Perú
“La única fuerza que tiene Dina Boluarte es la fuerza de la represión”

¿Qué está pasando en el Perú? ¿Hacia dónde se dirige este país de poco más de 33 millones de personas? Va a ser un mes desde que Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado con el aval de un Congreso sin legitimidad popular, con solo un 8% de aprobación en las encuestas, pero en el que se ha atornillado la derecha extrema que intenta resarcirse de la pérdida de poder en las urnas.

La crisis actual, después de seis presidencias en cinco años, en la que el Poder Ejecutivo y Legislativo ha medido fuerzas que acaban en denuncias o golpes de Estado, ha dañado fuertemente la democracia, explica Indira Huilca, socióloga y excongresista de la República.

“Estamos en un régimen autoritario cuasi dictatorial. La única fuerza que tiene Dina Boluarte para un gobierno de transición, es realmente la fuerza de la represión”, comenta la política peruana, hija de un dirigente sindical asesinado en la dictadura de Alberto Fujimori.

Perú, las imágenes de siete días de protestas

Redacción El Salto Shu

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Fotogalería Perú, las imágenes de siete días de protestas

Redacción El Salto ,  Shu

Al menos 20 muertos y 456 heridos en las protestas tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo en Perú.

Para la exparlamentaria, el régimen de Dina Boluarte, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una actuación articulada y una misma lectura que se interpreta como la necesidad de restauración del poder, por parte de los sectores de la derecha tradicional, —el poder económico y mediático—, que perdieron las elecciones del 2021 frente a un Pedro Castillo que representaba, dentro de la política y la sociedad, a aquellos sectores de la población, principalmente de las regiones del país, que están insatisfechos con el modelo económico y social que debió darles paz y desarrollo.

“Hay una voluntad de restaurar ese perfil de poder político, económico y de los medios de comunicación, con una mirada asociada al poder de la centralidad de la capital limeña, que se evidencia más racista y represiva. Esa derecha tradicional quiere asegurarse de que nunca más les vuelva a ocurrir lo que les pasó en el 2021. No quieren correr el riesgo de que este sector de la población, que no perciben como uno de ellos, que pide Nueva Constitución, adelanto de elecciones inmediatas y otras reformas, vuelva a definir una elección”, afirma Huilca.

“Los congresistas que tenemos casi no representan a nadie. Los partidos políticos no representan a las organizaciones sociales, son de personas fundadoras, es decir que tiene un dueño; en otras palabras, son empresas”

En los últimos días, el gobierno de Boluarte se ha ensañado con dirigentes y ciudadanos de regiones del país, que llegaron a Lima exigiendo el cierre del Congreso y el fin del régimen de turno. La Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote), intervino el local de la Confederación Campesina del Perú donde se les daba cobijo a diversos participantes de las movilizaciones. Intentaron vincularlos con acciones violentas y deslizar lo que se viene convirtiendo en una narrativa recurrente desde el Poder Ejecutivo: el ‘terruqueo’, palabra que se ha hecho común en el Perú y que no es otra cosa que el discurso de odio de una clase política que pretende criminalizar a todo aquel que no comulgue con sus objetivos.

Glatzer Tuesta, periodista y director del Instituto de Defensa Legal (IDL), institución de la sociedad civil que promociona y defiende derechos humanos, señala que “hay una coalición antiderechos que está ejerciendo el poder casi en todas sus expresiones institucionales, no solo el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional (máximo organismo de justicia en el Perú), y otras instituciones; sino también ahora en el Poder Ejecutivo, tras la sucesión que se produjo cuando Pedro Castillo rompió el orden constitucional con la pretensión del golpe de Estado que lo terminó poniendo en la cárcel, lo que ha dado paso a una coalición autoritaria que ha logrado militarizar el territorio nacional donde han ocurrido asesinatos que no se advierte que vayan a ser esclarecidos prontamente, a propósito de cómo se ha generado una narrativa para garantizar ciertos niveles de impunidad a policías y militares”.

Tuesta advierte que hay “una especie de persecución indebida y feroz a ese discurso que hoy se ha vuelto oficial bajo la idea que propiciaron los años 80 y 90 de acusar a cualquier disidente, sea el más tenue o extremista, de ser apologistas al terrorismo o terroristas o violentistas que favorecen al crimen organizado. Esto para afectar las protestas sociales”.

Perú después de Castillo

Paulo Drinot

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Sidecar

Perú después de Castillo

Paulo Drinot

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La abrupta salida de Pedro Castillo del poder en Perú deja un momento de punto muerto entre el fujimorismo y el antifujimorismo que puede ser aprovechado por otros sectores reaccionarios.

¿Qué más puede pasar? El periodista ensaya un escenario desalentador: “Que esta situación se agrave o termine siendo el punto de unidad de estos sectores antiderechos y que empiecen una ‘lucha contra la violencia’, pero una violencia entendida como lo que para ellos significa cualquier actor que no comulgue con sus intereses, sean líderes indígenas, dirigentes campesinos, líderes sociales, barriales, dirigentes de partidos de izquierda, organizaciones no gubernamentales, sectores de la prensa que no hacen parte de esta especie de cártel mediático que ha apoyado a este sector antidemocrático; y esto es muy grave”.

Melania Canales, expresidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), es enfática al señalar que “estamos viviendo en una dictadura cívico militar que va a perseguir a quienes están contra el sistema”.

Canales, que llama “traidora” a Boluarte, quien antes de asumir las riendas del país fue vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo, afirma que es necesaria una nueva Constitución que no sea antropocéntrica y solucione los cambios estructurales del país, y que las reformas pasen también por el sistema electoral que no permite una verdadera representación.

“El sistema electoral ha sido construido por la derecha o ultraderecha. Los congresistas que tenemos casi no representan a nadie, llegan al cargo con bajo porcentaje de votos, son electos por la cifra repartidora que ganan los partidos en los que se presentan. Los partidos políticos no representan a las organizaciones sociales, son de personas fundadoras, es decir que tiene un dueño; en otras palabras, son empresas”.

Como medida para salir de la crisis, propone en el plazo más corto un gobierno transitorio. “Pero no con aquellos que están gobernando ahora, ni el Ejecutivo ni el Congreso actual, sino uno diferente que lleve a nuevas elecciones con nuevas reglas y respete los derechos humanos”.

¿Es posible lograrlo? “Todo va a depender del pueblo, si el pueblo sigue sosteniendo su voz y no entre en la normalidad”, responde Melania Canales, también coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas – ECMIA SUR.

Repetir la historia sin memoria

La historia del Perú en los últimos 50 años con gobiernos militares, un conflicto armado interno del que aún supuran las heridas, la dictadura de Alberto Fujimori (gobernó desde 1990 hasta 2000 cuando huyó del país), gobiernos de transición, y débiles mandatos no parece haber dejado aprendizajes.

El historiador peruano Juan Fonseca coincide que estamos en un régimen autoritario que va camino a un régimen dictatorial.

Al consultarle sobre qué escenarios históricos en el país deberían haber servido para detener lo que hoy se vive, Fonseca reflexiona sobre tres puntos: “Primero, los años 90, lo que hizo Alberto Fujimori ahora lo vemos en alta velocidad, todo el proceso de concentración de medios, la narrativa única que proviene del Estado y es avalada por los poderes fácticos, el problema de la represión y el ‘terruqueo’ para deslegitimar las diversas manifestaciones de la ciudadanía en función de una ideología, es nocivo. Debería recordar cómo termino ese régimen.

Segundo, la falta de una crítica al modelo económico y social de los últimos 30 años, y del descontento popular que es opacado por la narrativa capitalina (Lima). Se ningunea a aquellos sectores marginados ubicados principalmente en las regiones. Tercero, no hay que olvidar la violencia política de los años 80 para entender que estas ideologías violentistas que representaron Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru si bien hay que rechazarlas, es muy peligroso atizar las manifestaciones de descontentos con discursos violentistas. La clase política habla mucho del terrorismo para estereotipar a movimientos populares, sin embargo, indirectamente parece que es lo que buscan y el descontento va a ser tan fuerte que puede generarse un movimiento violento que —ojo— no es el que actualmente estamos teniendo”.

La clase política habla mucho del terrorismo para estereotipar a movimientos populares, sin embargo, indirectamente parece que es lo que buscan y el descontento va a ser tan fuerte que puede generarse un movimiento violento

¿Va el Perú camino a un ‘Chilenazo’? El historiador no lo descarta en tanto —recuerda— el escenario que llevó a ese país vecino del Perú a tener una Asamblea Constituyente empezó con una chispa que luego estalló al emerger una serie de demandas sectoriales o locales, generándose una anarquía cuyo único elemento común es el descontento con las élites.

“En el Perú, todas las protestas coinciden con el rechazo al Congreso y a la violencia del gobierno de Dina Boluarte, también a las economías informales, al regionalismo, y pueden surgir otros más específicos. Si las cosas no se trabajan de la mejor manera podemos llegar a ese nivel, más aún porque el gobierno en vez de calmar, crear un momento de reflexión y autocrítica, tiene una actitud de provocación clarísima a la población, y ahí podría replicarse el ejemplo chileno en el Perú”, sostiene.

El régimen de Boluarte presentó un proyecto de adelanto de elecciones para abril de 2024. El pedido de las calles no va en ese tono, exigen que el proceso sea inmediato. Las últimas declaraciones de la jefa de Estado niegan responsabilidad en los asesinatos durante las protestas. El Estado de emergencia continúa en 15 regiones. Las movilizaciones que se calmaron en las fiestas por el fin de año han vuelto a reanudarse. El futuro del Perú es una constante incertidumbre.