Palestina
Gaza y el tribunal de la ONU: Israel sigue siendo mucho pero ya no tanto

La decisión emitida el pasado 26 de enero de 2024, por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en torno a la intervención militar israelí en la Franja de Gaza ha despertado innumerables reacciones en el ámbito político y diplomático internacional. Unos consideran que sustenta las tesis principales de los demandantes sudafricanos y el pueblo de Gaza en general; otros, que permite a Israel salir viva del entuerto; y el resto tiende a ver en ella aspectos perjudiciales o positivos, según se mire, para ambos bandos. La conclusión objetiva, ateniéndonos a criterios jurídicos, es que la Corte se considera apta para instruir el caso, considerando que hay indicios más que evidentes de que, en efecto, se han violado diversos artículos de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En este sentido, no hace caso a la requisitoria de la parte demandada, la israelí, de que se rechace la solicitud sudafricana de adoptar medidas cautelares (contra la intervención israelí en Gaza), dándose por desestimada la demanda en su conjunto (XII. (1), p. 7). Por lo tanto, se procede a instruir la causa, que puede prolongarse durante años, con el consiguiente debate sobre si el régimen de Tel Aviv comete crímenes de lesa humanidad. Justo lo que los dirigentes del sionismo mundial no deseaban, si bien eran conscientes de que la Corte muy difícilmente habría accedido a inhibirse de la causa a la vista de las innumerables pruebas que permiten pensar que, digan lo que digan, el ejército de israelí ha cometido actos de genocidio. Por lo pronto, una (la sexta) de las medidas cautelares aprobadas por el Tribunal impone a la parte israelí la presentación de un informe con las medidas que haya podido adoptar para cumplir el resto de medidas acordadas.

Esto es, durante semanas habrá un debate ya no sólo político o militar sobre qué están haciendo las tropas de ocupación en la desdichada Franja. La invocación a que Israel debe garantizar la pervivencia de pruebas que atestigüen cualquier posible genocidio puede resultar un sinsentido —cómo imaginamos que el criminal va a conservar pruebas que lo imputen—; sin embargo, servirá de base para denunciar excesos del régimen israelí en este sentido.

El hecho de que decenas de estados hayan expresado su condena pública, junto con numerosos individuos y organizaciones internacionales, supone un avance notorio

Sin embargo, para un buen número de personas y asociaciones involucradas en la defensa de los derechos humanos la resolución de la CIJ es decepcionante porque no solicita un alto al fuego en la Franja. Y tienen razón, sin duda; ahora bien, conviene que tomemos en consideración una serie de elementos destacables que, quizás, nos ayuden a analizar la cuestión en su justa medida y permitan llegar a una serie de conclusiones, personales, por supuesto.

La Corte ha analizado la demanda sudafricana en función del contenido de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de diciembre de 1948, que fue promulgada tras los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen nazi en Alemania y otros países europeos contra grupos étnicos determinados, en primer lugar el judío. Es una paradoja —y tiene un valor simbólico excepcional—, sin duda, que la segunda mayor causa internacional que se instruye con repercusiones globales tras las carnicerías cometidas en la II G.M. sea una en la que está involucrado el estado de Israel, creado, según los promotores del sionismo, para evitar que se reproduzcan este tipo de sucesos.

La referida Convención incide en su denominación en dos conceptos clave: la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La decisión emitida el viernes 26 de enero responde al primer precepto, pues decreta seis medidas cautelares, lo que da a entender de forma implícita —diríamos que explícita en función de los considerandos y alegandos inscritos entre las páginas 14 y 22— que Israel bien podría incurrir en este tipo de delito.

Sin embargo, no accede a la principal demanda de Sudáfrica —presentada el 29 de diciembre de 2023—, a saber, un alto el fuego inmediato. Habría sido una conmoción jurídica y penal internacional el que la Corte hubiera dictaminado algo así en tan solo 27 días: para ello tendría que haber realizado una investigación exhaustiva, reuniendo una cantidad ingente de documentos, testimonios y material de todo tipo, empresa imposible de realizar habida cuenta de la persistencia de las operaciones militares en la Franja y la imposibilidad de que observadores internacionales neutrales lleven a cabo una investigación fiable en apenas cuatro semanas.

En consecuencia, la CIJ anuncia su intención de seguir investigando —hay litigio— y recopilar las pruebas concluyentes que permitan determinar si, en efecto, se está produciendo —o se ha producido para cuando se emita la sentencia— un acto de genocidio en Gaza. El que a muchos nos parezca que, indudablemente, el régimen de Tel Aviv está llevando a cabo una campaña de expulsión forzosa de cientos de miles de palestinos y la destrucción sistemática de sus viviendas, escuelas y hospitales no implica que jurídica y penalmente sea también así. Hace falta demostrarlo y argumentarlo y, en ese sentido, la Corte ha de seguir un proceso. Nos gustará más o menos, pero la Justicia internacional, en la que pocas veces hemos tenido motivos para confiar en todo caso, tiene sus tiempos. 

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De hecho, en las seis medidas cautelares acordadas por la Corte (pp. 24-26) se incluyen las requeridas por los demandantes sudafricanos en su memorando, en especial, la comisión de actos que violen el artículo II de la Convención, asesinar a miembros de un grupo o comunidad (étnica o religiosa distinta) o imponer medidas que impidan el nacimientos dentro de ese grupo. También se conmina a Israel a evitar y sancionar las llamadas a cometer actos de genocidio contra los palestinos, como las proferidas en los últimos meses por un nutrido grupo de —vándalos— ministros y portavoces militares y políticos del régimen israelí. Esto significa que se establece una base legal para que a individuos como Smotrich, Ben-Gvir, Gallant y otros se les pueda encausar si inciden en este tipo de declaraciones.

Un detalle fundamental, en nuestra opinión: Israel, alegó que la aceptación de las medidas provisionales propuestas por Sudáfrica le impedirían cumplir sus obligaciones con la “defensa de sus ciudadanos“. La decisión de la Corte no recoge en las “Conclusiones y Medidas a adoptar” (párrafo VI, pp. 22-24) el tan manido por Tel Aviv derecho a la autodefensa, que justifica cualquier cosa en su opinión, hasta el arrasamiento de un territorio de 360 kilómetros cuadrados. Se priva así al régimen israelí de uno de sus “mantras” pseudo jurídicos  recurrentes. Debe recordarse, además, que la demanda sudafricana reconocía y condenaba los ataques de Hamás el 7 de octubre y en ningún momento negaba su incidencia en la acción armada israelí.

La decisión de la Corte no recoge el tan manido por Tel Aviv derecho a la autodefensa, que justifica cualquier cosa en su opinión, hasta el arrasamiento de un territorio de 360 km2

Pero, de modo inteligente y muy bien argumentado jurídicamente, explicitaba que los supuestos actos de genocidio cometidos por aquel excedían con mucho los efectos y significado de la operación de Hamás. Tel Aviv, como viene haciendo desde hace meses, deseaba que el mundo entero, incluida la Corte, se centrara en la “maldad” de las facciones armadas palestinas en Gaza. El contenido de la decisión de la CIJ deja bien a las claras que la cosa no va, por mucho que pese a los medios de comunicación prosionistas mundiales, que son legión, de lo que hizo Hamás en su momento sino de lo que está haciendo Israel hoy.

En conclusión, la decisión de la CIJ recoge en esencia lo solicitado por Sudáfrica, en función, recordemos, de los artículos de la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y permite concluir que hay indicios de que Israel podría estar cometiendo o llegar a cometer actos de genocidio. En ese sentido, constituye un elemento positivo para quienes apoyan la causa palestina y piensan que el sionismo representa un movimiento racista y exclusivista, siendo el estado de Israel su máxima expresión. Así lo han expresado, algunos con excesivo entusiasmo, grupos y representantes palestinos. Y, lo que es más importante, despeja el camino a una instrucción en la que los crímenes cometidos por el ejército de ocupación puedan ser observados y vigilados con cierta eficacia por instancias internacionales.

Dicho lo anterior, debe añadirse que Israel ya se está pasando por el forro de los pantalones las “órdenes”, no vinculantes pues no hay manera de que nadie obligue a cumplirlas, de que debe “tomar todas las medidas” posibles para “prevenir” un genocidio en Gaza. Los bombardeos y ataques indiscriminados contra la población civil persistieron el mismo viernes 26 y se acentuaron al día siguiente; diversas instancias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o Médicos sin Fronteras confirmaban esos días, por si no lo había hecho ya, que el sistema médico de Gaza había colapsado y la situación humanitaria de la población seguía siendo igual de insostenible. Es conocida, por otra parte, la capacidad de los estamentos y logias sionistas mundiales para “retorcer” las (pocas) decisiones emitidas por foros internacionales de todo tipo en los que pueda aparecer un atisbo de condena contra Israel.

Por ello, ya le están dando innumerables vueltas al texto de la CIJ, tratando de darle una significación peculiar a determinados párrafos. Por ejemplo, la medida cautelar que llama a permitir la entrada de agua y alimentos a la población civil ha servido a los juristas israelíes para destacar que la Corte no actúa de buena fe. En un nuevo ejercicio de funambulismo dialéctico alegan que son los egipcios quienes impiden el envío de productos básicos, ya que estos controlan el paso de Rafah, el único por el que han venido introduciéndose, muy escasamente, en los últimos meses. Todo el mundo sabe que las ayudas humanitarias no han fluido debido a las prohibiciones y amenazas israelíes con bombardeos en la frontera y que el gobierno egipcio no se atreve a plantar cara a Tel Aviv en este asunto; pero todo argumento, aunque sea capcioso, vale para sus fines.

Algunos representantes israelíes destacan que la omisión de una llamada inequívoca a un alto el fuego inmediato supone un triunfo para Israel; pero no pueden ocultar su irritación ante la alusiones a posibles actos punibles incluidas en el texto y el hecho de que sus presiones, y las de Estados Unidos, sobre los 17 jueces de la Corte no han surtido el efecto que deseaban —salvo en el caso de dos, uno el designado por Israel y otra, ugandesa, cuyo comportamiento ha sido criticado por su propio gobierno—. 

Israel sigue siendo mucho: domina la propaganda occidental, cuenta con el respaldo de la Administración estadounidense y recibe ayudas financieras y remesas de armas, no solo desde occidente. También goza de la aprobación tácita de numerosos estados árabes, que ni siquiera, salvo en el caso de Jordania, se han personado como demandantes junto con Sudáfrica en la CIJ. El contraataque de Israel y sus aliados occidentales se ha concretado ya en varios frentes. Uno de ellos, la campaña orquestada contra la UNRWA, a la cual EE UU, Canadá y Australia han retirado temporalmente su financiación por supuestos vínculos de trabajadores de la Agencia en los ataques de Hamás (un nuevo intento de que volvamos a hablar casi en exclusiva sobre el 7 de octubre).

Algo especialmente molesto para todos ellos es que la decisión de la CIJ avala los informes de la UNRWA, ampliamente utilizados en la elucidación de los hechos denunciados. De ahí la inquina, la misma que profesan los representantes del régimen de Tel Aviv hacia cualquier organismo que se atrae, ya sea la Cruz Roja, Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras, a denunciar la gravísima situación humanitaria en Gaza.

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Mientras se celebra que la Corte haya aceptado la denuncia sudafricana, son muchas personas quienes muestran su frustración por no haberse conseguido un alto al fuego.

Sí, Israel sigue siendo muchísimo pero ya no tanto. El hecho de que decenas de estados (muchos de ellos democráticos, cosa que desmonta uno de los pilares propagandísticos sionistas —“sólo nos critican las dictaduras”—)  hayan expresado su condena pública, junto con numerosos individuos y organizaciones internacionales, supone un avance notorio. Hay que conocer la trayectoria del movimiento sionista y la enorme influencia de su cancerígeno poder de radiación e influencia durante décadas para comprender, hoy, el deterioro de su peso internacional.

La decisión de la Corte aporta una muestra más de que Israel pinta mucho pero no tanto como antes. Algo similar puede decirse de Estados Unidos: sus llamadas a rebato bélico en el Mar Rojo y Oriente Medio, en Iraq o Siria por ejemplo, están generando un mayor número de ataques contra sus bases militares y, en el caso de los huzíes, los petroleros en el Estrecho de Mandib, en Yemen. No sabemos si novedades como la resolución preliminar de la Corte suponen el fin de la inmunidad penal de Israel, como dicen algunos, entre ellos el presidente argelino, pero sí que algo se está moviendo en las arenas movedizas de la política internacional con respecto a Palestina.