Paraguay
La lucha por la tierra prometida en Paraguay: esperanza campesina frente al poder narco y la desigualdad

Por décadas, Paraguay ha sido escenario de un conflicto silencioso pero persistente: el acceso a la tierra. En un país donde la concentración de la propiedad rural es una de las más altas del continente, miles de familias campesinas reclaman un derecho básico para sobrevivir: un lugar donde producir alimentos y construir futuro. Esta lucha —histórica y profundamente desigual— volvió a la escena nacional el pasado viernes 5 de diciembre, cuando una caravana de familias de San Pedro intentó llegar a la estancia Lucipar, un terreno de 11.000 hectáreas confiscado al narcotraficante brasileño “Cabeça Branca”. El episodio terminó en represión, heridos y decenas de detenidos. Pero detrás de esas imágenes hay una historia más grande: la disputa entre comunidades campesinas, el agronegocio, el narcotráfico y el propio Estado paraguayo.

El episodio se produjo en vísperas del Día de la Virgen de Caacupé —la mayor festividad religiosa del país—. Cientos de familias iniciaron un recorrido de varios kilómetros desde distintos distritos del Departamento de San Pedro. Llegaron en camiones, motos y viejas camionetas Ford cargadas de víveres, colchones y pertenencias. Al frente iba una réplica de la Virgen de Caacupé, símbolo espiritual y cultural de las comunidades rurales.

Estas familias llevan seis años solicitando al Estado que las tierras incautadas al narcotráfico se destinen a la reforma agraria, en lugar de ser rematadas

Era una movilización masiva, pero también profundamente familiar. Entre quienes avanzaban estaba Luis, de apenas tres años, en brazos de su madre; su hermana, un poco mayor, viajaba con el padre. Muchos niños viajaban en la caravana entre banderas paraguayas, bajo un sol implacable, acompañando a sus padres en la búsqueda de algo que en Paraguay se convierte cada vez más en privilegio: tierra para vivir y producir.

Estas familias llevan seis años solicitando al Estado que las tierras incautadas al narcotráfico —138.000 hectáreas administradas hoy por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)— se destinen a la reforma agraria, en lugar de ser rematadas.

Su reivindicación es sencilla: convertir tierras del narco en tierras para la vida.

Un territorio marcado por desigualdades extremas

Para entender esta demanda, es necesario entender la estructura agraria paraguaya. Según el último Censo Agropecuario, el 1% de los propietarios concentra más del 40% de la tierra productiva. La misma fuente indica que el 85% de los establecimientos rurales tiene menos de 20 hectáreas, insuficientes para sostener una economía agrícola familiar. En numerosos pueblos, una parcela de 10 hectáreas debe ser compartida por varias familias.

Esta desigualdad es el resultado de un proceso histórico que combina latifundios del siglo XIX, apropiaciones irregulares durante la dictadura de Alfredo Stroessner y la expansión, en las últimas décadas, del agronegocio sojero. A ello se suma una nueva fuerza: las redes del narcotráfico, que se apropian de territorios estratégicos y usan los mismos corredores logísticos que el agronegocio para mover mercaderías dentro y fuera del país.

En estas zonas, la frontera entre negocios legales e ilegales suele ser borrosa. La soja y la cocaína circulan por las mismas rutas hacia Brasil y Europa. Estancias, silos y pistas clandestinas se superponen, empujando a comunidades enteras hacia la migración interna o al extranjero.

La caravana campesina avanzó hacia la estancia Lucipar por un camino de tierra conocido como “corredor narco”, encabezada por el grupo “Lucipar ore mba’era” (“Lucipar será nuestra”)

La caravana campesina avanzó hacia la estancia Lucipar por un camino de tierra conocido como “corredor narco”, que conduce a la ciudad fronteriza de Capitán Bado, una ruta históricamente utilizada para el tráfico hacia la frontera con Brasil. Antes de llegar, las familias se reunieron en Santa Rosa del Aguaray, donde la plaza principal estaba rodeada por un despliegue policial inusual: patrulleras, camiones antimotines, hidrantes y un centenar de agentes.

Pese a la tensión, la caravana prosiguió. “Lucipar ore mba’era” (“Lucipar será nuestra”), fue el grito que encabezó la marcha. Sin embargo, al llegar a la entrada de la Estancia Toro Veve —propiedad de Pedro Galli, expresidente de la Asociación Rural del Paraguay— un retén policial bloqueó el paso.

La imagen fue contundente: la camioneta que transportaba a la Virgen logró avanzar, rompiendo parcialmente el cerco. Detrás, un camión cargado de personas dudó, retrocedió y en la maniobra chocó con un vehículo de prensa. Fue el punto de quiebre.

Los policías avanzaron con gases lacrimógenos, balines de goma y golpes.

Mujeres, ancianos y niños intentaron refugiarse detrás de los matorrales o cruzar alambradas. Quienes no pudieron escapar quedaron atrapados entre humo y calor. Las escenas fueron dramáticas: niños con los ojos irritados, personas esposadas en el suelo y ensangrentadas por los balines de goma y los golpes, familias separadas. Luis y su hermana lloraron al ver a su padre reducido por agentes; luego fueron trasladados con su madre a una comisaría. El informe policial reportó más de 40 personas detenidas.

Mientras se desarrollaba la represión, los principales medios paraguayos —propiedad de los grupos empresariales más influyentes del país— titularon la movilización como “invasión” o “violencia campesina”. Estos mismos conglomerados tienen intereses directos en el agronegocio y la concentración de tierras, y su posición editorial influye fuertemente en la opinión pública.

Desde 2021, con la aprobación de la Ley Zavala–Riera, la ocupación de tierra —históricamente una herramienta para acceder a la reforma agraria— pasó a ser un delito grave con penas elevadas, reforzando el enfoque represivo del Estado. Dirigentes de asentamientos emblemáticos están hoy con prisión domiciliaria o con órdenes de captura, como el líder campesino Elvio Benítez, quien llegó a la movilización escoltado por jóvenes de su comunidad.

El episodio de Lucipar no es un hecho aislado: es la consecuencia de un modelo de desarrollo que expulsa, acorrala y empobrece a miles de familias

El episodio de Lucipar no es un hecho aislado: es la consecuencia de un modelo de desarrollo que expulsa, acorrala y empobrece a miles de familias. En Paraguay, la tierra no es sólo un recurso económico; es la base de la vida comunitaria, la autonomía alimentaria y la permanencia en el territorio.

Mientras los sectores del agronegocio y las redes criminales ven en la tierra una plataforma de negocios altamente rentables, para las familias campesinas representa trabajo, identidad y futuro. Su lucha —rezagada, criminalizada y muchas veces invisibilizada— es también una disputa por el modelo de país.

El día termina sin que se sepa dónde dormirán quienes escaparon de la represión ni qué será de las familias separadas. Lo que sí queda claro es que la “tierra prometida” sigue lejos para ellos, aunque no dejan de caminar hacia ella.