Pensiones
Los pensionistas se rebelan contra la reforma de Escrivá

Coordinadoras, plataformas y colectivos de pensionistas de todo el Estado saldrán a las calles este lunes 25 de enero para mostrar su rechazo a las recomendaciones del Pacto de Toledo y el plan de reforma del sistema público de pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. 

Este plan, según denuncian representantes del movimiento pensionista del País Vasco, Andalucía, Galicia, Catalunya, Madrid, Cantabria, entre otros, supone un nuevo ataque al sistema público de pensiones ya que fomenta las jubilaciones privadas, no garantiza una pensión mínima ni soluciona la desigualdad entre hombres y mujeres en las pensiones.

“Si no hay pensiones dignas, no habrá vida digna”, resume Pepa Moleón, del movimiento cántabro por las pensiones públicas en rueda de prensa. Esta nueva protesta, continua, es “heredera de todo un proceso de movilización” que consiguió tumbar en años anteriores el tope del aumento del 0,25% para las pensiones y aplazar la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que obliga a recortar las prestaciones a medida que aumenta la esperanza de vida. “Esta es la primera movilización del año, pero nos tememos que no va a ser la última”, declara Moleón.

Ante un plan que “pretende iniciar un proceso de privatización y que mantiene la actual precariedad de las pensiones y la brecha de género”, la marea pensionista saldrá a la calle en decenas de localidades en todo el Estado español, siempre dentro de las limitaciones y precauciones que obliga la crisis sanitaria, aclara Ramón Franquesa, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE).

El plan de Escrivá supondría “un problema para los pensionistas actuales, porque la Seguridad Social tendría menos ingresos y también para los pensionistas del futuro porque si una parte se deriva a los fondos privados habrá menos dinero en el sistema y habrá recortes”, dice Ramón Franquesa, de COESPE

Para este economista, las recientes recomendaciones del Pacto de Toledo suponen un “salto cualitativo”. La derivación de cotizaciones de ciertas empresas hacia sistemas de pensiones privados, uno de los puntos más polémicos del plan, debilitaría el sistema público de pensiones: “Esto sería un problema para los pensionistas actuales, porque la Seguridad Social tendría menos ingresos y también para los pensionistas del futuro porque si una parte se deriva a los fondos privados habrá menos dinero en el sistema y habrá recortes”.

Otro de los puntos polémicos, la ampliación de los años cotizados de 25 a 35, no ha tardado en caerse, al menos por ahora, de la propuesta de reforma. Para Juan Cobo, del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), este punto, que no se contemplaba en las recomendaciones del Pacto de Toledo, no era más que una “distracción” para que no se hable de los aspectos “más graves” del plan de Escrivá: “Esta reforma va a potenciar a las pensiones privadas y quien no pueda pagarlo tendrá jubilaciones de miseria”.  

El plan de Escrivà contempla recortar las desgravaciones de los planes privados de pensiones, donde las comisiones son “inaceptablemente altas” y benefician principalmente a las rentas altas, según sus propias palabras. Al mismo tiempo, prevé aumentar las ayudas públicas a los planes colectivos privados vinculados a los centros de trabajo, unos planes de jubilación de empresa “complementarios” con el sistema público de pensiones. El objetivo de Escrivá es desarrollar estos planes privados de empresa para alcanzar a la mitad de la población ocupada en unos años.  

“Esta reforma va a potenciar a las pensiones privadas y quien no pueda pagarlo tendrá jubilaciones de miseria”, dicen desde el movimiento por las pensiones públicas de Andalucía

Para el movimiento pensionista, desviar fondos y cotizaciones del sistema público hacia fondos privados significa debilitar un sistema público de pensiones ya herido por la precariedad inherente del mercado laboral español.

El plan de privatización también supondría, según denuncia Franquesa, romper con “una herramienta que ha permitido mecanismos de solidaridad entre generaciones, territorios y personas diversas abriendo la puerta a que cada empresa negocie por su cuenta cómo se salva”.

En un manifiesto conjunto, los movimientos de pensionistas muestran un “rechazo frontal a la sustitución complementaria del sistema público de pensiones, por medio de los planes privados de empresa, vía convenios, con soporte de dinero público y apoyo gubernamental y a costa de los ingresos de la Seguridad Social, debilitando seriamente la caja única de las pensiones”.

El plan de privatización también supondría, según denuncian desde COESPE, romper con “una herramienta que ha permitido mecanismos de solidaridad entre generaciones, territorios y personas diversas abriendo la puerta a que cada empresa negocie por su cuenta cómo se salva”

Según argumentan, “con el falso argumento de que existe el peligro de desequilibrio financiero de las pensiones públicas, se intenta dinamitar el Sistema Público de Pensiones con la complicidad de determinados agentes sociales con intereses económicos en estos planes privados”.

Además de la eliminación de esta apuesta por los planes privados colectivos de empresa, la marea pensionista reclama que se garantice por ley la revalorización de las pensiones, que se deroguen las reformas del sistema de pensiones de 2011 y 2013, así como las reformas laborales de 2010 y 2012, ya que la precariedad salarial se transforma en la precariedad de las cuentas de la Seguridad Social y de las personas pensionistas. 

La brecha de género es otro de los problemas que ni el Pacto de Toledo ni la reforma de Escrivá tienen en cuenta, según denuncia Marisa Gadea, coordinadora por Bizkaia del movimiento pensionista. “En 20 de las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo se olvidan de las mujeres y en la única en la que se acuerdan es para encasillarnos como cuidadoras, pero no dan ninguna solución concreta. Se perpetúa en las pensiones la brecha salarial, con una diferencia del 35%”, dice.