Opinión
La condonación de deuda autonómica no “beneficia a los que peor han gestionado”, sino a la mayoría de la gente

El martes se aprobó el mecanismo para que el Gobierno central condone y absorba parte de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que libraría a los gobiernos autonómicos de una gran carga presupuestaria que podría ser utilizada en los servicios públicos que, en su mayoría, son competencia autonómica. La quita de la deuda y la absorción por parte de la administración central ofrece beneficios económicos que ya se explicaron en otro artículo hace casi dos años, pero lo que pretendemos analizar en este texto es la “lógica” de que Núñez Feijóo y su espadachín Tellado hayan anunciado que sus presidentes autonómicos no aceptarán la quita. Ha sido este último el que ha repetido en varias entrevistas esa línea argumental de que la condonación de la deuda “beneficia a los que peor han gestionado”. 

Esa política de pura oposición practicada de forma continúa por el Partido Popular está rozando lo verdaderamente absurdo con el tema de la condonación de la deuda. La primera premisa sin sentido de este razonamiento es creer que son los gestores, algunos de ellos ya incluso fuera de la política, los que van a sufrir o beneficiarse de la alta o baja deuda pública. ¿Alguien piensa que la vida de Susana Díaz, Francisco Camps o de Jordi Pujol va a cambiar o resentirse un mínimo si se condona o no la deuda que generaron sus gobiernos? Si no se perdona la deuda, ¿van a sufrir ellos en sus propias carnes los recortes en servicios públicos que podría producir esa carga presupuestaria de deuda e intereses? ¿Creéis que alguien, hoy en día, les señalará por esos recortes en las comunidades autónomas donde ya no gobiernan?

Es absurdo tener en mente a los gobernantes del pasado a la hora de decidir si se debería ejecutar o no una medida económica que favorecerá a la mayoría de la población en el futuro

Seguramente, las tres figuras que he tomado como ejemplo ni tan siquiera usen la sanidad pública, ya no digamos que a estas alturas se les vaya a pedir explicaciones si la deuda sigue pesando sobre las cuentas públicas o se les vaya a premiar de alguna forma si la quita de la deuda se materializa finalmente. Es absurdo tener en mente a los gobernantes del pasado, tal y como el PP pretende hacer en sus discursos de oposición, a la hora de decidir si se debería ejecutar o no una medida económica que favorecerá a la mayoría de la población en el futuro. 

Pero vayamos un poco más allá en la perversa (y absurda) lógica que está siguiendo los de Feijóo y pensemos en quién sufre las consecuencias de esa deuda acumulada, quién se podría aprovechar de la condonación y quiénes podrían sacar rendimiento político de todo ello. Tomemos varios ejemplos de regiones gobernadas por el PP: Andalucía, Extremadura, Galiza y Castilla y León. 

Andalucía y la deuda del PSOE andaluz

El primer ejemplo que analizaremos y uno de los más significativos es el de Andalucía. El partido que acumuló más deuda en dicha región fue el PSOE, tanto en cifras totales como en porcentaje del PIB andaluz. En 2008, la deuda andaluza ascendía a 7.177 millones de euros, que correspondían al 4,8% de su PIB. Cuando Moreno Bonilla ganó sus primeros comicios a finales de 2018, la deuda había alcanzado 35.429 millones, un 21.9% del PIB andaluz. El PSOE de Chaves, Griñán y Díaz multiplicó por más de cuatro veces el pasivo andaluz en tan sólo una década. El Gobierno central, con el mecanismo aprobado esta semana, ofrece a Andalucía una quita de 18.791 millones de euros, la mayor cifra total de entre todas las comunidades, incluso mayor que lo que se le ha ofrecido a Catalunya. 

Si Moreno Bonilla no acepta la quita de la deuda, los castigados no serán Susana Díaz o José Antonio Griñán, sino las y los andaluces

Es decir, la quita de la deuda que el Gobierno ofrece al PP andaluz eliminaría parte de la deuda que no fue acumulada por el actual gobierno y los de Moreno Bonilla podría usar todos esos recursos económicos liberados en necesarias inversiones en sanidad, educación u otras inversiones sociales tan necesarios en una región que ha visto sus servicios públicos mermados. Si Moreno Bonilla no acepta la quita de la deuda, los castigados no serán Susana Díaz o José Antonio Griñán, sino las y los andaluces. Unos andaluces que ya castigaron al PSOE arrebatándole uno de sus principales feudos en 2018, premiando al Partido Popular de Moreno Bonilla. 

Esa población andaluza no se merece a un presidente que ahora se niega a que sus votantes no se quiten de encima la deuda de aquellos políticos que sí que expulsaron de las instituciones. Si cambiaron de gobierno es para que las cosas cambien, no para que el PP siga castigando a los servicios públicos andaluces por simple y absurda oposición al Gobierno central. ¿Y si hablamos de quién puede sacar rédito político de esto? Los andaluces no van a señalar a Susana Díaz si hay recortes siete años más tarde de que las y los andaluces castigaran en las urnas al PSOE andaluz. Quien será señalado por no invertir en más en servicios públicos será el actual gobierno del PP, el mismo que ahora dice que no quiere quitarse de encima la deuda generada por el PSOE andaluz. No tienen ninguna lógica.

Extremadura y una deuda bipartidista

Otro ejemplo mixto, por llamarlo de alguna forma, podría ser el de Extremadura. La deuda autonómica fue acumulada tanto por el PSOE como por el PP en distintas etapas. Entre 2011 y 2015, el PP aumentó la deuda desde los 1.830 millones de euros y un 11% del PIB extremeño a los 3.576 millones y cerca de un 20% de su PIB con el que cerró el año en el que el las y los extremeños castigaron a los populares en las urnas y entró el PSOE. Por su parte, los socialistas extremeños cogieron esas cifras y entre sus dos mandatos las elevaron hasta superar los 5.300 millones y alcanzar un 21,4% del PIB, antes que los votantes volvieran a colocar al PP al frente de las instituciones autonómicas.

Los castigados por un peso de la deuda que merma la capacidad presupuestaria para cubrir las necesidades públicas son las y los extremeños, no los políticos del pasado

El Gobierno central ha ofrecido a Extremadura una quita de 1.718 millones de euros, cerca de un tercio de la deuda total de la comunidad. Volvemos a las mismas preguntas, ¿alguien puede creer que si María Guardiola rechaza la quita que le ofrecen se está castigando a los antiguos gestores? Si esos gestores irresponsables son tanto del PSOE como del partido que vuelve a gobernar en la actualidad, ¿qué sentido tiene que el PP no quiera aceptar la quita para no “beneficiar a los que peor han gestionado”, como defiende Tellado? Lo único que va a ocurrir es, una vez más, que los castigados por un peso de la deuda que merma la capacidad presupuestaria para cubrir las necesidades públicas que son competencia de los gobiernos autonómicos son las y los extremeños, no los políticos del pasado.

Galiza y la deuda del “buen gestor” Feijóo

Tratemos un último ejemplo que, posiblemente, muestra mejor que ninguno lo absurdo de la estrategia del Partido Popular: el feudo gallego de Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. Los populares llevan gobernando Galiza desde que Feijóo ganó en las urnas gallegas en abril de 2019. El ahora líder de la oposición, el mismo que promete arreglar la economía española y la deuda pública estatal con su supuestas dotes para la gestión, agarró una deuda de unos 4.000 millones de euros y de algo menos del 7% del PIB. Cuando emprendió el viaje a Madrid para su aventura estatal, la deuda gallega superaba los 11.700 millones de euros y había aumentado hasta el 18% del PIB gallego. 

El Gobierno ofrece a Galiza una condonación de más de la mitad de la deuda que acumuló el propio Feijóo y es el propio Feijóo quien se niega a que Rueda lo acepte

Es decir, Núñez Feijóo fue el gestor que casi triplicó la deuda gallega y ahora, el propio Feijóo, no quiere que se le “premie” con una quita de su deuda. Su predecesor, Alfonso Rueda, tiene ahora que lidiar con una carga autonómica sobre sus presupuestos que es culpa de su propio partido. El Gobierno central le ha ofrecido una quita de 4.010 millones de euros, o sea el Gobierno ofrece a Galiza una condonación de más de la mitad de la deuda que acumuló el propio Feijóo y es el propio Feijóo quien se niega a que Rueda lo acepte.

¿Castiga a los malos gestores gallegos que no se acepte la condonación? Ojalá. Pero si las urnas siguen mostrando que los gallegos prefieren al PP incluso cuando Feijóo triplicó la deuda, pues no creo que les vayan a castigar ahora. ¿Qué lógica tiene que Feijóo no quiera que se le premie a él mismo, a Rueda y a las y los gallegos? Absolutamente ninguna ¿Quién se va a ver perjudicado y castigado si no se acepta la quita de la deuda? Las y los gallegos, que perderán la oportunidad de que la Xunta tenga más recursos económicos para invertir en servicios públicos que son competencia autonómica. 

Castilla y León, Mañueco y la “falta de recursos contra los incendios”

Exactamente el mismo ejemplo gallego lo podríamos extrapolar a la comunidad autónoma que ha recortado las partidas de prevención de incendios en un 90% en los últimos 13 años: la Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. La comunidad lleva gobernada por el PP desde que se instauró la actual democracia. En los últimos 15 años, la deuda castellanoleonesa ha aumentado desde los 3.227 millones de euros, un 5,9% de su PIB, hasta los 14.239 millones y casi un 19% de su PIB que debe a cierre de 2024.

Que el gobierno autonómico de Mañueco siga las indicaciones de Feijóo y rechace la quita de deuda, tan solo castigará a las y los castellanoleoneses

¿Qué sentido tiene que Mañueco reniegue de la quita de 3.643 millones que el Gobierno central le ha ofrecido cuando se queja de que no tiene suficientes medios para luchar contra los incendios? Absolutamente ninguna. Esa condonación de la deuda autonómica podría liberar recursos necesarios para que Castilla y León esté preparada para afrontar la época veraniega de incendios. Que el gobierno autonómico de Mañueco siga las indicaciones de Feijóo y rechace la quita de deuda, tan solo castigará a las y los castellanoleoneses.

En resumen, a los políticos no se les castiga manteniendo las deudas que crearon sobre las espaldas de los ciudadanos que un día gobernaron, sino que son esos ciudadanos quienes deben castigarlos en las urnas o, si esa deuda se acumuló de forma ilegal, deben ser los jueces quienes tomen las medidas oportunas contra dichos políticos. No aceptar esa condonación de deuda solo trae consecuencias negativas sobre aquella parte de la población que usa y necesita los servicios públicos. La negativa sólo castiga a la población y, en cierto modo, a los políticos que gobiernan en la actualidad, pero nunca a los políticos del pasado.

La única lógica que justifica la estrategia del PP es que quieran castigar a los ciudadanos de las regiones donde les han votado para seguir favoreciendo a las empresas que se aprovechan del desmantelamiento de los servicios públicos

Otra duda que me nace con esta estrategia del Partido Popular, que a simple vista parece tan absurda, es si realmente los de Feijóo lo que no quieren es obtener ese rédito político que te puede aportar liberar un mayor presupuesto para servicios públicos en manos de sus gobiernos autonómicos. Es decir, parece que los barones del PP no quieran que se les condene la deuda porque realmente no quieren mejorar los servicios públicos de sus ciudadanos, sino que quieran que se sigan pauperizado allá donde gobiernan para tener la excusa perfecta para seguir privatizando, externalizando y dando más espacio a las empresas privadas. Es decir, la única lógica que justifica la estrategia del PP es que quieran castigar a los ciudadanos de las regiones donde les han votado para seguir favoreciendo a las empresas que se aprovechan del desmantelamiento de los servicios públicos.