamos a corregir los fallos de concepto’, pues no, eso no es serio”.

Más allá de anunciar nuevas medidas, lo que Borda considera urgente es que refuercen los equipos para tramitar la ayuda. “No tiene ningún sentudo que amplien los plazos sino contratan a más trabajadores”.

EQUIPO

Respecto al refuerzo del personal del INSS, —como vienen demandando sus trabajadores saturados por las múltiples prestaciones que han de gestionar a la que se ha sumado este nuevo subsidio— de momento no se ha avanzado mucho: “Ahora mismo estamos igual, porque siguen diciendo que iba a haber una contratación de mil interinos, pero no se ha ejecutado. Estamos en los mismos términos que estábamos antes”. ¿Bastan mil interinos? López apunta que esto solo alcanzaría a cubrir a los que se han jubilado. Una decisión que viene con dos problemas: no incluye refuerzos extra para tramitar el ingreso mínimo vital y encarar el atasco. Las personas se contratarán por programa de manera asociada a la gestión del ingreso mínimo vital, no como personal fijo, no garantizándose su permanencia ni por tanto la reposición de trabajadores jubilados.

Por otro lado, tampoco es seguro que se renueve el contrato con Tragsa, la empresa pública que desde julio se ocupa de parte de la tramitación de la ayuda mediante un convenio que se extinguiría a finales de septiembre. La gestión de esta empresa causó controversia primero por sus límites, pues sus trabajadores podían capturar la documentación y comprobar la corrección de las solicitudes pero no validar los expedientes. Después por algunas de las prácticas denunciadas desde la plantilla, como catalogar solicitudes como pendientes de documentación cuando toda la información estaba correctamente presentada. 

La falta de formación también ha jugado en contra de una tramitación más ágil, según relata López: en el INSS “les dijeron, aquí tienes unas instrucciones en la página web y por lo menos, a los nuestros, poco más. Por eso,  muchos que se habían apuntado para tramitar este subsidio se acabaron dando de baja. Porque era muy dificultoso y se sentían mal, no eran condiciones para trabajar”. Desde EAPN se hicieron algunos seminarios abiertos, “formando a las personas de las entidades para que puedan acompañar ese proceso”.

Problemas de fondo

Desde RMItuderecho recuerdan que más allá de agilizar los trámites es necesario repensar las condiciones, en particular aquellas que tienen que ver con las unidades de convivencia y que están complicando a muchas personas acceder a la ayuda por compartir piso con otros adultos. Otra cuestión clave para ellos es el de las madre monomarentales, algo —recuerda Borda—, en lo que ejecutivo hizo hincapié a la hora de otorgar las ayudas. La distancia entre lo anunciado y la realidad, es una muestra más, según Borda, de poca comprensión ante las necesidades de la población empobrecida.  Solo se considera familias monomarentales aquellas en las que no aparece otro progenitor en el libro de familia, esto impide a muchas mujeres acceder a esta ayuda, aunque no guarden relación con los padres de las criaturas ni estos aporten recursos económicos. 

Malgesini hace hincapié en la cuestión habitacional, la falta de empadronamiento se está traduciendo en un motivo de exclusión, al estar la ayuda fundada en el lugar de residencia: “Los ejemplos más claros son las persona que viven en asentamientos, infraviviendas y todo el entorno del sinhogarismo, toda esta gente no está empadronada”. Además, “si tú estás subalquilando una vivienda con otros y el contrato de alquiler lo tiene el otro a ti no te van a empadronar al menos que el otro te acepte, y si te acepta esa persona luego no puede solicitar el IMV”. Las organizaciones también impugnan que el mínimo de edad para pedir el ingreso mínimo vital sean los 23 años, o que se haya de demostrar una vida independiente para acceder, cuando muchas personas no tienen recursos, o no han vivido nunca solas, por haber dedicado su vida a los cuidados.

“Si tú vas a tener un ingreso mínimo de 462 euros siendo una persona sola y tienes que alquilar, no digo una vivienda si no ya una habitación, no te queda para comer”

Para EAPN el tema de la vivienda no es solo un impedimento para acceder a la ayuda, es también algo que se aborda sin concretar en el decreto ley, una falta de concreción que disminuye en gran medida el alcance del subsidio: “el de la vivienda es un tema que se deja  en condicional, algo así como que se complementaría con ayudas a la vivienda, pero no se dice nada en concreto. Si tú vas a tener un ingreso mínimo de 462 euros siendo una persona sola y tienes que alquilar, no digo una vivienda si no ya una habitación, no te queda para comer”.

Recuerda Malgesini, que en este sentido EAPN espera que se aclare qué se va a hacer y que administración  se va a ocupar, si las Comunidades van a poner los recursos que tenían para la renta mínima absorbida por el ingreso mínimo vital, si lo harían con recursos de vivienda social, o si es el estado el que se haría cargo de proponer a las comunidades un plan de vivienda.

emergencia social

El ministro ha hablado en varias ocasiones de una avalancha de solicitudes que estaría desbordando sus previsiones. Sin embargo recuerdan quienes han estado pendientes de todo el proceso, que se habló de 850.000 solicitudes y Escrivá mencionó que se habrían presentado 900.000. Y si bien la integrante de EAPN muestra cierta comprensión ante la dificultad de gestionar algo así en plena pandemia, Borda apunta “entonces son 50.000 las solicitudes que les han desbordado, pues se supone que para el resto él debía tener previsión para resolverlo, pero se ha visto que no tenían esa previsión y al final, entre anuncios, lo que hay es un montón de  familias que no saben si tienen una solicitud en vigor, si tienen una solicitud rechazada, o qué pasos tienen que dar”.

Solicitudes denegadas sin justificar, silencio administrativo, dificultad para entender los requisitos, imposibilidad de fijar citas, la memoria de estos tres primeros meses está muy reciente. Para que no se repite, frente a la brecha digital, los difíciles sistemas de autentificación, y la complejidad del lenguaje, Rodríguez y su plataforma plantean algunas soluciones: “la ampliación de personal especializado en las diferentes administraciones, para que todos los usuarios tengan las mismas oportunidades de solicitar estas ayudas, dispongan de medios o no. También es necesario que contemplen la reducción de requisitos y la simplificación. Respecto al procedimiento de solicitud Online, sería necesario que ampliarán los accesos por SMS ya que es un sistema seguro y mucho más sencillo que el registro por cl@ve o el certificado digital”.

LA GOTA QUE COLMA EL VASO

Esta semana es la semana internacional por la renta básica y desde la Marea Básica, donde está integrada RMITuderecho, se convocaban diversas concentraciones en todo el territorio. El próximo viernes 25 se presenta una iniciativa europea que intentará recoger un millón de firmas.

Renta básica universal: un debate que se abre camino hacia Europa

Sarah Babiker

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Renta básica universal: un debate que se abre camino hacia Europa

Sarah Babiker

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Activistas de diversos países alientan llevar la propuesta de una renta básica universal e incondicional a las instituciones europeas.

Malgesini considera difícil que se consiga un acuerdo sobre rentas mínimas a nivel europeo, mucho menos una renta básica. En cuanto a su organización, hay pluralidad de miradas: “somos unas seis mil entidades, hay para todo, hay gente que es muy partidaria de la renta básica universal pero en general la postura que se ha tomado hasta ahora es de defender una renta mínima estatal que establezca unos mínimos que permitan una vida digna y que abarque a las personas en situación de pobreza y exclusión”. 

Borda, que estuvo en las movilizaciones por la Renta Básica de Emergencia en Madrid entiende que la gente ha llegado a un cansancio y desesperación que hace difícil cualquier movilización. En el caso de su Comunidad Autónoma se suma la decisión de confinar a los barrios obreros: “Es la misma falta de conocimiento y empatía con la gente empobrecida lo que muestran unos y lo que muestran otros. Esas declaraciones de Ayuso que la culpa de la pandemia es porque los inmigrantes tiene esta manía de vivir hacinados... la gente cada día está más harta, y es verdad que en algún momento estallará y que no se sabe cuál será la gota que colme el vaso, pero es evidente que hay un continuo atropello hacia quienes viven en condiciones de pobreza, algo que no se puede elegir”.