Carteles (y sindicalismo) contra el racismo institucional

“El racismo institucional condena a la explotación, exclusión, invisibilidad, criminalización” es el rotundo mensaje que ha lanzado el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid mediante una campaña de cartelería que ha colocado más de 2.000 pósters de gran tamaño en paredes de toda la ciudad.

Esta acción supone la tarjeta de presentación del sindicato, que denuncia las condiciones de vida a las que se ven abocadas las personas migrantes en situación irregular en España. “Como manteros y lateros –explican en un comunicado sobre la campaña– , personas que hemos tenido que dejar nuestros países por diferentes motivos, queremos denunciar el racismo que nos violenta a diario”.

La campaña apunta directamente a la responsabilidad de las instituciones, ya que consideran que “el racismo institucional se manifiesta de varias formas: en las fronteras y sus sistemas de control donde miles de personas están muriendo; en los CIE, cárceles para extranjeros que no han cometido ningún delito; y en las leyes racistas que nos violentan”.

El sindicato afirma que “España sigue siendo racista en el siglo XXI” , ya que es una sociedad que “no ha hecho una reflexión sobre su pasado colonizador de muerte y explotación”.

Las críticas de los manteros se concretan en la vigente Ley de Extranjería, que “hace muy difícil que podamos legalizar nuestra estadía y así poder tener otro tipo trabajo”.

“La Ley de Extranjería es racismo institucional, la gente no tiene derecho a trabajar y encima si vende en la calle la meten en la cárcel”, denunciaba Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, en El Salto en agosto. “Es un agujero sin salida, y esta es una ley racista que dice que la gente no tiene derecho a integrarse. Pides todo el tiempo la integración de la emigración y luego pones una ley que no lo permite, porque alguien que no tiene papeles no tiene derecho a trabajar, ni a estudiar, ni a nada. ¿Cómo quieres que se integre?”.

La Ley de Extranjería dicta que para solicitar la regularización por arraigo social es necesario, entre otras condiciones, haber permanecido un mínimo de tres años en España. Para Tania García, jurista de la Asociación Sin Papeles de Madrid, “lo peor para los compañeros es la dificultad de ganarse la vida en esos tres años: o manta, o explotación laboral severa o ser víctima de trata de seres humanos en la economía informal; no hay otra alternativa”. 

Según expone García, “durante esos tres años estás en un limbo en el que tu supervivencia es bastante complicada, y no solo la tuya, también la de la gente que dejas en tu tierra esperando a que tú produzcas para enviar dinero”.

También denuncian las agresiones y persecuciones por parte de la policía. “No somos ningún tipo de mafia, solo somos personas que intentamos sobrevivir en España. No somos invisibles, aunque mucha gente en la calle haga como si no nos viera”, lamentan en el comunicado.

Otro de los campos de batalla que afrontan son las ordenanzas municipales, como las de Barcelona o Madrid, que sancionan la venta ambulante sin licencia, implican además multas pecuniarias, lo que complica la situación. “Si tienen multas impagadas se dificulta la regularización porque supone tener deudas con la Administración pública”, señala la jurista. Por ello, desde la ASPM abogan por reformar dichas ordenanzas y cambiar las multas económicas por trabajos en beneficio de la comunidad.

“Todos los manteros en cada sitio de España luchan contra lo mismo: el acoso, la persecución policial y la penalización de la manta”, explicaba Gueye hace unos meses. “En una ciudad somos pocos. En Madrid 500, en Barcelona unos 600… pero si nos unimos para una lucha conjunta en todo el Estado nos pueden oír”.