Presupuestos Generales del Estado
El Gobierno amarra 179 apoyos a los Presupuestos Generales de 2021

La vida le sonríe a Pedro Sánchez tras la moción de censura de Vox y la convocatoria electoral en Catalunya. La suma de apoyos a los Presupuestos Generales para el primer año después de la llegada de la pandemia facilita los planes de Moncloa y, sobre todo, está siendo más fácil de lo esperado.

Entre la tarde de ayer y la jornada de hoy, 24 de septiembre, se han decantado los apoyos o los “principios de acuerdo” de tres formaciones básicas para la investidura de enero y para las que serán las primeras cuentas del Estado tras la etapa de austeridad de Cristóbal Montoro. 

Al mediodía, el portavoz del PNV en Madrid, Aitor Esteban, ha confirmado que sus seis diputados votarán a favor de los Presupuestos. Los jeltzales obtuvieron el pasado viernes una “victoria” para su base electoral con la eliminación del impuesto al diésel. Una medida  que se suma a otras menos controvertidas, como la permuta de una serie de terrenos municipales por los cuarteles de Loyola, de Defensa, que pasarán a formar parte del patrimonio de Donostia.

El PNV aceleró las negociaciones de un segundo paquete de iniciativas después de que, este lunes, EH Bildu se adelantase para anunciar que votarán afirmativamente —si las bases lo ratifican— al proyecto de Presupuestos. El encargado de anunciarlo fue la figura de referencia de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, quien negó que el voto tuviera contrapartidas y lo enmarcó en el empeño por frenar “a la derecha fascista” y mantener “una ventana de oportunidad abierta para democratizar el Estado”. El jueves, una asamblea extraordinaria de la coalición decidirá el signo definitivo de su voto.

Esquerra Republicana de Catalunya ha sido el último partido en confirmar que está en sintonía con los PGE presentados por el Gobierno. El portavoz republicano en Madrid, Gabriel Rufián, ha preferido hablar de “preacuerdo” y posterga la decisión definitiva a una reunión de la ejecutiva de Esquerra este miércoles. 

En el caso de ERC —y también de diputados de PdeCAT— el activo con el que cuentan es la “desintervención” de las cuentas de Catalunya vigente desde 2015. Una serie de medidas de “control” establecidas en el contexto del Procés por el Gobierno de Rajoy que se consideran previas a la aplicación, en noviembre de 2017, del artículo 155. Rufián presentará como mejoras obtenidas en la negociación la creación de una mesa para la reforma fiscal, bajo la idea de, entre otros aspectos, reintroducir un mismo impuesto de Patrimonios en todo el Estado, para eliminar las deducciones que una comunidad como Madrid ha utilizado para atraer grandes fortunas.

Los apoyos de estos tres grupos ya suman 179 diputados para la causa de los PGE. Y las cuentas de María Jesús Montero seguirán sumando estos días: PdeCAT, Teruel Existe, Más País, Compromís o BNG son susceptibles de encontrar el acuerdo. 

Descontados los votos negativos de PP y Vox, la posición de Ciudadanos entraña cierto interés. La campaña para que Sánchez dejase abierta la puerta a otra aritmética sin EH Bildu ni ERC no ha fraguado y, al contrario, se consolida la “mayoría de la investidura” con dos de los enemigos irreconciliables del nacionalismo español. Inés Arrimadas puede optar por sumar sus diez votos a sus socios en Madrid y Castilla y León o trabajar en una alternativa que salga adelante más adelante en la investidura, bajo la perspectiva de sacar a Unidas Podemos de la ecuación de cara a un próximo Gobierno. De momento, el partido naranja ha anunciado que “sigue negociando” y plantea una tarjeta sanitaria única como baza para poner su sello positivo a los PGE.

Por su parte, Unidas Podemos ve cómo los apoyos de ERC y EH Bildu consolidan su posición pero sigue intranquila por los escasos signos de remontada en las encuestas. La semana se abría con un intento, explicado por el periodista Pedro Vallín en La Vanguardia, se reencauzar la negociación de los presupuestos en torno a la cuestión de los desahucios.

El 17 de noviembre, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu anunciaron la presentación de una enmienda para establecer una moratoria de desahucios hasta 2023. Una meta, el fin de los desahucios hasta que pase la primera oleada de la crisis, que no cuenta con el visto bueno del ministerio de Economía de Nadia Calviño pero a la que se ha abierto, en las últimas horas, el mucho más “político” ministro de Vivienda, José Luis Ábalos.

Los PGE no corren peligro pero en torno a la enmienda presentada con los dos partidos independentistas —y no pactada con el PSOE— pueden ensancharse aun más las diferencias entre el socio sénior y el socio júnior del Gobierno de coalición.