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El diputado número 8 de Junts: cómo la patronal más antigua de Europa cotiza en el Congreso

El 28 de abril, el Congreso de los Diputados dio sepultura al Real Decreto-ley 8/2026. La norma había entrado en vigor cinco semanas antes con el objetivo de proteger a los tres millones de personas cuyo contrato de alquiler vence antes de finales de 2027: una prórroga de dos años al mismo precio y un tope del 2% en la actualización de las rentas. El Real Decreto era apenas un cortafuegos frente a la hoguera que es el mercado del alquiler en este país. No importó. PP, Vox y Junts sumaron 177 votos en contra y lo liquidaron.

El ministro Pablo Bustinduy lo resumió desde la tribuna con una pregunta que dejó en el aire: “Ustedes elegirán qué intereses defienden y de qué lado se ubican”. Y Junts eligió, como llevaban semanas anunciando que harían. Un voto perfectamente coherente con los intereses de Foment del Treball —la patronal más antigua de Europa y la principal confederación empresarial de Cataluña—, cuyas vinculaciones orgánicas con el llamado mundo “posconvergente” vienen de lejos.

El presidente que nunca dejó de ser diputado de CiU

Josep Sánchez Llibre preside Foment del Treball desde 2018. Antes fue diputado en el Congreso por Convergència i Unió durante seis legislaturas consecutivas —desde 1993 hasta 2015— y diputado en el Parlament de Catalunya en otras dos. Fue también la mano derecha de Josep Antoni Duran i Lleida, el histórico líder de Unió Democràtica de Catalunya. En 1987 entró en el comité de gobierno de UDC y no salió hasta la disolución del partido. Tres décadas de política convergente-democristiana convertidas en agenda patronal.

Sánchez Llibre llegó a la presidencia de Foment prometiendo alejar la institución de la política. El propio código ético de la patronal reza que actuará “con plena independencia de cualquier poder público, partido político o agente económico o social”, aunque la realidad es algo más matizada: cuando llegó a la presidencia, no tardó en rodear el despacho con personas de su confianza política.

Cuando Junts justificó su voto contra el decreto del 28 de abril, utilizó exactamente el mismo argumento que lleva años repitiendo Foment junto a la APCE

Solo en la estructura ejecutiva de la patronal —quince personas—, al menos cuatro de ellos provienen de la antigua CiU. Entre ellos, Jordi Casas, actual Asesor de Presidencia, fue diputado durante tres legislaturas por UDC en el Congreso, y entre 2011 y 2013 fue el Delegado de la Generalitat de Catalunya en el Congreso; Benet Maimí, el actual director de Relaciones Institucionales y Área de Negocio, fue diputado por CiU en el Parlament de Catalunya durante tres legislaturas; y Salvador Sedó, que fue diputado por Unió Democrática en el Parlamento Europeo durante 2011 y posteriormente senador por el mismo partido (2014-2016), es el actual Director de Desarrollo Sostenible, Seguridad y Defensa de Foment. Un arco parlamentario reconvertido en patronal.

El fichaje de Junts

Si la estructura ejecutiva tiene el ADN de Unió, el Consell de Presidència —el órgano asesor del presidente— es donde Sánchez Llibre ha construido su puente con Junts.

En noviembre de 2022, Foment fichó a Elsa Artadi como consejera de presidencia. El cargo no tiene retribución económica, pero sí tiene influencia: su función es “asesorar y hacer propuestas concretas para las acciones de la patronal”. Artadi había sido consellera de Presidència de la Generalitat con Carles Puigdemont, portavoz del gobierno de Quim Torra, y líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona. Una de las personas de mayor confianza de Puigdemont durante los años más intensos del procés. El fichaje se produjo semanas después de que dejara la política activa, alegando motivos personales.

El mismo día, Foment incorporó también a Josep Maria Guinart, exdiputado de CiU en el Congreso, y a Antoni Isac, exmilitante de UDC y exconseller de Justícia de la Generalitat. Tres meses más tarde, en febrero de 2023, se añadió Carles Mundó, exdiputado de ERC y exconseller de Justícia.

El sector inmobiliario tiene silla en la junta

Que la connivencia entre el poder político y el poder económico existe es un hecho que casi no requiere explicación, pero hacerlo contribuye a sin duda a dibujar este lazo que se mueve en ambas direcciones. En relación a la vivienda, el lobby inmobiliario tiene en Xavier Vilajoana un nombre propio. Vilajoana es presidente de la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), y ocupa una vocalía en la Junta Directiva de Foment del Treball. La APCE agrupa más de 500 grupos inmobiliarios que representan a más de 1.000 empresas. Y su presidente tiene asiento en la mesa donde se toman las decisiones de Foment.

Desde la APCE han publicado informes conjuntos sobre vivienda, han comparecido juntos en ruedas de prensa, han enviado cartas conjuntas al gobierno de la Generalitat y han firmado declaraciones comunes con otras organizaciones del sector —ASVAL, CAFBL, COAPI— oponiéndose al control de rentas, a la regulación del alquiler de temporada y a cualquier medida que consideren interventora del mercado. Medidas que Sánchez Llibre ha llegado a tildar de “filocomunistas”.

Cuando Junts justificó su voto contra el decreto del 28 de abril, utilizó exactamente el mismo argumento que lleva años repitiendo Foment junto a la APCE: la regulación reduce la oferta, la intervención genera inseguridad jurídica, y lo que hace falta son incentivos fiscales a los propietarios. La portavoz Míriam Nogueras lo enunció con convicción desde la tribuna: cinco años de políticas de vivienda del gobierno han subido los precios un 19%, reducido los contratos un 36% y hundido la oferta un 60%. La solución, según Junts, es fiscalidad amable para caseros y promotores, no topes ni prórrogas. El argumentario de Foment del Treball expresado desde la tribuna del Congreso

Las exigencias que Junts puso sobre la mesa para negociar un nuevo decreto —deducciones fiscales por compra y renovación, incentivos a los propietarios, desregulación urbanística— son medidas que benefician estructuralmente al sector promotor e inmobiliario. Las mismas que la APCE reclama desde su asiento en la Junta Directiva de Foment.

Igual la frase más certera ante el voto negativo de Junts a la prórroga de los precios de alquiler la pronunció la portavoz del PSC Lluïsa Moret, (cuyo partido se ha cuidado históricamente de no entrar en confrontación directa con Foment del Treball), cuando dijo en rueda de prensa que “le pediríamos al señor Sánchez Llibre que deje de hacer de diputado número 8 de Junts”.

Era, claro está, una crítica a Foment. Pero también era la descripción más precisa del funcionamiento real del poder: una patronal construida sobre los restos de CiU y con cuadros de Junts que defiende los intereses del sector inmobiliario, y un partido que en el Congreso vota exactamente lo que esa patronal necesita.