Pueblos recuperados
La demolición de Fraguas, tasada en 40.000 euros
El colectivo de repobladores de Fraguas anuncia la impugnación del presupuesto, elaborado por Tragsa, y señalan que son 40.000 euros que serían sufragados con dinero público, ya que ellos no están dispuestos a pagar la destrucción del pueblo, a pesar de la condena.
43.303,94 euros. Es el presupuesto elaborado por la empresa Tragsa, a petición del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara, para la demolición del pueblo recuperado de Fraguas. Un importe que sería pagado, según la sentencia del mismo juzgado, por los seis jóvenes condenados por repoblar esta población. “Es utilizar 40.000 euros de dinero público, ya que las encausadas e integrantes del proyecto hemos manifestado que no vamos a pagar la demolición para borrar definitivamente del mapa un pueblo que data al menos de 1749”, destacan desde el colectivo de Fraguas.
La nueva tasación, a la que ha tenido acceso El Salto, supone un importe que casi dobla la anterior tasación —que estaba valorada en 26.000 euros— e incluye todas las edificaciones reconstruidas “desde la rasante mediante empuje con retroexcavadora”. Esto implica “demoler las ruinas del pueblo de Fraguas que existían previamente a nuestra intervención”, señalan los repobladores de esta localidad.
Por el momento, las seis personas condenadas han impugnado el nuevo presupuesto. “Esperamos que el juzgado acepte la impugnación y se haga un nuevo presupuesto”, señala Lalo Aracil, uno de los jóvenes que acudieron a repoblar Fraguas, quien recuerda que también pidieron una moratoria de la demolición del pueblo y que el juzgado ha trasladado el expediente a las partes. “Por ahora se lo están mirando y la demolición aun sigue en manos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.
El presupuesto para la demolición de Fraguas supone también el uso de medios mecánicos no selectivos, entrando con maquinaria pesada en una zona protegida como parque natural, “con el daño ambiental que eso generaría”, destacan desde el colectivo de Fraguas, que exige la elaboración de un informe sobre el impacto ambiental y daños sobre el patrimonio que pueda causar la demolición.
También señalan que hay edificaciones tasadas que se incluyen en el presupuesto de demolición posteriores al periodo por el que se les condena. “Es decir, no aparecen detalladas en la sentencia, por lo que su demolición, en caso de producirse, sería ilegal y extrajudicial”, destacan.
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