Renta básica
Un cambio de paradigma para el tercer sector: la libertad y la justicia social son incondicionales

Las personas que firmamos este artículo, activistas por la Renta Básica, trabajamos en lo que se conoce como el “tercer sector” así llamado básicamente porque no es ni la administración pública ni la empresa privada.

Hablamos de aquel conjunto de entidades privadas, formalmente organizadas y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales individuales y colectivos y lograr la cohesión y la inclusión social. En esta definición podemos encontrar a Cooperativas, Fundaciones, ONGD, Centros de Protección de Menores, Centros Especiales de Empleo o entidades como Cruz Roja o Cáritas, por citar algunas de las grandes.

La importancia de este sector es vital para mucha gente que vive en la pobreza y la exclusión social. No sólo es un sector que ocupa a más de dos millones de personas entre trabajadores y asalariadas y que trabaja con más de siete millones de personas, sino que el trabajo que realiza es fundamental para que el Estado de Bienestar vele por quien más lo necesita.

Estas últimas semanas con la pandemia del covid-19, la propuesta de la renta básica es cada vez más conocida y difundida por ser una solución efectiva y a corto plazo a algunos de los problemas que tienen nuestras sociedades: dar cobertura económica a toda aquella gente que vive en la pobreza y garantizar una protección social, acabando con la incertidumbre económica que azotará a nuestra sociedad, pero detectamos que en este ámbito del tercer sector hay ciertas reticencias y dudas de algunos profesionales a una renta básica  incondicional. Es por ello que queremos poder contribuir y hacer una aportación en defensa de esta medida desde la trinchera del trabajo con estos grupos de población.

Detectamos que en el tercer sector hay reticencias y dudas de algunos profesionales a una renta básica  incondicional. Es por ello que queremos defender esta medida desde la trinchera del trabajo con grupos de población en riesgo de exclusión.

Conocemos una parte muy minúscula de una realidad mucho más amplia, compleja y diversa del llamado tercer sector. Concretamente trabajamos con mujeres en situación de pobreza y de exclusión social, personas diagnosticadas de salud mental que quieren acceder a un empleo en Catalunya y con menores tutelados en Galiza.  Son colectivos de población que forman parte de lo que se conoce en la jerga del sector como “grupos vulnerables” o “población en riesgo de exclusión social.”

Las mujeres como bien es sabido son la mayoría social, 51% de la población, y aún así partimos  de situaciones de desigualdad social, económica, política, cultural... evidente. No sólo la ya conocida brecha salarial con una diferencia salarial de media del 16% y en el caso de las pensionistas de un 35% menos con respecto a los hombres, sino también de dificultades en el acceso al mercado laboral, falta de reconocimiento de los trabajos de cuidado y gran precariedad —y parcialidad— de los trabajos altamente feminizados.

Esta crisis ha evidenciado la centralidad de los trabajos de cuidados, los llamados “trabajos esenciales” que son los que tienen un índice de feminización mayor, más contratos de jornada parcial y salarios más bajos.

La realidad de las mujeres en situación de pobreza en esta crisis es diversa: una parte son las trabajadoras pobres, con trabajos precarios para sostener la supervivencia. Por otra, las mujeres con trabajos “informales” sin seguro, sin garantías, que han perdido el trabajo por no poder salir de casa o que han sido detenidas por no poder demostrarlo o bien son internas conviviendo y cuidando personas mayores o con discapacidades, infectadas en muchos casos, a las que en ocasiones ni tan solo se les ha entregado mascarilla y guantes para protegerse. Y no podemos olvidar a las mujeres que ni tan sólo tienen un empleo en el mercado formal, dependientes de ayudas sociales mínimas y con personas a su cargo, que con esta pandemia aún han empeorado su situación.

Trabajamos en la inserción laboral de personas diagnosticadas de trastornos mentales que presentan una tasa de paro de más del 48% según algunos informes. Algunas personas con el certificado de discapacidad acceden con suerte a Centros especiales de empleo que suponen un ámbito separado del mercado laboral común, lo que genera a la larga mayor marginación y no logra la integración pues se convierten en el destino definitivo del trabajador con discapacidad al no ser un instrumento de accesibilidad del empleo protegido al ordinario, pues las tasas de transición nunca superan el 5%. Otras sobreviven como pueden con prestaciones no contributivas, con niveles muy por debajo del umbral de la pobreza.

Otra realidad dura con la que lidiamos es con el desempleo de los menores de 25 años, que en el Reino de España a principios del 2020 era uno de los más altos de Europa con índice superior al 30%.

Cuando nacemos y nos criamos en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de que nos instalemos en la pobreza y nos sea mucho más difícil salir de ella

La pobreza se transmite de manera intergeneracional. Cuando nacemos y nos criamos en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de que nos instalemos en la pobreza y nos sea mucho más difícil salir de ella. Según la OCDE, un niño o niña que nazca hoy en una familia pobre en el Reino de España va a necesitar cuatro generaciones, el equivalente a 120 años, para alcanzar el nivel de renta medio de la sociedad en la que vive. Sin duda, nos debe avergonzar como sociedad que más de dos millones de niños y niñas en el Reino de España vivan en hogares pobres. En el informe FOESSA 2019 podemos ver cómo los que se criaron entre dificultades duplican a los que no crecieron entre penurias. La marca hereditaria de la exclusión continúa limitando las capacidades de la gente menos afortunada. 

La Renta Básica, una herramienta imprescindible para el tercer sector

Desde la perspectiva basada en los derechos humanos y desde un planteamiento político republicano hemos ido avanzando en la comprensión que una protección social como la renta básica incondicional permitiría realizar planes de futuro a muchas personas con un grado de seguridad económica y psicológica de la que ahora carecen. Pero si hablamos de las personas con las que trabajamos a diario, como profesionales del sector social, entonces la propuesta de la Renta Básica emerge con fuerza y cobra mucho sentido, pues podría significar acabar pronto con la situación de pobreza y exclusión social de muchas de estas personas. Son vidas que en muchas ocasiones están bloqueadas, al no poder tomar buenas decisiones, ya que como bien nos explican Mullainathan y Shafir en su recomendable libro Escasez (Fondo de Cultura Económica, 2016) su ancho de banda mental está limitado, al no tener una seguridad psicológica ni una existencia material asegurada, produciéndose en muchas ocasiones malas decisiones y elecciones por no poder razonar bien en situaciones de escasez y tener que funcionar con una “visión de túnel” para su supervivencia.

Tenemos mucho que avanzar en el día a día en este ámbito profesional, pues asistimos con estupefacción a algunos prejuicios y reservas, cuando no a claras objeciones, de compañeros y compañeras respecto a la RB incondicional.  Por poner algún ejemplo recurrente, nos encontramos con comentarios de esta guisa: “Habría que condicionar la renta a algún tipo de compromiso” o tal vez más técnicamente: “Es bueno que la gente suscriba un pacto o un plan de inserción si recibe alguna ayuda”, y no deja de ser chocante que no se hable de los invisibles “trabajos de cuidado” como retorno social. Sorprenden estos planteamientos que no escuchamos cuando hablamos de la sanidad o de la educación pública.

Para los derechos de acceso universal no hay ningún tipo de contraprestación. En cambio, para aquellas personas en situación de pobreza y vulnerabilidad sí se les exige un control muy estricto que vulnera la propia dignidad de la persona

Para los derechos de acceso universal no hay ningún tipo de contraprestación. En cambio, para aquellas personas en situación de pobreza y vulnerabilidad sí se les exige un control muy estricto que vulnera la propia dignidad de la persona. Nos resulta chocante que, incluso dentro de nuestras profesiones, ese discurso asistencialista, fiscalizador y paternalista perdure y tenga una gran presencia cuestionando o negando la autonomía de estas personas, por el sólo hecho de estar en situación de pobreza. 

Creemos además que una parte de nuestra dedicación profesional también sería más efectiva si las personas a las que atendemos tuviesen su existencia material garantizada y no tener que dedicar tantos esfuerzos y energías a la burocracia y al laberinto de ayudas condicionadas e incompatibles con otros ingresos.

Aún así, cada vez son más las trabajadoras y trabajadores de lo social que se posicionan a favor de una Renta Básica Universal, como es el caso reciente de los Colegios de Trabajo Social de Asturias y el de Educadores y Educadoras Sociales de Galicia, pues sin duda necesitamos pensar esta medida como un cambio de paradigma en el tercer sector.  ¡Lo vamos a necesitar!