Pobreza
Las personas sin techo reivindican sus derechos en una campaña electoral sin sitio para ellas

Son unas 30 personas, charlan en torno a las tiendas, pegan carteles, preparan comida, descansan. Algunas llevan ahí desde el martes 16 de abril, otras fueron llegando después. Las lluvias de Semana Santa, que han arruinado muchas vacaciones, se lo ha puesto más difícil a ellas y a ellos, en su campamento del Paseo del Prado, donde sencillas tiendas iglús —las más baratas del Decathlon, aclaran— se esparcen alineadas. En frente, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Entre las tiendas, sobre la carpa en la que guardan la comida, se esparcen folios donde explican por qué están ahí: “Sin Techo? Con Derechos!!!”, se lee. Y, a continuación, una serie de cifras: 32.000 personas sin hogar, 65% con estudios de Secundaria, 15,4% jubilados o pensionistas, 47% han sufrido agresiones. “Nadie sin hogar”, cierra el manifiesto.

“Somos personas sin techo que estamos aquí reivindicando que nos tienen abandonadas en la calle y que eso supone una vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución; no paran de hablar de la Constitución para arriba, de la Constitución para abajo, a ver quién defiende más la Constitución, pero nosotros seguimos igual”. Miqui tiene unos 30 años y es de Sevilla, se presta a ejercer inicialmente de portavoz. Sabe bien lo que supone no tener un hogar: “No tienes derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental; te pueden dar una paliza mientras duermes, osea que el derecho a la integridad física también se está vulnerado”. Para Miqui, todo esto contradice los principios de un Estado de derecho. “Es anticonstitucional tener a gente abandonada en la calle”, concluye.

Para muchos de quienes están compartiendo ese espacio, el único modo de influir en las elecciones es esta acción, pues no podrán votar por falta de domicilio o de documentos. “Pudiendo votar o no pudiendo votar, lo cierto es que somos invisibles 365 días al año, cuatro años cada legislatura”, sentencia Miqui. Han convocado una rueda de prensa, pero no han ido periodistas. Tienen muchas ganas de contar porque sienten que nadie les escucha. Tienen que contar que los medios que se ponen, las políticas que se diseñan, las estrategias que se formulan, no están solucionando el problema: no bastan las campañas de frío, no hay plazas suficientes en los albergues, “ni siquiera cuando hay refuerzos”. El resultado es que la gente acaba en la calle.

“Tienes que dormir con un ojo abierto y las zapatillas puestas, y aún así no te duermes hasta las 3 o 4 porque pasa gente a tu alrededor. Te despiertas a las 7 o a las 8, porque te dicen, oiga, que ya es hora de limpiar la calle”. De la estrategia nacional contra el sinhogarismo Miqui tiene una clara opinión: “Es una vergüenza”. El plan diseñado para los años 2015-2020 se proponía reducir de las casi 23.000 personas sin hogar que se estimaba que existían en 2015 a las 18.000 al final del periodo. “¿Y qué pasa con las personas que se quedarían?”, se pregunta. “Un día, una semana, un mes en la calle te destruye, es muy duro. ¿No importan nuestras vidas, no valen nada?”.

No le importa cómo lo arreglen, que si housing first, que si albergues, que si repoblar pueblos, lo que se inventen estará bien. El caso es tener un sitio

Lo que Miqui pide es muy sencillo: que si un policía le encuentra durmiendo en la calle, no le haga irse de ahí porque molesta, sino que le diga a él, a cualquier persona sin techo: “Oiga, ¿usted necesita ayuda?, ¿quiere venir a un sitio para dormir? Venga, que hay un sitio donde puede descansar”. No le importa cómo lo arreglen, que si housing first, que si albergues, que si repoblar pueblos, lo que se inventen estará bien. El caso es tener un sitio. Y eso que él tiene la suerte de ser joven y poder correr si le atacan, o seguir buscándose la vida haciendo lo que caiga, como aquellos cinco años que pasó pastoreando a cambio de techo y comida. Pero hay gente mayor en la calle, eso es lo más grave, afirma mientras mira a un señor con el pelo blanco que se desplaza con dificultad.

Javier en realidad no es tan mayor, cumple 58 años mañana, Día del Libro. Pero su situación de salud es muy precaria, dice contar con más de un 80% de minusvalía. No es esta la primera causa por la que se moviliza, estuvo muchos años vinculado al movimiento ecologista, tenía una casa donde llegó a alojar durante muchos años a una persona, que como él ahora, no tenía techo. “Si eso lo he podido hacer yo, ¿cómo es que no lo está haciendo el Estado?”, se pregunta. Hace dos años, un desahucio le dejó sin hogar a él también.

Javier enumera sus males: problemas de equilibrio, una hernia, problemas con la boca, huesos, vista, pies. El listado es largo y lleva a preguntarse cómo una persona en su condición física se encuentra en esa situación de desprotección. “Eso mismo me pregunto yo”, dice. “A veces pienso en llamar al médico de cabecera, o directamente a urgencias y pedir que me internen”. Lo que más le indigna a este madrileño es la falta de solidaridad: “Si tu ves a una persona con problemas, ayúdale, no pases de él, pero la gente dice es su problema’ y ahí se acaba su responsabilidad”. Pero, para Javier responsabilidad hay, ya no ante la sociedad si no hacia una divinidad en la que cree. Piensa que esa divinidad está enfadada, debe estarlo ante las cosas que ha visto en la calle, cómo la gente se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas solas, sobre todo de las mujeres, denuncia.

“Lo cierto es que hay muchas personas en la calle, unos durmiendo en la Plaza Mayor, otros en la Plaza del Rey, otros en los soportales, otros bajo puentes, otros en el Viaducto de la calle Bailén”, describe lo que ve. Y piensa que si nadie aborda este problema no es porque no lo vean, sino porque cuesta dinero.

Selena, una mujer ecuatoriana que se vino a España durante la peor crisis económica de su país, después de que “nos dolarizaran la economía con una moneda asquerosa del imperio”, ha pasado la mayoría de los 20 años que lleva en Madrid sin un hogar. Lleva con ella una carta de una concejala de IU datada en 2010: “Aquí se explica que entonces estaba en el albergue de San Isidro, donde había doscientas y pico de personas y solo tres váteres y tres duchas, y todo en malas condiciones, y nos daba un trato denigrante el personal que estaba allí”. Selena denunció junto a otras 30 personas, no sirvió. Ahora, con 63 años cumplidos, la situación no es mejor. Como muchas otras mujeres, evita dormir en la calle por los riesgos que entraña, va como puede metiéndose en albergues, alquilando cuartuchos. Ahora se queda en un trastero que le subalquilan “a un precio desorbitado, y no me dejan prender ni la luz”. Protesta porque quienes le alquilan no le tratan bien, pero tampoco tiene otro sitio al que ir. “A ver qué ofrece el que quede de presidente, esperemos que al menos algo de humanidad. Es que aquí se favorece solo a las multinacionales, las empresas y los bancos que se llevan los recursos del Estado, que son para la gente”.

Joaquina es una mujer de mediana edad procedente de Barcelona que vino a Madrid hace un año con la promesa de un trabajo y un techo. No llegó sola, lo hizo con su hijo veinteañero, que tiene un 45% de discapacidad, y su marido, que padece una cardiopatía. La propuesta que le hicieron a Joaquina no se concretó nunca, y desde hace cuatro meses, agotados los recursos, duermen en sacos de dormir en el barrio de la Ventilla. Hicieron todo lo posible por no quedarse en la calle. “Vas a llamar a las puertas y te las cierran todas, te dicen: ‘ve a llamar para el otro lado’, y te vas para allá; ‘vete para el otro lado’, y para allá que vas”. No han conseguido nada: “Aunque sea una casa vieja, no importa, yo la limpio. Algo que tenga un váter, que por la noche pueda ir al baño y que no tenga miedo a que me den un palo”, se conforma.

Con un techo, dice Joaquina, se puede una asear por la mañana e ir a buscar trabajo con otro ánimo. Sin un techo, eso no es posible

Con un techo, dice Joaquina, se puede una asear por la mañana e ir a buscar trabajo con otro ánimo. Sin un techo, eso no es posible. “Nosotros venimos de Catalunya —interviene el hijo—, tanto hablar de patriotismo, de aplicar el 155, pero qué pasa con los demás artículos de la Constitución, los que deben garantizarte una vivienda digna, una calidad de vida, un trabajo”. Al lado del hijo de Joaquina, otro hombre de unos treintaytantos años, Andrés, cuenta que durmiendo en la calle le han pegado más de una vez. “Jóvenes, imagino que de extrema derecha”. Lleva una chapa de las brigadas internacionales y culpa de la situación a “los bancos que manejan a los políticos”. “Y los que dicen que son muy patriotas que sepan que esto también es España, que hagan algo por la gente que desahucian o la gente que dejan tirada en la calle; toda esa gente es España”, recuerda.

“Mira, no somos mala gente, no tenemos problemas con las drogas, con el alcohol, nada. Esto le podía haber pasado a cualquiera, les puede pasar a ellos”, insiste Joaquina. “Yo solo les pido que pasen un día lo que nosotros pasamos, y luego verás que cambian todo”.

Esta noche irán a Torrespaña, a las afueras de un debate electoral en el que no creen que se les mencione. Para que esto cambie van a llevar pancartas y hacer presión. “Yo les diría tres cosas a los políticos”, cierra Joaquina. “Lo primero: que nos tengan en cuenta, lo segundo: que somos gente como cualquiera, y lo tercero: que esto tiene solución, pero tienen que querer solucionarlo”.