Pensiones
La ley que promueve los planes privados de empleo de Escrivá vuelve a dividir a los socios del Gobierno

“No puede ser que sea este Gobierno el que inicie el camino hacia la privatización de las pensiones”, clamaban los pensionistas este 6 de abril a mediodía. De fondo, un Congreso que había sido teñido de rojo unas horas antes por la Rebelión Científica para denunciar la inacción gubernamental frente a la crisis climática. El movimiento pensionista se concentraba este miércoles por razones muy diferentes: para mostrar su oposición al proyecto de Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2021 y que acaba de pasar el primer trámite parlamentario.

Sin embargo, señalan desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), gracias a la movilización de los pensionistas varios aliados del Gobierno han presentado enmiendas parciales al proyecto de Escrivá que recogen buena parte de sus posiciones. El debate de la ley “no va ser un paseo triunfal para Escrivá y el poder financiero”, declaran.

El macrofondo de pensiones privadas de Escrivá detraerá millones de euros del sistema público

Martín Cúneo

2

Pensiones

El negocio de las pensiones El macrofondo de pensiones privadas de Escrivá detraerá millones de euros del sistema público

Martín Cúneo

2

Por cada trabajador que se adhiera a los planes privados de empleo, la Seguridad Social recibirá 400 euros menos al año. El movimiento pensionista clama contra un plan que debilita el sistema público de pensiones y derivaría, en el caso de tener éxito, miles de millones de euros a las grandes entidades financieras privadas.

Planes de pensiones de empleo La apuesta de Escrivá que lleva a la privatización de las pensiones públicas

Cuando se cumplía un mes del inicio de la guerra de Ucrania, el 24 de marzo, una votación pasó inadvertida entre titulares sobre el conflicto con Rusia, los paros en el transporte y los altos precios de la energía. Ese día, el Gobierno reunía los votos necesarios para seguir con la ley de promoción de los planes de pensiones de empleo, una apuesta del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, con el que pretende crear un fondo de planes de pensiones de empleo promovido por el Estado, acordado entre sindicatos y empresas, y gestionado por las grandes entidad financieras privadas para crear un ingreso complementario a las pensiones públicas. 

La principal crítica a este plan es que detrae ingresos a la Seguridad Social en una estrategia que las plataformas de pensionistas identifican dentro de un plan más amplio para el “desmantelamiento progresivo del sistema público de pensiones”, paso necesario para que los planes privados terminen de despegar en España

Según lleva denunciando el movimiento pensionista desde que Escrivá anunció su propuesta, este plan de pensiones público-privadas “solo favorecerá a las rentas altas”, aquellas que tienen capacidad de ahorro, y a la “oligarquía financiera”, capitalizada con miles de millones de euros procedentes de los planes de pensiones, fuente de financiación de los más grandes fondos de inversión, como es el caso del mayor de ellos, Blackrock. Pero eso no es todo. La principal crítica a este plan es que debilita el sistema público de pensiones en una estrategia que las plataformas identifican dentro de un plan más amplio para el “desmantelamiento progresivo del sistema público de pensiones”, paso necesario para que los planes privados terminen de despegar en España. 

Estas críticas del movimiento pensionista son compartidas por buena parte de los socios de izquierda del Gobierno —BNG, ERC, EH Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís—, que votaron el pasado 24 de marzo a favor de devolver el texto al Gobierno. Sin embargo, en una nueva combinación de alianzas improbables, PSOE y Unidas Podemos votaron junto con PP, Vox, Ciudadanos y PNV y consiguieron los votos necesarios para seguir tramitando la ley y enmendarla con las aportaciones de los grupos parlamentarios. 

Desde el BNG, partido que impulsó la enmienda a la totalidad, señalan que el plan de Escrivá implica la “sustitución del sistema público por uno de capitalización bajo gestión privada” y critican que los esfuerzos se pongan en mejorar las fórmulas de ahorro privado y no en fortalecer las pensiones públicas. 

El plan de Escrivá —que “en absoluto menoscaba” los ingresos de la Seguridad Social, según el propio ministro— prevé ahorrar a los empresarios el pago a la Seguridad Social de hasta 400 euros anuales por cada trabajador afiliado a estos planes de ahorro complementarios

En el debate parlamentario, el diputado de ERC Jordi Salvador denunciaba el despliegue de ayudas públicas para “potenciar un producto financiero” privado y el diputado de EH-Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo cuantificaba ese apoyo público y el dinero que dejaría de ingresar la Seguridad Social con el plan Escrivá: las exenciones fiscales supondrían pérdidas para el Estado de 830 millones de euros y, en caso de que el plan funcione como espera el ministro de Seguridad Social, podría llegar a suponer un agujero de hasta 4.000 millones de euros. 

El plan de Escrivá —que “en absoluto menoscaba” los ingresos de la Seguridad Social, según el propio ministro— prevé, además de las desgravaciones fiscales, ahorrar a los empresarios el pago a la Seguridad Social de hasta 400 euros anuales por cada trabajador afiliado a estos planes de ahorro complementarios. 

“Innecesario y peligroso”

Según las enmiendas parciales presentadas por Esquerra Republicana el 30 de marzo, resulta “innecesario y peligroso” crear un fondo de promoción pública gestionado por el sector privado, “en la medida que puede significar la vía de acceso a un sistema de pensiones mixto, donde las pensiones públicas de todos los trabajadores no resulten suficientes para tener acceso a una vejez digna”. 

Como contraste, dicen desde ERC, la aprobación de este plan “supondría proporcionar a la banca y al capital financiero una puerta de entrada a la competencia directa del sector financiero privado con respecto al sistema público de la Seguridad Social”. Según el texto de enmiendas de este partido catalán, la propuesta “supone un paso más en el camino de recorte de las pensiones públicas en favor de los planes de pensiones privados, aunque sean colectivos”. 

“Como resulta evidente, cualquier importe que los empresarios dejen de ingresar en virtud de cotizaciones sociales inevitablemente generará una reducción de ingresos a la Seguridad Social”, dice ERC en las enmiendas presentadas

Esta formación también ataca las ventajas fiscales previstas por la ley para incentivar un tipo de ahorro privado sin apenas implantación en España, en especial la exoneración de pagos a la Seguridad Social para los empresarios que negocien para sus trabajadores estos planes complementarios: “Como resulta evidente, cualquier importe que los empresarios dejen de ingresar en virtud de cotizaciones sociales (que constituyen pura y simplemente un salario diferido de los trabajadores que las generan) inevitablemente generará una reducción de ingresos a la Seguridad Social”. En un sistema de reparto como el español, la disminución de ingresos a la caja única, continúan, “repercutirá a su vez en la reducción de las bases de cotización y, por lo tanto, de las futuras pensiones”. 

Unidas Podemos coincide con ERC en este último punto en sus propias enmiendas parciales presentadas también el 30 de marzo. UP propone, al igual que el partido catalán, la supresión de la disposición donde se recoge la exclusión de cotización a la Seguridad Social por un importe mensual de 115 euros por cada trabajador trabajador incluido en estos planes, una medida que se traduciría en 400 euros menos por año para las arcas de las pensiones públicas. Para UP, resulta contradictorio que, por un lado, el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional pretenda aumentar las cotizaciones sociales para financiar las pensiones públicas y, por otro, “se recuperen medidas que implican una reducción de ingresos para el sistema público de pensiones”. 

En las enmiendas presentadas, el socio principal del PSOE añade que este “privilegio de exención se daría en favor exclusivamente de las rentas del trabajo más altas, con mayor capacidad marginal de ahorro, que son los que normalmente tienen acceso a planes de pensiones complementarios”. Estas exoneraciones son uno de los puntos principales de la reforma de Escrivá. De hecho, las principales críticas de los partidos de derecha y las patronales se dirigen a la falta de incentivos para que este plan triunfe.

Sea como sea, la ley debe estar aprobada antes del 30 de junio. Así lo exige la Comisión Europea para liberar el siguiente tramo de ayudas Next Generation. Para ello, no podrán contar con sus socios de izquierda, salvo con Unidas Podemos, que tampoco está dispuesto a apoyar una de las principales disposiciones del plan Escrivá

Tanto PP, Vox como Ciudadanos consideran que el plan Escrivá se queda corto en exenciones y han cuestionado el alcance de los incentivos propuestos, especialmente cuando la situación de inflación que roza las dos cifras desaconseja cualquier tipo de ahorro, incluido este los planes de pensiones de empresa, según el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón. También centraron sus críticas al apoyo de los planes privados de empresa frente a los planes de pensiones individuales, que han sido castigados fiscalmente en los últimos presupuestos y en la ley en trámite frente a los planes colectivos.

Sea como sea, la ley debe estar aprobada antes del 30 de junio. Así lo exige la Comisión Europea para liberar el siguiente tramo de ayudas Next Generation. Para ello, no podrán contar con sus socios de izquierda, salvo con Unidas Podemos, que tampoco está dispuesto a apoyar una de las principales disposiciones del plan Escrivá. El Gobierno de Sánchez tendrá que buscar, al igual que en la votación de la Reforma Laboral, apoyos en los partidos de derecha. Esta vez, sin los votos de PP, Vox y Ciudadanos tendrá muy difícil tener lista la ley que pide Europa antes de terminar el curso.