Plurilingüismo
Una lengua para gobernarlos a todos

El mínimo de un 25% de estudios en valenciano previsto en la Ley de Plurilingüismo ha despertado las alarmas entre quienes lo ven como una amenaza al castellano, una tesis a la cual se han sumado los partidos de la derecha.

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La manifestación de Orihuela reunió a más de 15.000 personas

publicado
2020-01-23 11:00

El próximo curso, los institutos del País Valencià empezarán a aplicar la Ley de Plurilingüismo aprobada en 2018. El inminente aterrizaje de la nueva norma ha hecho despertar todas las alarmas entre los defensores del español que la ven como una amenaza, hasta el punto que el pasado sábado se convocaron varias manifestaciones en contra. Si bien la afluencia fue  generalmente moderada, en Orihuela, capital de la Vega Baja (Alicante), el éxito fue masivo. Después de la llegada de autobuses desde distintos municipios, protestaron entre 15.000 y 20.000 personas según la policía local.

La oposición a la ley, promovida por la asociación Hablamos Español y la FAPA Gabriel Miró —presidida por un concejal de Ciudadanos—, pretende denunciar la “imposición” del valenciano en una zona que siempre se ha podido acoger a la exención de la asignatura de valenciano. Se trata de una figura amparada por la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1982 que permite al estudiante no ser evaluado en la asignatura de valenciano. Sin embargo, la Consellería de Educación recuerda que el porcentaje de alumnos que pide evitarla ha descendido con los años y actualmente no supera el 16%.

El porcentaje de alumnos que pide evitar la excepción de la asignatura de valenciano ha descendido con los años y no supera el 16%

Paradójicamente, la exención de una de las lenguas oficiales reconocida en el Estatut se puede seguir pidiendo a pesar de la nueva Ley de Plurilingüismo, puesto que no anula la anterior normativa. El cambio fundamental de este texto consiste en abandonar el anterior sistema de 'líneas' que segregaba al alumnado de acuerdo con el idioma en que eligieron estudiar y que, según la Conselleria, había dejado los porcentajes de aprendizaje del valenciano estancados.

Al contrario, el texto de 2018 prevé la aplicación de un mínimo del 25% del aprendizaje en valenciano y otro 25% en castellano, además del 15% en inglés. El resto de horas, así como el reparto de asignaturas, serán consensuadas por el Consejo Escolar del centro “de acuerdo con su contexto sociolingüístico”, pero las combinaciones posibles hacen que no se pueda exceder el 60% de castellano o valenciano.

Los intentos de la Consellería para apaciguar la oposición social a la norma han topado contra un muro. Ni la “implantación flexible” del plan, ni la capacitación para el profesorado que lo requiera, ni la generación de “contacto transversal” con la lengua a través de asignaturas más prácticas —como por ejemplo la música o la plástica— han resultado suficientes. Para sus opositores, la “libertad de elección”, tanto como para decidir que los hijos estudien castellano como para que no aprendan valenciano, es irrenunciable.

LA CARTA DE LA LIBERTAD

A esta tesis se han sumado también las tres derechas parlamentarias. Tanto Vox, como el PPCV como Ciudadanos protestaron en Orihuela junto a los convocantes después de que se les pidiera no aparecer con símbolos partidistas. Cada cual a su manera, han mostrado una furibunda disconformidad con una norma que, a pesar de todo, hacía dos años que estaba aprobada.

En el caso de los populares, que ya habían batallado con contundencia contra el decreto de plurilingüismo anterior que el Tribunal Superior de Justicia terminó de tumbar, sorprende la virulencia mostrada contra una ley bastante parecida a la que proponía el 'conseller' Font de Mora durante los últimos años de gobierno del PPCV. En concreto, su modelo trilingüe consistía a ofrecer un 33% en valenciano, un 33% en castellano y un 33% en inglés y recibió duras críticas por parte de la comunidad educativa, que lo consideraba una eliminación encubierta del aprendizaje en valenciano en cuanto que lo marginaba e impedía los programas de inmersión.

Sorprende la virulencia mostrada por los populares contra una ley fuerza pareciendo a la que proponía el consejero Font de Mora durante los últimos años de gobierno del PPCV

No ha sido hasta las actuales protestas que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado que buscarán la manera de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, también desde Ciudadanos Toni Cantó ha asegurado que llevará la ley en el Parlamento Europeo porque considera que “está violando claramente el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que recoge el derecho a la libertad de todos los ciudadanos, y no hay nada más libre que poder expresarse y educarse en la lengua que cada cual quiere”.

A pesar de todo, sus posicionamientos respecto de los modelos educativos para las comunidades bilingües es muy dispar dependiendo de las circunstancias. Mientras que el PP y Ciudadanos coinciden en el País Valencià en contra del modelo plurilingüe, en Catalunya se quedaron a solas en la defensa de un modelo plurilingüe como alternativa al actual, basado en la inmersión lingüística en catalán. En cambio, si viajamos a Galiza, es Ciudadanos el que denuncia la “imposición lingüística” del Gobierno popular de Feijóo, que implantó un equilibrio a partes iguales entre gallego y castellano.

Precisamente allí nació en 2007 lo asociación Galicia Bilingüe, el embrión del actual Hablamos Español, creada en 2017 y autodefinida como “la única asociación nacional que defiende los derechos de los hispanohablantes a vivir en español”. Así, mantienen el derecho de los niños a “estudiar en su lengua materna” y alertan de los problemas de aprendizaje que se podrían derivar, vinculándolo incluso al “fracaso escolar”.

"Es un movimiento en contra del valenciano. No dicen nada contra el inglés, ni una sola pancarta en contra", defiende Francesc Felipe

En su web incluso se puede encontrar un informe enviado a la ONU sobre “la situación de los derechos lingüísticos de los hispanohablantes en España”, alertando de su vulneración en las autonomías con dos lenguas oficiales. El Salto País Valencià ha intentado hablar con la asociación como promotora de las protestas del pasado sábado 18 de enero, pero después de un primer contacto no ha vuelto a recibir respuesta.

“Es un movimiento en contra del valenciano. Va contra el derecho de los niños a aprender las dos lenguas oficiales”, defiende Francesc Felipe, de Escola Valenciana, en referencia a las recientes manifestaciones. “No dicen nada sobre el inglés, ni una sola pancarta en contra”, argumenta en su favor. A pesar de todo, insiste que este fenómeno no representa toda la Vega Baja y que también “hay otras muchas manifestaciones públicas” a favor de la enseñanza en valenciano.

EL VALENCIANO, EN CUIDADOS INTENSIVOS

Las alertas ante la presunta vulnerabilidad del castellano a causa del avance del valenciano contrastan con el último informe del Consejo de Europa sobre Lenguas Minoritarias. Un extenso trabajo que evalúa el estado de salud de los idiomas que se hablan en España de acuerdo con varios parámetros y que ha señalado el estado global del valenciano como “preocupante”.

El Consejo de Europa critica que “resulta imposible” aplicar programas de inmersión en valenciano

Es en el aspecto educativo donde constata un importante detrimento en todos los niveles, desde la formación infantil a la superior, y asegura que la administración no está garantizando el derecho a estudiar en valenciano. Además, el informe hace una cierta crítica a la Ley de Plurilingüismo de 2018, puesto que considera que con ella “resulta imposible” aplicar programas de inmersión en valenciano, al mismo tiempo que señala que “la mayoría de escuelas no llegan al nivel máximo de enseñanza en valenciano”, establecido en el 60%.

Desde Escola Valenciana, la federación más importante de asociaciones educativas por la lengua, coinciden con el criterio de avanzar hacia un modelo de inmersión, pero tienen los pies en la tierra. Felipe advierte de que los intentos anteriores durante el Gobierno del Botànic se toparon de frente con la justicia y que mientras la LOMCE —la ley orgánica de educación aprobada durante la era Rajoy— continúe vigente, hay poco que hacer. Actualmente, tan solo la educación infantil permite la inmersión. Por ahora, la propuesta de Escola Valenciana para las comunidades educativas es que logren el 60% de valenciano que la ley establece como límite.

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