Racismo
La queja de una investigadora colombiana acaba con el racismo institucional de unos premios de Igualdad

Los Premios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer para el año 2025 han permitido por primera vez desde su creación en 2014 la concurrencia de personas físicas de nacionalidad extranjera que hayan presentado su tesis en alguna universidad española. Hasta esta convocatoria, las bases excluían a quienes no fuesen españolas o europeas, discriminando así a muchas investigadoras doctorales.

Este premio, creado en 2014, reconoce trabajos de investigación que dentro del ámbito universitario sean merecedores de un especial reconocimiento por su significación para conocer la dimensión, las consecuencias y las características de la violencia de género así como los medios para evitarla. En la convocatoria de 2025, los premios se concederán a las dos mejores tesis presentadas, correspondiendo al primer premio una cuantía de 5.000 euros y al segundo premio una cuantía de 3.000,00 euros.

Esa modificación, recogida en la convocatoria publicada en febrero de 2025, ha sido consecuencia de una denuncia presentada ante el defensor del pueblo por la investigadora colombiana Dayana Méndez Aristizábal, doctora por la Universidad Carlos III de Madrid y autora de una tesis sobre violencia obstétrica desde un enfoque interseccional y  de derechos humanos.

Dayana Méndez Aristizábal presentó una queja al Defensor del Pueblo en la que argumenta la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que fue aprobada en junio de 2022 recoge el derecho de toda persona a la igualdad con independencia de su nacionalidad, una cláusula que debe aplicar a las bases de la convocatoria a las mejores tesis de violencia de género

Como explica ella misma a El Salto, cuando intentó presentarse a los premios en 2023, descubrió que solo podían participar investigadoras españolas o europeas. “Pese a que cumplía todos los requisitos académicos, cuando hablé con el Ministerio confirmaron que me excluían, diciendo que la norma no era discriminatoria”, explica la investigadora a este medio. 

Por eso, Méndez Aristizábal presentó una queja al Defensor del Pueblo. En su queja, argumenta que, en aplicación de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que fue aprobada en junio de 2022 especifica que “se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de su nacionalidad”, una cláusula que debe aplicar a las bases de la convocatoria. 

En la queja, solicita que se proceda a esta modificación y que se valore la incorporación de una disposición que permita concurrir a la siguiente convocatoria a quienes no pudieron hacerlo en la de 2023. En diciembre de 2024, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comunicó al Defensor del Pueblo la aprobación de la orden que consignaba el cambio, de modo que las siguientes bases se publicaron con la nuevas condiciones.

Mientras tanto, la investigadora también presentaba un escrito a la universidad en la que estaba matriculada, la Carrlos III, para advertir sobre la discrimionación de estas cláusulas. La universidad, según explica, le responde que no tiene ninguna capacidad de actuación sobre las bases y llega a afirmar en su respuesta por escrito: “Entiendo que al tocarte personalmente se te haya ocurrido ponerlo en evidencia, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que hay muchos otros entornos en los que la discriminación es mucho más evidente y mucho más dañina”. Otras autoridades fueron advertidas, sin dar apoyo expreso a la estudiante.

“Creo que esta decisión es un acto de justicia para las investigadoras migrantes que contribuimos al conocimiento científico en España, y al mismo tiempo una evidencia del racismo institucional presente incluso en espacios dedicados a salvaguardar la igualdad y no a perpetuar la discriminación”

“Creo que esta decisión es un acto de justicia para las investigadoras migrantes que contribuimos al conocimiento científico en España, y al mismo tiempo una evidencia del racismo institucional presente incluso en espacios dedicados a salvaguardar la igualdad y no a perpetuar la discriminación”, explica la investigadora a El Salto. “Es necesario dar visibilidad al trabajo de las mujeres académicas que habitamos en España y que construimos conocimiento”.

Según los datos publicados en la web del Ministerio de Igualdad, a la convocatoria se han presentado un total de 31 trabajos. El Ministerio de Igualdad no ha respondido a este medio a su pregunta sobre el número de trabajos concurrentes de personas extranjeras.

Según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en Doctorado se matricularon 94.680 alumnos y alumnas en el curso 2023-2024, de los cuales el 93,5% lo hizo en universidades públicas. Un 29% de los matriculados en Doctorado son de nacionalidad extranjera y, de este porcentaje, más de la mitad procede de países de América Latina y Caribe.