Pensiones
El Congreso aprueba la primera ronda de la reforma de las pensiones

La Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones ha sido aprobada este jueves en el pleno del Congreso. Se trata de la primera parte de la reforma de las pensiones, uno de los deberes pendientes del Gobierno para liberar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La reforma, impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha contado con el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios y de la patronal en casi todos los puntos salvo en el último en conocerse: la subida del 0,6% en las cotizaciones. La reforma no ha gustado, sin embargo, al movimiento pensionista, que exige participar en las decisiones que les afectan directamente.

Las plataformas de pensionistas muestran su oposición a una reforma que no resuelve los principales problemas sino que “los aplaza”, mientras continúa por otros medios con la filosofía de las reformas de 2011 y 2013

Desde que se conocieron los primeros borradores, las plataformas de pensionistas mostraron su oposición a una reforma que no resuelve los principales problemas sino que “los aplaza”, mientras continúa por otros medios con la filosofía de las reformas del PSOE en 2011 y del PP en 2013: alargar la vida laboral, reducir las prestaciones y abrir la puerta del negocio de las pensiones a los bancos y fondos de inversión.

Pensiones sí, con solidaridad fiscal

Santiago González Vallejo

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Pensiones sí, con solidaridad fiscal

Santiago González Vallejo

La necesidad de más recursos para lograr la suficiencia del sistema no se pone en duda. La cuestión planteada es cómo lograr esa suficiencia.

“No existe un problema serio con las pensiones”, declaraba Escrivá el 29 de noviembre. Sin embargo, a continuación admitía que el retiro de la generación nacida entre 1957 y 1977 generará “tensiones temporales”. Gran parte de la actual reforma, al igual que las dos anteriores, está destinada a mitigar ese previsible impacto en las cuentas de la Seguridad Social.  

La solución del PP en 2013 al déficit de la Seguridad Social —provocado también por la cifras de paro y precariedad laboral y agravado por el vaciado de la hucha de las pensiones— fue desvincular las pensiones del IPC y limitar su aumento al 0,25% anual. También lo fue el famoso Factor de Sostenibilidad. Este mecanismo iría reduciendo la pensión a medida que aumentara la esperanza de vida. La reforma de Escrivá deroga formalmente estas dos medidas, aunque de facto el movimiento pensionista ya había conseguido tumbarlas desde la calle en 2018. Gracias a la marea pensionista, el Factor de Sostenibilidad nunca llegó a aplicarse.

Este 1 de diciembre, diversas plataformas de pensionistas se manifestaban para protestar contra la reforma de Escrivá y señalar que el aumento del 2,5% que se aplicará en 2022 está muy lejos del IPC real acumulado, que en noviembre ya era de 5,6%

La muerte oficial del 0,25% no ha sido celebrada por la plataforma de pensionistas: la fórmula de calcular el IPC no refleja adecuadamente, según sostienen, el aumento del coste de vida. Este 1 de diciembre, diversas plataformas de pensionistas se manifestaban para protestar contra la reforma de Escrivá y señalar que el aumento del 2,5% que se aplicará en 2022 —extraído de la media del IPC anual— está muy lejos del IPC real acumulado, que en noviembre ya había trepado hasta el 5,6%. Para estos colectivos también es imprescindible aumentar las pensiones mínimas y tomar medidas más contundentes para acabar con la brecha de género en las pensiones.

Entre las grandes novedades de la reforma de Escrivá, el Factor de Sostenibilidad será reemplazado por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que se concreta en una subida del 0,6% en las cotizaciones entre 2023 y 2032. Para Ramón Franquesa, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), se trata de una medida “sensata”, aunque insuficiente para cubrir el déficit de la Seguridad Social. Una preocupación también compartida por el Banco de España, que estima que las medidas lanzadas por el Gobierno no bastan para cuadrar las cuentas y advierte que son necesarias “medidas adicionales”. 

La apuesta de Escrivá que lleva a la privatización de las pensiones públicas

Martín Cúneo

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Planes de pensiones de empleo La apuesta de Escrivá que lleva a la privatización de las pensiones públicas

Martín Cúneo

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El Gobierno prepara una ley para promover los planes de pensiones de empleo, un modelo que solo puede crecer a costa de un debilitamiento de las pensiones públicas.

Una posibilidad que ya está contemplada en la ley en el caso de que falte dinero para pagar las pensiones. Para Franquesa esto supone un precedente peligroso: “Cómo va a haber déficit ya se está diciendo que habrá un mecanismo, pero esta vez no será un mecanismo impuesto por el PP sino algo que habrá aceptado todo el mundo”. Las intenciones de Escrivá de crear un macrofondo de pensiones de empresa avaladas por el Estado y gestionadas por empresas privadas han quedado fuera del diálogo social, pero no de la agenda del Gobierno: el Consejo de Ministros del 23 de noviembre aprobó el anteproyecto de ley con el que pretende multiplicar el número de personas que está cubierto con planes privados de empleo.

“Lo que hace falta en España es un cambio cultural que favorezca carreras laborales más largas para quien lo desee”, dijo Escrivá. Unas declaraciones que no cuadran con la mayor tasa de desempleo juvenil en la OCDE

En el caso de que salga adelante esta propuesta, “el desvío de los ingresos a este macrofondo agravará el déficit de la Seguridad Social”, advierte Franquesa. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional no soluciona el problema, solo lo aplaza, denuncia. Para el Movimiento de Pensionistas de Madrid se trata de una “medida electoralista”, que “supone pan para hoy y hambre para mañana”. 

La pensión mínima de 1.080 euros, una auditoría del “saqueo de la hucha de las pensiones”, el blindaje de las pensiones en la Constitución para que “no sea una moneda de cambio” o la mejora de la cuantía de las pensiones de viudedad son otras demandas del movimiento pensionista no recogidas en la reforma de Escrivá. La separación de las fuentes de financiación —quitando las que son “impropias” de la Seguridad Social para reducir su déficit— o la pensión de viudedad para las parejas de hecho son algunos de los aspectos de la reforma que han recibido más apoyo de diversos actores sindicales y sociales. 

Cómo acabar de una vez por todas con las pensiones públicas

Martín Cúneo

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Cómo acabar de una vez por todas con las pensiones públicas

Martín Cúneo

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Bancos y aseguradoras trabajan para transferir los ingentes ahorros de la población española al sector privado.

Trabaja, trabaja, trabaja

“Lo que hace falta en España es un cambio cultural que favorezca carreras laborales más largas para quien lo desee”, decía recientemente Escrivá. Unas declaraciones que no cuadran con el hecho de que España sea el país con la mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE, con más del 30% de la población joven en el paro. O con los problemas de acceso a la vivienda que sufre el 62% de la población joven. O con el 6% de paro de larga duración, que afectan sobre todo a los mayores de 50 años.

La ley aprobada por el Congreso va por el camino contrario al de repartir trabajo y crear oportunidades para quienes tienen dificultades para entrar en el mercado laboral. Con la reforma de Escrivá se endurecen las condiciones para la jubilación anticipada, aún para aquellas personas que llevan trabajando más de 40 años. Con una batería de incentivos y penalizaciones, la ley pretende acercar la edad real de jubilación —64,6— a la legal —66 para aquellos que han cotizado menos de 37 años—.

La ley va por el camino contrario al de repartir trabajo y crear oportunidades para quienes tienen dificultades para entrar en el mercado laboral. Con esta reforma se endurecen las condiciones para la jubilación anticipada, aún para aquellas personas que llevan trabajando más de 40 años

A partir del 1 de enero de 2022, se reforzarán los coeficientes reductores con los que se calcula la pensión en los casos de jubilación anticipada, a la vez que se establece un incentivo al retraso de la jubilación con un incremento del 4% por año de retraso frente al 2% actual. La reforma también prohíbe las jubilaciones forzosas en los convenios colectivos para menores de 68 años.

Con estas medidas para alargar la vida laboral, la ley de Escrivá sigue el camino que abrió la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero aprobada a principios de 2011 y que retrasaba la edad de jubilación año a año, hasta llegar a los 67 años en 2027, un objetivo que se mantiene intacto en la actual ley.

La segunda ronda de la reforma de las pensiones comenzará en 2022 y tratará sobre el impulso al macrofondo de pensiones de empleo, la cotizaciones de los autónomos proporcional a sus ingresos o la extensión del cómputo de años para el cálculo de las pensiones a 35 años.