Profesorado ELE: las kellys de la enseñanza

En diciembre de 2006, unos meses antes de ser nombrado ministro de Cultura por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina, entonces director del Instituto Cervantes, aseguraba en un artículo de opinión publicado en ABC que “el turismo idiomático es la industria más limpia, no contaminante y próspera de los próximos años”.

Resulta difícil encontrar una declaración más concisa acerca de una determinada visión, concretada tanto en discurso como en prácticas desde las instituciones culturales, que entiende los idiomas, en este caso el español, como una parte más del mercado —una oportunidad, un sueño—, sujeta a explotación para la extracción de beneficios. “Turismo”, “idiomático” e “industria” son tres términos que provocan arqueo de cejas inmediato al leerlos juntos en una misma frase firmada por un responsable encargado de una institución cultural pública.

Once años después, el presidente del Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, presentó en enero de 2018 el proyecto ‘El español, lengua global’, una estrategia para impulsar el valor y el empleo del español con objeto de convertirlo en una herramienta de creación de oportunidades dentro de la comunidad hispanohablante. Esta iniciativa está auspiciada por ese aparato propagandístico llamado Marca España y entre sus medidas incluye la elaboración de un Plan Empresarios por el Español, similar al Plan ADO Olímpico, en el que se integrarán como patrocinadores empresas y multinacionales españolas e iberoamericanas.

Lo que señalaba Molina en su artículo —y sancionaba Rajoy transcurrida más de una década— es un proceso de mercantilización que coincide con lo que se puede llamar comercialización del lenguaje —la concepción de las lenguas como recursos capaces de producir beneficios económicos—, un campo que está desbrozando Alberto Bruzos, director del programa de español en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Según sus tesis, la comercialización del español se manifiesta en la utilización de esta lengua como un recurso económico, cultural y turístico de primera magnitud por parte de las instituciones públicas, y se aplica de manera reveladora en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), que en 2017 superó los 21 millones de alumnos en todo el mundo, de acuerdo al informe El español: una lengua viva, elaborado por el Instituto Cervantes.

Para Bruzos, el ELE se encuentra marcado desde su inicio por el modelo del turismo, la primera industria del país, como documentan textos oficiales y relatos mediáticos. Resumiendo sus conclusiones: la imagen de la enseñanza del español que se ha promovido por los discursos institucionales y mediáticos es la de un sector económico más vinculado a la industria turística que al mundo académico y cuyos trabajadores tendrían más en común con camareros y empleados de hostelería que con profesores e investigadores universitarios.

“Hay dos discursos sobre el español —explica Bruzos a El Salto en conversación telefónica—, uno que lo ve como un activo económico a explotar, y otro que tiene más que ver con el colonialismo y el nacionalismo. Ambos funcionan de manera conjunta. Esto se ve en instituciones como el Instituto Cervantes o empresas como la Fundación Telefónica. Aparece en los sitios más inesperados y siempre respondiendo a objetivos e intereses estratégicos de estas instituciones y empresas”. Apunta asimismo que el modelo no es exclusivo del español y que también sucede con la lengua inglesa.

Bruzos aporta nombres propios, protagonistas de la coincidencia de intereses entre lo público y lo privado que rodea a este proceso de mercantilización del lenguaje: “Es muy curioso que las compañías que vemos promocionando proyectos sobre el español como recurso económico o fundaciones para potenciar el valor económico del español son algunas de las compañías que están comprando empresas que eran públicas en América Latina y que se están privatizando. Hablo de Telefónica, Iberdrola o Repsol. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que estas compañías promocionen estudios sobre el español como valor económico”.

Bruzos fecha el comienzo de ese discurso economicista en torno a la lengua española en la creación del Instituto Cervantes en 1991. Dirigido en la actualidad por Juan Manuel Bonet, está presente en 87 centros distribuidos en 44 países y en su Consejo de Administración se sientan representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, y de Hacienda y Función Pública.

En su conversión en la gran multinacional de enseñanza del español, el Cervantes ha recibido denuncias por sus condiciones laborales. “El Instituto hace uso de contratos mercantiles para esconder una relación laboral con sus profesores colaboradores”, aseguraba a Diagonal en 2009 María Antonia López, entonces secretaria para el personal del Cervantes de CC OO-Exterior.

Ese mismo año, el Instituto también firmó un polémico acuerdo, relacionado con su Aula Virtual de Español (AVE), donde se imparten cursos a través de internet. El convenio permitía que el AVE apareciera en la intranet de la cadena de cafeterías Starbucks, de modo que sus miles de trabajadores en Estados Unidos pudieran aprender español mediante esa plataforma.

Bruzos considera que el Cervantes “ha jugado un papel central en la configuración del sector de ELE como turismo idiomático” y recuerda que su intervención no se limita al ámbito discursivo.

Así, la institución ha rubricado convenios con los principales agentes del turismo idiomático en España, como la Universidad de Salamanca, la Federación de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (FEDELE) y la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica.

También mantiene alianzas con empresas españolas comprometidas con la promoción del valor económico del español como Telefónica, el Banco Santander, Iberdrola, Endesa, PRISA, Repsol e Iberia; organiza el sector y garantiza su sello de calidad mediante una serie de instrumentos de acreditación (como el SACIC o Sistema de Acreditación de Centros de Enseñanza, que administra desde 2000), certificación (como el DELE o Diploma de Español como Lengua Extranjera, que administra desde 2002, y el SIELE o Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, lanzado en 2016 por el Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, y administrado por la Fundación Telefónica) y estandarización (como el PCIC o Plan Curricular del Instituto Cervantes, creado en 1994 y actualizado en 2006 conforme al Marco Común Europeo de Referencia).

“Se insiste muchísimo en estos discursos en que la lengua es un bien público —afirma Bruzos—, pero cuando se explota comercialmente, por ejemplo los nuevos diplomas del español como SIELE o los DELE, en el fondo son un monopolio del Instituto Cervantes, que es el que se embolsa la mayor parte del dinero, y la Universidad de Salamanca, que los desarrolla y genera franquicias. En el caso del SIELE, también Telefónica, que desarrolla la tecnología. Siempre aparecen los mismos nombres”.

La posibilidad de que el uso de un idioma acabe privatizado parece remota y distópica, pero estos movimientos pueden dar pistas de que no lo sería tanto. “El énfasis en que es un bien público es porque hay 500 millones de hablantes, pero los 500 millones no se benefician de ello. Hay un proceso de ‘privatización’, no es lo mismo que la privatización del agua, por ejemplo, pero quizá en un sentido metafórico sí que lo sea”.

El especialista también reconoce que los objetivos del Cervantes han variado con el tiempo e identifica los motivos de ese viraje: “Con la crisis, se disciplina al Instituto Cervantes, se le recorta el presupuesto y se dice que tiene que cubrir un porcentaje del mismo con ingresos propios. A partir de ahí, se convierte en un elemento dentro de la propia industria de ese turismo lingüístico porque tiene que producir dinero. Eso es muy problemático: una institución reguladora que tiene que generar ingresos mediante la certificación de cursos o escuelas”.

Como el otro gran agente, junto a instituciones públicas y empresas, en la difusión y tratamiento del español como recurso económico, Bruzos sitúa a los medios de comunicación, a los que analiza con ojo clínico: “Hay una cuestión muy nacionalista con todo lo que tiene que ver con la lengua española y si hay noticias positivas sobre la lengua española y su potencial, medios que no están de acuerdo en casi nada, como pueden ser ABC o eldiario.es, publican el mismo día casi la misma noticia. El rol de la prensa está siendo servir de altavoz a estos discursos, sin ser lo suficientemente críticos y sin ver qué hay detrás, por ejemplo en lo laboral. Algunos artículos de El País parecen cosas publicadas al dictado y casi más por promover un modelo de negocio o una determinada visión del ELE. Se promueve una perspectiva muy neoliberal, un ‘vuélvete un empresario de ti mismo’, ‘hazte profesor de español si estás en paro’. Esto es perjudicial para la gente que trabaja como profesores de español porque hace que casi cualquiera pueda entrar en competencia o que se vea como una ocupación temporal, para salir del paso”.

más Invisibles que las kellys

El sábado 30 de junio se celebra en Madrid un encuentro entre profesores de ELE, al que de momento han confirmado su asistencia 80 profesionales. Organizada sin patrocinadores ni colaboración institucional, la cita pretende ser un lugar de discusión y punto de partida para una futura asociación profesional. Cuatro de las personas que han participado en la organización del evento, que trabajan como profesores de español en Madrid, contestan a El Salto acerca de los pormenores de su actividad, empezando por la descripción de lo que hacen.

“Enseñamos español a quienes no lo tienen como lengua materna y quieren o necesitan aprenderlo. Enseñar un idioma es mucho más complejo que enseñar gramática o ‘enseñar a hablar’. Como disciplina, llevamos bastantes años de retraso si lo comparamos con la enseñanza del inglés como lengua extranjera, por ejemplo. Y eso hace que sea una labor rodeada de mitos como que solo la pueden enseñar nativos, o en el otro lado de la misma moneda, que solo la pueden enseñar filólogos. No hay unos estudios obligatorios, aunque lo habitual es que se haya estudiado una filología, ni una titulación oficial, a pesar de la existencia de múltiples másteres y cursos de formación, para poder ser contratado como profesor de ELE. De todos modos, aunque nos lleven años de ventaja, los compañeros profesores de inglés se enfrentan a problemas muy parecidos a los nuestros”, responden desde el correo electrónico, especificando que prefieren guardar el anonimato.

La labor que desempeñan tiene lugar en ámbitos educativos diversos, tanto en España como en el extranjero: enseñanza reglada en los países en los que se estudia como segunda o tercera lengua en las escuelas; academias, escuelas de idiomas, centros universitarios, servicios de apoyo lingüístico a migrantes, clases particulares, tanto en el ámbito público como en el privado. Y también a través de becas y programas de cooperación e intercambio.

Desde las instituciones se engloba dentro de un fenómeno que denominan ‘turismo idiomático’ y que exige que el profesor sea una mezcla de animador sociocultural y agente turístico

Una de las respuestas expresa claramente la percepción que de su trabajo tienen quienes imparten español como lengua extranjera, y el marco en el que lo hacen: “Nuestro colectivo se dedica a la enseñanza, y como tal se nos exigen cualificaciones, pero desde las instituciones se engloba dentro de un fenómeno que denominan ‘turismo idiomático’ y que exige que el profesor sea una mezcla de animador sociocultural y agente turístico a disposición del alumno visitante incluso fuera del horario laboral”. No parece esa industria limpia, poco contaminante y próspera que auguraba César Antonio Molina. O, al menos, no para quienes trabajan en ella al nivel más raso.

El convenio que rige su trabajo en España es el de la enseñanza no reglada, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de julio de 2017, que afecta a colectivos tan diversos como profesores de inglés o de dibujo que trabajen en academias, de clases de apoyo, preparadores de oposiciones o monitores de talleres diversos. “Es un convenio que contempla varios agujeros negros a servicio del empresario, en el que caben contratos a tiempo parcial pero jornadas a tiempo completo a través de lo que denominan ‘horas complementarias’, que no se remuneran como extraordinarias, y que se ‘pactan’ con el empleado”, precisan estos docentes contactados por El Salto. Y ponen ejemplos: un profesor en una academia puede tener un contrato por 10 horas semanales pero llegar a hacer 40 horas de clase, algunas en grupo, otras particulares o por Skype, o desplazándose a domicilio. Y con horarios de mañana, tarde y noche.

También añaden que existe un desequilibrio “entre los requisitos que se piden: titulación universitaria, Máster si es posible, horas de formación y experiencia” y el salario que se recibe a cambio: 14.243,06 euros brutos anuales, según convenio. “Calcular a cuánto sale la hora de clase da pena”, indican y señalan una dolorosa realidad en su día a día laboral: “Y si no te gusta lo que hay, no pasa nada; la mayoría de los centros se nutren de jóvenes que están de paso por la profesión. Que aguantan un tiempo y luego buscan algo mejor pagado y más estable. Ese es otro de nuestros problemas, la idea de que es una profesión temporal. Con la crisis, además, se vendió la idea de que cualquiera podía ‘reconvertirse’ en profesor de ELE con un curso de un mes y marchar por el mundo a enseñar”.

Otra persona que trabaja impartiendo español como lengua extranjera, en su caso desde hace tres años en un centro del Instituto Cervantes, y que también pide preservar el anonimato —“literalmente, me echarían al día siguiente”—, detalla para El Salto sus condiciones laborales: “Cobras por hora trabajada, dependiendo del centro los tipos de contrato pueden variar pero normalmente se intenta que no haya relación directa laboral entre profesor y centro. Somos colaboradores o también llamados ‘externos’: personas que deberían tener un trabajo principal y que dan unas horitas de clase aquí. Pero la realidad es muy diferente: hay muchísimos profesores cuya única actividad es la enseñanza en un Instituto Cervantes y se tiran años y años trabajando sin tener una relación directa con la institución”.

Profundizar en cómo trabaja este personal vinculado a una institución pública dibuja un panorama alarmante. Esta fuente asegura que no tiene derecho a vacaciones, baja médica ni a prestación por desempleo. “Hay incluso casos de personas que trabajan en países de la Unión Europea sin permiso de residencia en el país y cuyo estatus en el país es de turista”, añade y precisa cuál es la relación que se establece entre las partes: “Tú ofreces tus servicios de ‘profesor’ al centro, que te paga por las horas que das de clase. Suelen usar falsos autónomos o contratos con terceras empresas. Los colaboradores representamos el 80% de la carga lectiva de los centros y en cada centro del Instituto Cervantes hay varios profesores de plantilla y la inmensa mayoría son colaboradores”.

“Los profesores de español son tan invisibles como las kellys o más, porque no forman un colectivo”, considera Alberto Bruzos, director del programa de español en la Universidad de Princeton

Su situación laboral precaria e inestable, sumada a la condición de soporte importante de la industria del turismo y de la Marca España bajo unas condiciones muy mejorables, hace inevitable la comparación del profesorado de enseñanza del español con las que limpian los hoteles, las kellys, uno de los movimientos sindicales más interesantes surgidos en los últimos años. “Los profesores de español son tan invisibles como las kellys o más, porque no forman un colectivo —considera Bruzos—. Cuando se celebran reuniones para tratar planes estratégicos sobre el futuro del ELE, no hay representantes del profesorado. Están FEDELE, el Instituto Cervantes, representantes del gobierno local o autonómico pero nunca hay profesores. En algunos de estos planes estratégicos jamás se menciona al profesor o al curriculum. Esto invisibiliza a quienes están enseñando”.