Palestina
La ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal según la Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) considera que la ocupación de Israel en los territorios palestinos ocupados es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales de estos territorios y la imposición de leyes nacionales israelíes sobre los mismos, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al derecho Internacional.

La corte se ha pronunciado este viernes mientras prosigue el genocidio de la población palestina para declarar que las políticas de Israel con los asentamientos “equivalen a la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado”, lo que es contrario “a la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a la no adquisición de territorio por la fuerza”. Estas medidas no tienen carácter provisional y provocan efectos irreversibles, según la lectura pronunciada este viernes por el presidente del tribunal, Nawaf Salam.

La CIJ detalla de qué manera se produce esta ocupación ilegal de los territorios palestinos: mediante el mantenimiento y la expansión de los asentamientos, la construcción de infraestructura asociada y el muro de seguridad, la explotación de los recursos naturales, la proclamación de Jerusalén como capital de Israel, la aplicación integral de la ley interna israelí en Jerusalén Este y su amplia aplicación en Cisjordania. Todas estas medidas afianzan el control israelí de los territorios palestinos ocupados, en particular de Jerusalén Este y el Área C de Cisjordania, indica este organismo.

Existen “amplias pruebas de que Israel proporciona incentivos” a su población para que se traslade a los territorios palestinos, y que “Israel legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna”

La CIJ declara además que Gaza es parte integral del territorio ocupado por Israel en 1967, y forma una “única unidad territorial con Cisjordania y Jerusalén Este” y señala sobre la legalidad del Gobierno israelí en Cisjordania y Jerusalén Este que existen “amplias pruebas de que Israel proporciona incentivos” a su población para que se traslade a los territorios palestinos, y que “Israel legaliza regularmente los puestos de avanzada establecidos en desafío de su propia legislación interna”.

También señala que “La propiedad pública confiscada beneficia a la población civil de los colonos en detrimento de la población local, por lo que el tribunal concluye que las políticas territoriales de Israel no se ajustan a los artículos 46, 52 y 55 de las regulaciones de La Haya”.

La naturaleza de los actos de Israel, prosigue la corte, incluido el hecho de que Israel frecuentemente confisca tierras tras la demolición de propiedades palestinas para reasignarlas a asentamientos israelíes, indica que sus medidas no son de carácter temporal y, por lo tanto, no pueden considerarse permisibles en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra.

La corte también denuncia el “fracaso sistemático” de las autoridades israelíes a la hora de impedir la violencia de los colonos israelíes contra la población palestina en el territorio ocupado de Cisjordania.

La Asamblea General de Naciones Unidas pidió en diciembre de 2022 a este organismo una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en Gaza

“A la luz de lo anterior, el tribunal afirma que los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este y el régimen asociado a ellos se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional”, concluye el tribunal.

La Asamblea General de Naciones Unidas pidió en diciembre de 2022 a este organismo una opinión formal sobre los asentamientos israelíes en Gaza y, en febrero, la CIJ abrió una serie de vistas para determinar su postura. En estas vistas no ha participado el Gobierno israelí, que no reconoce la legitimidad de este proceso.

Es la segunda vez en la que la CIJ, a petición de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene que pronunciarse sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. La primera vez tuvo lugar en 2004, cuando falló que el muro de separación construido por Israel en la Cisjordania ocupada violaba el Derecho Internacional y pidió su derribo, si bien sigue en pie.