Precariedad laboral
Más de 50 colectivos se adhieren a los riders para que el borrador de ley no diluya sus reivindicaciones

Desde la Unión de Autónomos UATAE a la organización de consumidores FACUA, del Sindicato de inquilinos a los Jóvenes de CC OO, pasando por los estibadores del puerto de Barcelona y llegando al sindicato LAB de Bilbao. Más de 50 organizaciones de índole variada han apoyado al colectivo Riders X Derechos a través de su adhesión al manifiesto Pedaleando por un futuro sin precariedad y con trabajo digno para que el borrador de ley que está elaborando el actual Ministerio de Trabajo respete la esencia de las reivindicaciones de los riders: que, lejos de crear una nueva figura o regular una nueva relación especial, el proyecto de ley consiga evitar que se produzcan interpretaciones contrarias a la laboralidad.

Tras una intensa lucha, el pasado 1 de junio mensajeros de todo el Estado, que trabajan en distintas plataformas pero con las mismas abusivas prácticas laborales, se reunieron con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoyados por la Unión de Autónomos y colectivos del taxi, para exponer su situación y reivindicar una ley que blinde su relación de laboralidad con la empresa y que el Ministerio evite crear una figura nueva, que empeoraría sus condiciones de trabajo. 

Al manifiesto se han adherido también Oxfam Intermón, la CGT, la Marea Blanca, las Kellys, la cooperativa BiciClot (Barcelona), el supermercado La Osa (Madrid), Jartura de Sevilla y la Plataforma de Auxiliares de Ayuda a Domicilio de Asturias, entre un largo etcétera.

Paul Iano

Tres meses infiltrado en Glovo

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Glovo

Paul Iano

Tres meses infiltrado en Glovo

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Paul Iano, estadounidense, trabajó durante tres meses para Glovo en País Vasco. Lo hizo para conocer desde dentro las condiciones laborales de un tipo de empresa con una forma de funcionamiento ya habitual en Estados Unidos, en el que se externalizan los costes y se quedan solo con el beneficio.

Riders X Derechos recuerda que “la lacra de los falsos autónomos” se traduce, por un lado, “en abuso y falta de derechos para las trabajadoras” y, por otro, en un “fraude masivo a la seguridad social, ya que los operadores digitales que realizan estas prácticas eluden sus obligaciones con las cotizaciones sociales de quienes deberían ser empleados”, tal y como numerosas sentencias judiciales han dictaminado a lo largo de estos dos últimos años.

“Estamos a tiempo de frenar y revertir la tendencia a la precariedad”, sostienen Riders X Derechos. “La tecnología del siglo XXI no puede ir de la mano de la explotación laboral más propia del siglo XIX. Si algo nos ha enseñado la crisis sobrevenida por el covid-19 es la importancia de que pueda haber una red pública de protección social y los enormes desequilibrios de una sociedad a varias velocidades en las que cada vez más gente queda en los márgenes de esa red por la precariedad que arrastra. No podemos permitir que, a través del fraude, se pongan en peligro los servicios públicos y el Estado de Bienestar”, recuerdan.