Periodismo
Visto para sentencia el juicio a RTVE por la contratación de 250 opositores suspendidos

Los sindicatos han sentado a RTVE ante un tribunal por la firma de 254 contratos temporales que, alegan, se saltaron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público por haberse asignado a personas que estaban suspendidas en el primer examen del reciente y polémico proceso de oposiciones iniciado en 2022, precisamente la prueba que tuvo que repetirse parcialmente por la polémica filtración de septiembre de 2024.

Se trata de un nuevo episodio que siembra la duda sobre los métodos de contratación de personal del Ente, por los mismos motivos que se anularon las bases de las oposiciones en octubre de 2023 —por la misma Audiencia Nacional que ahora juzga este caso— o el pasado verano se pusieron en duda los baremos que “borraban” los años de experiencia fuera de la corporación de decenas de candidatos.

De fondo está la cuestión de si en RTVE se prioriza a trabajadores afines a sindicatos como UGT, presuntamente implicado en la filtración, o la actual dirección, y si lo que se ha considerado un exceso de peso de la experiencia dentro de la casa en la valoración de los méritos es una forma de consolidar dicho supuesto ‘enchufismo’.

En el caso concreto de los 254 contratos temporales puestos en duda por los sindicatos, la radiotelevisión pública alega que en el banco de datos de selección y contratación, la “bolsa de trabajo” de RTVE, se priorizó a las personas que ya se encontraban en el mismo. Desde 2007, por la ausencia de renovación de la plantilla, esas personas solo eran quienes ya hubiesen realizado algún tipo de práctica formativa en la corporación, sin tener en cuenta el proceso de selección en marcha.

La vista del caso ha tenido lugar este martes 18 de noviembre en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, por una denuncia interpuesta por los sindicatos CGT, CCOO y USO, con el SI (Sindicato Independiente de RTVE) respaldando a la Corporación. La abogada de CGT alegó que se trata de un caso de vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero también que el Ente estaría saltándose sus propias normas, según el actual convenio colectivo vigente, por el cual en las contrataciones temporales deberían tener preferencia los trabajadores que han aprobado un proceso de oposiciones sin tener plaza.

En este detalle basó su defensa RTVE, por considerar que el articulado del convenio vigente establece que es el proceso al completo y no solo el examen teórico. Al respecto los sindicatos recordaron que este último se considera eliminatorio en las oposiciones y quien lo suspende no puede seguir adelante. De hecho, así lo establecían no solo las bases, sino también la sentencia 106/2023, de la propia sala donde ahora se juzga este caso, que ya consideró injustas algunas de las condiciones sobre experiencia laboral que establecían las bases originales. Además recuerdan que algunos de los 254 contratos se produjeron con las plazas ya asignadas, por lo que existían trabajadores en la “bolsa” que cumplían los requisitos que supuestamente alegó aplicar la casa.

Durante la vista llegó a declarar brevemente la actual directora de Recursos Humanos de la Corporación RTVE, Ana Cerrada, acerca de los criterios para incluir a alguien en el banco de datos de contratación. Aunque respaldó la versión de la defensa, en tanto certificar que los titulares de los contratos en duda provendrían de prácticas formativas anteriormente realizadas en la propia casa, también admitió que para ese momento los aprobados en el examen teórico, aunque no hubiesen finalizado el proceso, ya debían encontrarse igualmente disponibles en dicha bolsa.

La misma defensa de RTVE argumentó durante el juicio que los sindicatos denunciantes estarían intentando anular preventivamente la aplicación del nuevo convenio colectivo, pendiente de muy próxima publicación en el BOE y puesta en marcha. El nuevo texto haría imposible una demanda como esta ya que cambiaría los criterios de selección para los mencionados contratos temporales priorizando la experiencia previa dentro de RTVE, el mismo motivo por el que se anularon parcialmente las oposiciones o se acusó a la casa de “borrar” la experiencia en la empresa privada de candidatos en los baremos del pasado agosto.

Fuentes sindicales no solo no han negado este extremo, que no se trató en el juicio por no ser el hecho en sí, sino que apuntaron a que dicha reforma supondría una “desigualdad en el derecho al acceso en el empleo público” que podría “perpetuar” determinados tipos de contrataciones. Aunque no existen acusaciones concretas, sobrevuela una sospecha similar a la de la filtración del examen de septiembre de 2024 o a la condena de junio de 2025 del Tribunal Supremo a RTVE por no haber creado las plazas mínimas para personas con discapacidad que obliga la ley.

Durante la vista, las abogadas de CGT y CCOO insistieron en que se trata de una cuestión de vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad

Durante la vista llegó a declarar brevemente la actual directora de Recursos Humanos de la Corporación RTVE, Ana Cerrada, acerca de los criterios para incluir a alguien en el banco de datos de contratación. Aunque respaldó la versión de la defensa, en tanto certificar que los titulares de los contratos en duda provendrían de prácticas formativas anteriormente realizadas en la propia casa, también admitió “no recordar” si para ese momento los aprobados en el examen teórico, aunque no hubiesen finalizado el proceso, ya se encontraban igualmente disponibles en dicha bolsa.

La misma defensa de RTVE argumentó durante el juicio que los sindicatos denunciantes estarían intentando anular preventivamente la aplicación del nuevo convenio colectivo, pendiente de muy próxima publicación en el BOE y puesta en marcha. El nuevo texto haría imposible una demanda como esta ya que cambiaría los criterios de selección para los mencionados contratos temporales priorizando la experiencia previa dentro de RTVE, el mismo motivo por el que se anularon parcialmente las oposiciones o se acusó a la casa de “borrar” la experiencia en la empresa privada de candidatos en los baremos del pasado agosto.

Fuentes sindicales no solo no han negado este extremo, que no se trató en el juicio por no ser el hecho en sí, sino que apuntaron a que dicha reforma supondría una “desigualdad en el derecho al acceso en el empleo público” que podría “perpetuar” determinados tipos de contrataciones. Aunque no existen acusaciones concretas, sobrevuela una sospecha similar a la de la filtración del examen de septiembre de 2024 o a la condena de junio de 2025 del Tribunal Supremo a RTVE por no haber creado las plazas mínimas para personas con discapacidad que obliga la ley.

Durante la vista, las abogadas de CGT y CCOO insistieron en que se trata de una cuestión de vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que de hecho, al otorgar la oportunidad de mayor experiencia a los candidatos suspensos en el examen eliminatorio, supone una “desventaja a largo plazo” para los aprobados, dada la “sobrevaloración” que intenta plantear sistemáticamente la casa en todos los procesos.

La representación de CGT, en concreto, llegó a afirmar que los actuales responsables de la gestión de RTVE “contratan y contratan y a toro pasado intentan justificar dichas contrataciones” y que “aplican los preceptos de sus propias normas según les conviene”, en referencia a la supuesta prioridad de los trabajadores con experiencia en prácticas formativas.