Pueblos originarios
Una gran movilización indígena exige a Lula la demarcación de 700 territorios originarios

Después de cinco años de retroceso y políticas anti-indigenistas por parte de los expresidentes de extrema derecha Michel Temer y Jair Bolsonaro, el pasado 28 de abril el presidente Lula da Silva  firmaba la homologación de seis tierras indígenas en el marco de la movilización indígena más grande del país, el Campamento Tierra Libre (ATL), organizado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Nada menos que 305 pueblos llegados a Brasilia desde todos los rincones del territorio que, a pesar de la alegría por el contraste político y social con la vuelta de Lula, han exigido que sean demarcados por lo menos otros 700 territorios ancestralmente ocupados por comunidades originarias que hoy viven en medio de la violencia ejercida por la minería ilegal, la deforestación y la especulación.

“Estamos rodeados de fazendeiros racistas que han comprado tierras alrededor de nuestra aldea, que siembran agrotóxicos, contaminan nuestra agua”, denuncia la cacica Arian, del territorio Curumuxativá del pueblo indígena Pataxò de Bahía

“Hemos venido aquí a exigir la demarcación de nuestras tierras, la policía ya ha matado varios jóvenes que luchan por nuestro pueblo pataxò en total impunidad”, asegura la cacica Arian, del territorio Curumuxativá del pueblo indígena Pataxò de Bahía, uno de los que aún no ha logrado la demarcación. “Estamos rodeados de fazendeiros racistas que han comprado tierras alrededor de nuestra aldea, que siembran agrotóxicos, contaminan nuestra agua”, denuncia la lideresa. Aprovechando el largo viaje a la capital, su comitiva Pataxò se reunió con distintos órganos del Gobierno que han prometido avanzar en los trámites de la demarcación, un proceso que como el mismo presidente aseguró en el ATL “es largo y complejo”.

Lucha por reconocimiento o extinción

De las seis nuevas tierras indígenas homologadas por el Gobierno este viernes, la mayoría carga en la espalda décadas de lucha, burocracia, visitas de técnicos y antropólogos del Gobierno a su territorio y reiterados y costosos viajes a Brasilia para lograr este reconocimiento. La Tierra Indígena Kariri-Koxó, por ejemplo, en el Estado nordestino de Alagoas, inició su proceso de lucha en 1940 y solo 700 hectáreas de sus iniciales 7.000 han sido oficialmente reconocidas. Otro de los territorios finalmente reconocidos es el de un pueblo que cuenta actualmente con solo dos familias vivas, los Avá-Canoeiro de Goiás. Marcada por una historia de masacres y suicidio, esta tribu con escaso contacto con la sociedad brasilera, esperaba desde 1996 el reconocimiento de su tierra, pero el Estado ha esperado a que su población esté en un grave peligro de extinción para concedérselo.

La ministra de Pueblo Originario, Sonia Guajajara, explicó que se está trabajando en la creación de una Comisión de la Verdad Indígena para asegurar reparación y garantías de no repetición por los 500 años de invasión

En el encuentro entre el presidente y varios de sus ministros, que llevan tan solo cuatro meses de rodaje desde la salida de Bolsonaro del Palacio de Planalto, con la plenaria indígena, la responsable del nuevo Ministerio de los Pueblos Originarios, Sonia Guajajara, ha explicado que si bien el 13% del territorio brasilero es tierra indígena, es necesario tener en cuenta que el 93% de esas áreas demarcadas se encuentra en la Amazonia y que aun así estos territorios necesitan control y fiscalización permanente frente el avance de los garimpeiros o mineros ilegales. Es decir que de la defensa de las tierras indígenas brasileras depende actualmente un área imprescindible como la Amazonía y por lo tanto la fragilidad de la situación de emergencia climática mundial. Diferentes líderes denunciaron el “racismo ambiental que existe en la crisis climática, que afecta a los más vulnerables”. Guajajara también explicó que se está trabajando en la creación de una Comisión de la Verdad Indígena para asegurar reparación y garantías de no repetición por los 500 años de invasión.

Lula promete lo que no hizo en sus mandatos

“Si alguien alega que 13% de las tierras es mucho, hay que dar la discusión de que antes de la colonización portuguesa fue el 100%”, aseguró Lula poniéndose a la audiencia indígena en el bolsillo. Sin embargo, esa no fue la postura que sostuvo durante sus dos mandatos como presidente entre 2002 y 2010, cuando tuvo la oportunidad de demarcar más tierras. Según el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), en sus ocho años al frente del estado brasilero, Lula demarcó 81 tierras indígenas con un total de 14 millones de hectáreas mientras que sus gobiernos predecesores homologaron más de 30 millones de hectáreas cada uno. De hecho, en la continuidad del mandato del Partido de los Trabajadores en manos de Dilma Rousseff, entre 2010 y 2014, el movimiento indígena protestó reiteradas veces en la explanada de los tres poderes de Brasilia contra lo que llamaron una “Dilmasacre”.

Hoy por hoy, Brasil tiene aproximadamente 680 tierras indígenas documentadas y regularizadas que lentamente van pasando todas las fases de identificación, análisis y delimitación física hasta poder ser demarcadas oficialmente. Mientras tanto, sufren las violencias del sistema agroextractivista instalado en Brasil desde hace décadas que depreda hectáreas e hectáreas de tierra para el monocultivo de soja y otros productos. “¿Hasta cuándo se necesita derramar sangre indígena para que prevalezca un acto justo y simple, el de demarcar? ¿Hasta cuándo sobrevivirán ellos y ellas, jóvenes y viejos, bajo chozas de lona negra, en las orillas de la carretera, o en minúsculos resguardos, sin tierra, sin agua, sin comida, sin atención?”, se pregunta Roberto Liebgott, filósofo del CIMI.

Según el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), en sus ocho años al frente del estado brasilero, Lula demarcó 81 tierras indígenas con un total de 14 millones de hectáreas mientras que sus gobiernos predecesores homologaron más de 30 millones de hectáreas cada uno

La gravedad de la situación hace que la demarcación oficial no garantice tampoco el fin de las violencias tal y como ha demostrado el caso de la masacre ocurrida en la Tierra Indígena Yanomami, donde según el ministerio de los pueblos indígenas solo durante el año 2022 murieron 99 infantes yanomamis contaminados por el mercurio que la minería ilegal usa para separar el oro de los sedimentos. Por lo menos 570 niños yanomamis habrían muerto en la última década como consecuencia de la minería, la malaria o la desnutrición.

“Quiero que no quede ninguna tierra por demarcar al acabar mi mandato, que los indígenas brasileros sean tratados con respeto y con toda la dignidad que merecen, necesitamos tener la conciencia de que los indígenas no deben ningún favor a nadie”, aseguró el presidente Lula seguido de una ovación del público repleto de colores, plumas y maracas. Se trata de promesas que entusiasman, pero que serán difíciles de cumplir. Sin embargo, con poco que logre cumplir ya creará un gran contraste después de las políticas anti-indigenistas de Bolsonaro como la flexibilización para la concesión de licencias ambientales, la liberación para explotar bienes naturales o la regularización del acaparamiento de tierras por parte del agronegocio de la élite brasilera.

Indígenas en el gobierno por primera vez

“Necesitamos demarcar las tierras indígenas de los parientes que aún no las tienen, pero también debemos defender esos territorios para que no entren garimpeiros ni deforestadores”, expresó el líder histórico Raoní Metuktire del pueblo Kayapó en la plenaria del ATL. “Lula tiene que disponer recursos financieros para atender a los pueblos indígenas, la FUNAI necesita recursos, y es la hora de que los propios pueblos indígenas estén en esos espacios decisorios”, añadió el sabio anciano de 93 años, desafiante. Efectivamente, además de Sonia Guajajara, que lidera su propio ministerio, Lula concedió la presidencia de la Fundación Nacional del Indio —ahora Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas— a la que fue la primera abogada indígena del país, Joenia Wapixana, quien también se convierte en la primera persona indígena en ocupar este cargo.

Por lo menos 570 niños yanomamis habrían muerto en la última década como consecuencia de la minería, la malaria o la desnutrición

“Mis pensamientos son positivos para la población indígena, una población que ahora tiene que seguir aumentando”, aseguró Raoní. Precisamente, Wapixana tuvo que corregir a Lula cuando este erró en el número de población indígena del país, que según la lideresa es de 1,6 millones de personas, el doble que hace diez años, en un país de 214 millones de habitantes. “Gracias a dios la población indígena ya ha empezado a crecer, se dobló entonces, y eso significa que serán necesarias más tierras”, improvisó el mandatario del Partido de los Trabajadores. Esta necesidad real de tierras, más allá de la voluntad política, está en juego en el juicio histórico que se retomará el próximo 7 de junio sobre la tesis del marco temporal que plantea que no puedan ser demarcadas tierras que no estuvieran posesionadas por población indígena ya en la aprobación de la constitución brasilera de 1988. La APIB ya ha convocado nuevas jornadas de movilizaciones en la capital para esa fecha, de modo que el movimiento indígena brasilero seguirá protagonizando la agenda reivindicativa del país hasta lograr garantías para habitar sus territorios.