Política
Interior amparó un operativo sin autorización judicial para espiar a Bárcenas

El juicio por la trama Kitchen entra en su cuarta semana. Tras las declaraciones de los acusados, como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y de testigos directamente relacionados con ellos, como la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el extesorero Luis Bárcenas o el propio Mariano Rajoy, los testimonios prosiguen frente al tribunal en la Audiencia Nacional. Este jueves ha continuado la declaración del inspector jefe de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal), Manuel Morocho, que comenzó el día anterior.

Morocho fue el principal investigador del caso Gürtel, y en su intervención frente al tribunal ha insistido en denunciar las presiones internas que ya había expuesto durante la fase de instrucción, al tiempo que ha reiterado que la operación Kitchen fue una actuación policial desarrollada “sin autorización judicial”.

Desde el inicio de su testimonio, Morocho ha afirmado que tuvo conocimiento de la existencia de un operativo sobre el entorno de Luis Bárcenas al margen del control judicial. Según ha explicado ante la jueza, en 2015 recibió un correo interno con datos —nombres de personas, domicilios y vehículos— que apuntaban a una vigilancia activa sin contexto ni cobertura legal, lo que interpretó como indicio de una operación clandestina. El inspector también ha insistido en que Kitchen no formaba parte de ninguna investigación judicializada ni aportaba elementos relevantes a la causa Gürtel, que él mismo dirigía desde la policía judicial.

Presiones para no mencionar ni a Rajoy ni a Cospedal en los informes

Otro de los ejes de la declaración de Morocho ha girado en torno a las presiones internas que asegura que recibió desde la propia estructura policial para no incluir en sus informes nombres de responsables políticos, y ha mencionado expresamente a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. Estas presiones, según su relato, procedían de “toda la cadena de mando” y afectaban directamente a la elaboración de informes sobre los denominados papeles de Bárcenas, una prueba clave para acreditar la financiación irregular del Partido Popular.

Ruz llegó a advertir a Morocho de que no era admisible que se le indicara modificar el contenido de los informes, y estableció límites claros respecto a la participación de mandos policiales en reuniones de trabajo

En su declaración, Morocho ha asegurado que soportó “con paciencia” esas presiones hasta que el juez instructor del caso, Pablo Ruz, intervino de forma tajante para frenarlas. Según le ha contado al tribunal, Ruz llegó a advertirle de que no era admisible que se le indicara modificar el contenido de los informes, y estableció límites claros respecto a la participación de mandos policiales en reuniones de trabajo, llegando incluso a impedir su presencia si ello condicionaba la investigación.

Boicot a la investigación de Gürtel

Morocho también ha descrito maniobras concretas para obstaculizar su trabajo investigando la trama Gürtel. Por ejemplo, ha explicado que sus superiores retrasaban la entrega de informes a la Audiencia Nacional, llegando a quedar bloqueados durante semanas, lo que obligó al juez instructor a tener que pedirlos. Además, Morocho ha contado ante el tribunal que hubo peticiones irregulares de información, como el número de teléfono de Rosalía Iglesias —esposa de Bárcenas—, y que se enviaron informes a mandos policiales ajenos al procedimiento, lo que reforzó su sospecha de que se estaba preparando una actuación de vigilancia sobre el entorno del extesorero del PP.

El inspector jefe de la UDEF ha asegurado que no confiaba en sus superiores, y que éstos intentaban influir en su trabajo. Incluso, ha denunciado, se produjeron intentos de apartarlo del caso

El inspector jefe de la UDEF ha asegurado que no confiaba en sus superiores, y que éstos intentaban influir en su trabajo. Incluso, ha denunciado, se produjeron intentos de apartarlo del caso, ofreciéndole destinos laborales “bien retribuidos” en el extranjero y su traslado a otras unidades. Morocho también ha hablado de presiones más explícitas, como amenazarlo con investigaciones internas por supuestas filtraciones —que ha calificado de “infundadas”— o comentarios intimidatorios por parte de mandos policiales implicados en la causa.

Todo esto, ha insistido Morocho, afectó directamente al desarrollo de la investigación judicial. El inspector jefe ha explicado que el grupo de investigación que dirigía fue objeto de un proceso de debilitamiento progresivo entre 2013 y 2015 (los años en los que se produjo el operativo de Kitchen). Según su testimonio, ese “boicot” se tradujo en la reducción de efectivos y en cambios organizativos que limitaron la capacidad operativa del equipo. Como consecuencia, ha señalado que muchas líneas de investigación relevantes quedaron sin desarrollar, incluyendo el análisis de información procedente de cuentas en el extranjero vinculadas a la financiación ilegal del PP.

Morocho ha mencionado que su equipo pasó a depender de la Dirección Adjunta Operativa, entonces bajo el mando de Eugenio Pino, lo que, según ha declarado, tuvo un impacto negativo en la continuidad de las investigaciones.

La Policía le filtró a Cospedal información sobre Gürtel

Durante su declaración ante el tribunal, el inspector jefe de la UDEF ha hablado de una filtración de documentación secreta del caso Gürtel que habría llegado a manos de la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a través de mandos policiales implicados en la causa.

El comisario José Luis Olivera le trasladó que él mismo había hecho llegar a Cospedal un documento procedente de la investigación sobre la trama Gürtel, lo que dejó al inspector “estupefacto” por el carácter reservado de la información y por su salida del circuito judicial ordinario

Según ha explicado, el comisario José Luis Olivera le trasladó que él mismo había hecho llegar a Cospedal un documento procedente de la investigación sobre la trama Gürtel. El archivo en cuestión formaba parte de material incautado a la organización de Francisco Correa y Pablo Crespo, en el que se identificaban siglas vinculadas a Luis Bárcenas y se recogía información considerada relevante para la instrucción judicial del caso. Según ha contado, el comisario le aseguró que el documento había sido depositado en una caja de seguridad de Cospedal, lo que dejó al inspector “estupefacto” por el carácter reservado de la información y por su salida del circuito judicial ordinario.

Morocho ha detallado que ese fax contenía referencias a operaciones empresariales y a instrucciones vinculadas a adjudicaciones en comunidades autónomas, y que había sido identificado en la investigación por su conexión con las siglas “L.B.”, atribuidas a Bárcenas dentro de la documentación de Gürtel. La relevancia del documento, según su declaración, radicaba en que formaba parte del material probatorio utilizado para reconstruir la estructura financiera del caso.

El juicio hasta ahora

En los testimonios de las semanas previas del juicio, Bárcenas culpó directamente a la cúpula del PP de haber organizado el dispositivo para espiarlo y sustraerle información comprometedora sobre la Caja B del partido, asegurando que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conocía esa financiación ilegal.

Frente a estas acusaciones, Rajoy compareció después como testigo negando cualquier implicación en la operación Kitchen, así como el conocimiento de la caja B o la destrucción de pruebas. También rechazó haber dado instrucciones para espiar a Bárcenas o haber tenido noticia de un operativo policial con ese fin durante su mandato. En la misma línea se expresó la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que negó haber encargado trabajos al comisario José Manuel Villarejo o haber participado en cualquier estructura ilegal vinculada al espionaje.