Portugal
Cuando los campesinos portugueses tomaron la tierra… y la contrarrevolución se la despojó a tiros

El 27 de septiembre de 1979 dos campesinos caían muertos por disparos de las fuerzas de orden público en el municipio de Montemor-o-Novo, en la región del Alentejo. Se trataban de António Maria do Pomar Casquinha, de 17 años, y João Geraldo, “Caravela”, de 57. Un tercero, Florival António Carvalho, de 23, sería también baleado por la Guardia Nacional Republicana, y aunque herido de gravedad, lograría sobrevir.

Los tres campesinos participaban en una movilización para impedir la devolución de las fincas de su cooperativa a su antiguo propietario, Manuel António Padeira, que se había presentado en el pueblo escoltado por las fuerzas del orden público. La contrarreforma agraria había comenzado en Portugal y los campesinos sin tierra que habían construido la democracia de abril la estaban perdiendo.

Una revolución rural

Las icónicas imágenes de Lisboa el 25 de abril de 1974, con los claveles rojos en las bocas de los fusiles de los soldados, han eclipsado a menudo el fuerte componente rural que el proceso revolucionario tuvo en un país en el que a principios de los años 70 todavía un 30% de la población activa trabajaba en el campo. El río Tajo corta en dos Portugal y funciona como una suerte de frontera natural entre un país que se hace minifundista hacia el norte y latifundista hacia el sur. Será en este último, en el Portugal meridional, en el que se viva con mayor intensidad un proceso revolucionario que tiene como protagonistas a los campesinos sin tierra, jornaleros muy pobres, acostumbrados a soportar largas temporadas de desempleo entre cosechas.

El vacío de poder anima a los campesinos, liderados por el Partido Comunista y sus sindicatos rurales a tomar las tierras y explotarlas de manera colectiva

Aunque la ocupación, de casas y de fábricas, fue también un fenómeno común en el Portugal urbano de 1974 y 1975, sería en el sur rural, y en especial en la extensa región del Alentejo, donde la colectivización de la propiedad privada alcanzaría mayores dimensiones convirtiéndose en un movimiento de masas. Y es que para ese sector ultraexplotado que son los jornaleros y jornaleras, la caída de la dictadura, la democracia y la revolución se asociaban de un modo casi instintivo a la toma de la tierra.

Un goteo de ocupaciones

Las ocupaciones de fincas en el Alentejo y otras partes del sur comenzaron de un modo casi espontáneo, al poco de conocerse el fin del régimen de Marcelo Caetano. Temerosos de represalias colectivas por su apoyo a la dictadura, algunos propietarios rurales huyen a la España franquista y a otros refugios seguros tras el 25 abril. El vacío de poder anima a los campesinos, liderados por el Partido Comunista y sus sindicatos rurales a tomar las tierras y explotarlas de manera colectiva.

El goteo de ocupaciones se incrementa tras el fallido golpe de Estado de septiembre de 1974

El goteo de ocupaciones se incrementa tras el fallido golpe de Estado de septiembre de 1974. El fracaso de la intentona derechista conduce a un giro a la izquierda de la revolución, tanto a nivel social como institucional. Con el coronel Vasco Gonçalves, próximo al Partido Comunista, como primer ministro, las ocupaciones rurales se van a generalizar en todo el sur del país con el apoyo del Gobierno y del Ejército. Militantes urbanos de los partidos de izquierdas y miembros del Movimiento de las Fuerzas Armadas colaboran con los campesinos en las ocupaciones de tierras que el Gobierno de Lisboa ampara y progresivamente legaliza.

La televisión pública mira con simpatía el insólito proceso que vive el campo, en el que soldados y campesinos participan codo con codo en la toma de las tierras a unos propietarios a los que, resignados, no les queda más remedio que aceptar la consigna de que “la tierra es para el que la trabaja”.

Sobre los propietarios pesa la acusación de mantener tierras ociosas, abandonadas, pero también la sospecha de ser enemigos de la revolución que están saboteando la producción agrícola. Ambas acusaciones legitiman todavía más el proceso de ocupaciones, que recibirá un fuerte espaldarazo en las Bases Generales de la Reforma Agraria, aprobadas por el Gobierno el 15 de abril de 1975. Seis meses más tarde, en septiembre de 1975 hay ya medio millón de hectáreas ocupadas por los campesinos, y cuando el VI Gobierno Provisional acabe sus funciones, casi 1.200.000 de hectáreas ocupadas. El fenómeno tiene tanta magnitud que la Constitución democrática de 1976 consagra en su Título IV la Reforma Agraria, y la define en su artículo 96 como “uno de los instrumentos fundamentales para la construcción de la sociedad socialista”.

Unidades Colectivas de Producción y Cooperativas

Aunque algunas de las tierras expropiadas serán explotadas en pequeñas parcelas familiares, serán las cooperativas y las llamadas Unidades de Producción Colectivas los principales cauces de organización de la reforma agraria. Estas últimas, las UPC, son la principal herramienta defendida por el Partido Comunista y sus sindicatos, que apuestan por grandes explotaciones, de propiedad estatal, pero autogestión campesina, susceptibles de ser modernizadas y tecnificadas gracias al crédito del Estado. En su momento de esplendor las Unidades de Producción Colectiva llegarán a emplear a unos 72.000 campesinos y campesinas, 45.000 de ellos de forma permanente.

La reforma agraria portuguesa supone pues una de las experiencias de autoorganización popular más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Europa Occidental

La reforma agraria portuguesa supone pues una de las experiencias de autoorganización popular más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Europa Occidental. Los campesinos demuestran que pueden sacar adelante la producción de una manera colectiva y democrática, y además reducir sustancialmente el histórico problema del Portugal meridional: el desempleo rural. Las nuevas explotaciones aumentan la superficie cosechada y con ello la mano de obra que emplean. En gran medida acabar con las largas temporadas de desempleo es una de las principales motivaciones de los jornaleros para ocupar tierras.

Sin embargo, y a pesar de sus éxitos, el experimento también tiene sombras. La producción no cumple las expectativas y parte de las cooperativas y Unidades de Producción Colectivas fracasan económicamente. Los motivos son múltiples: errores en la planificación de los cultivos, falta de asistencia técnica y económica por parte del Estado, exceso de mano de obra empleada o incluso malas condiciones climatológicas durante varios años del proceso revolucionario. Cuando toque ajustar el empleo serán las mujeres a las que les toque ser mayoritariamente temporeras, mientras los hombres se quedan en mayor medida los puestos de empleo fijos.

Contrarreforma agraria

Con el giro a la derecha de la política portuguesa a partir del fallido golpe de Estado de noviembre de 1975, esta vez de signo izquierdista, la reforma agraria pierde apoyo institucional y mediático. Dentro del mundo rural hay además divisiones entre pequeños campesinos, cooperativistas y asalariados de las Unidades de Producción Colectiva. Los intereses de unos y otros no son siempre coincidentes.

La fuerte pugna entre socialistas, defensores de un Portugal asimilable al resto de la Europa Occidental capitalista, y comunistas, defensores de un modelo democrático con rasgos socializantes, también se trasladará a los sindicatos agrícolas y el mundo rural.

Aunque los comunistas conservan su poder social y municipal en el Alentejo y el área metropolitana de Lisboa, tras el fin del gobierno Vasco Gonçalves su influencia en la política nacional queda muy limitada. Y es que casi al mismo tiempo que Portugal aprueba en 1976 una Constitución que define a la República como un país en transición al socialismo, está comenzando un proceso de contrarrevolución que limita los aspectos más progresistas de la transición democrática portuguesa, entre ellos la propiedad colectiva de fábricas y explotaciones agrícolas, cuya reversión ya está en marcha.

Los antiguos dueños del país ven en la estabilización política la oportunidad de recuperar su poder perdido

Los antiguos dueños del país ven en la estabilización política la oportunidad de recuperar su poder perdido, y en paralelo a la homologación de Portugal con las democracias liberales europeas va a darse una ofensiva de industriales, banqueros y latifundistas por recuperar aquello que la revolución les había arrebatado.

El proceso de “vuelta a la normalidad” no estará exento de episodios de violencia. Los casos más dramáticos serán los dos muertos de septiembre de 1979 en las protestas contra la devolución de la tierra a sus antiguos dueños, así como los dos manifestantes abatidos por la policía el 1 de Mayo de 1982 en Oporto.

Si bien el desmontaje de la reforma agraria para reintroducir el capitalismo y revertir las colectivizaciones comienza con el primer ministro socialista Mario Soares, el proceso de contrarreforma se agudizará 1982, bajo la coalición de centro derecha presidida por Sà Carneiro, que “suaviza” los términos de la Reforma Agraria en la Constitución.

“Alentejo, la última barricada del 25 de abril”, titulaba en marzo de 1983 un reportaje El País sobre la dura conflictividad social que se vivía en la región meridional en aquellos tiempos. Las movilizaciones, huelgas y enfrentamientos con la policía para retener las tierras conquistadas en la revolución se prolongarán durante años. La guerra se perderá en términos generales, pero la resistencia campesina también logrará ganar algunas batallas parciales. A finales de 1988, en vísperas de la gran reforma constitucional de 1989, de signo neoliberal, todavía quedaban en pie algunas “barricadas de abril”: 216 Unidades de Producción Colectiva, con 225.000 hectáreas en explotación y 13.120 trabajadores, de los que son 5.480 mujeres.