Palestina
Ataques a ONG, bombas en Gaza y mano dura: otra campaña electoral en Israel

La Unión Europea o las Naciones Unidas seguirán trabajando con las siete entidades cuyas sedes el ejército israelí clausuró en la madrugada del jueves 18 de agosto, tras registrarlas y declararlas ilegales.  El gobierno no ha conseguido convencer a ninguna de estas instituciones del carácter “terrorista” de estas organizaciones. El 21 de agosto, 53 entidades de la sociedad civil israelí firmaban un manifiesto en apoyo a las ONG señaladas. “Los derechos humanos no son terrorismo”, titulaban el documento, en el que afirmaban: “La documentación, la defensa y la asistencia legal son el núcleo del trabajo a favor de los derechos humanos en todo el mundo. Criminalizar estas actividades es un acto reprobable característico de regímenes autoritarios”, e interpelaban a la comunidad internacional para presionar al Estado israelí.

La iniciativa, canalizada a través de la organización B'Tselem, que ha calificado a la política israelí frente a las población palestina como Apartheid, entra en la campaña #StandWithTheSix, con la que organizaciones y colectivos en todo el mundo están instando a los gobiernos a señalar a Israel por su ataque contra las organizaciones, de las cuales seis habrían sido ilegalizadas el pasado octubre a través de una orden militar en la que las calificaba como organizaciones terroristas, una acusación que fue denunciada por la Autoridad Palestina, las Naciones Unidas y otras entidades a favor de los derechos humanos. Israel considera que estas organizaciones estarían relacionadas con el Frente Popular de Liberación de Palestina (PFLP) y supondrían una tapadera para financiar el mismo. 

Lejos de sus argumentaciones, las organizaciones, de gran calado en la sociedad civil palestina, inscriben la criminalización de las ONG en la política de ofensiva constante contra los derechos del pueblo palestino. Según declaró a Al Jazeera Mazen Rantisi, director de Health Work Comittees, una organización que lleva hospitales y clínicas y que es la única que no aparecía en la orden militar del año anterior, con su ofensiva contra las siete entidades lo que pretende Israel es “destruir a la sociedad palestina”.

Less than one week after the raiding of its offices, Al-Haq is engaging in key capacity building w/ a group of Palestinian law students for lectures on the International Criminal Court. We are ensuring the next generation will continue the struggle for justice.#StandWithThe6 pic.twitter.com/BXYqn88n3o

— Al-Haq الحق (@alhaq_org) August 24, 2022

La más veterana de las ONG atacadas es Al-Haq, que opera en los territorios ocupados desde 1979 y funciona en red con organizaciones de derechos humanos de todo el mundo en su lucha contra la impunidad de Israel.  Ayer, 24 de agosto, la organización mostraba una formación a jóvenes juristas para intervenir en la Corte Penal Internacional, “nos aseguramos de que la próximo generación continuará la lucha por la justicia”, afirmaban. 

Entre las organizaciones afectadas también se incluye Addameer, que provee asistencia legal gratuita a los presos palestinos en Israel y en las prisiones de la Autoridad Palestina. La organización denunciaba que el ataque de la semana pasada a sus organizaciones, está relacionado con la inacción y la falta de respuesta de la comunidad internacional cuando el pasado año Israel las ilegalizó. Otra de las ONG afectadas es Defence for Children International-Palestine, entidad que protege los derechos de los niños detenidos y presos en el marco de la justicia militar juvenil israelí.  Su director fue detenido el mismo 21 de agosto, como denunciaba la ONG en sus redes

🚨BREAKING: Khaled Quzmar, @DCIPalestine's General Director, is in Israel Security Agency (Shin Bet) custody as Israeli authorities again escalate attacks against @DCIPalestine, @alhaq_org, @addameer_ps and others. Waiting for more information, updates to follow #StandWithThe6 pic.twitter.com/2yN2ozy3pS

— Defense for Children (@DCIPalestine) August 21, 2022

La ONG Union of Agricultural Work Committees (UAWC), que acompaña a los agricultores perjudicados por la ocupación, la Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC), que defiende los derechos de las mujeres palestinas, o el Bisan Center for Research and Development, enfocada en los derechos socio económicos de jóvenes, mujeres y grupos en riesgo de exclusión, son las otras entidades primero calificadas de terroristas y luego clausuradas por las fuerzas israelíes. 

La práctica de prohibir cualquier organización civil palestina se extiende desde 1967, con más de 400 entidades prohibidas, incluyendo los principales partidos políticos palestinos que no fueron considerados legales hasta bien avanzados los años 90. Una estrategia que sale rentable: aunque la UE se desvincule ahora de Israel, no fue hasta el 7 de agosto que decidió descongelar fondos retenidos por una cuantía de 215 millones de euros para volver a trabajar con estas organizaciones de la sociedad civil, siendo Europa la principal donante. La medida, que desestimaba las acusaciones de Israel, solo enfrentó el voto en contra de Hungría. Fue este mismo país el que motivó la retención de los fondos, poniendo como condición, la retirada de contenido considerado anti-israelí de los libros de texto palestinos.

 Un duro verano preelectoral

Ahmad Manasra tenía 13 años cuando perdió su libertad. Fue en 2015, y desde entonces ha tenido que enfrentar el sistema carcelario israelí, como los niños con los que trabaja la ONG Defence for Children International-Palestine. Al hecho de haber devenido adulto lejos de su familia, se le suma la decisión israelí de mantenerlo en aislamiento individual desde noviembre de 2021, como respuesta a sus problemas de salud mental, problemas que se han agravado como consecuencia de esta decisión. A pesar de la campaña internacional para liberar a Manasra, que ha contado con múltiples apoyos, el pasado 16 de agosto Israel decidió extender el confinamiento solitario del joven seis meses más. 

Mientras que las autoridades israelíes se niegan a liberar al joven Manasra a pesar de haber cumplido con dos tercios de su condena, se abstienen de investigar y rendir cuentas por los crímenes cometidos por sus propias fuerzas de seguridad. El pasado 18 de agosto se cumplían 100 días desde el asesinato de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh.  La familia, el medio de comunicación para el que trabajaba, o la investigación llevada a cabo por la Autoridad Palestina han denunciado que los disparos que acabaron con la vida de la periodista mientras cubría un raid en el campo de refugiados de Jenin, partieron de un francotirador del ejército israelí y fueron intencionados. Mientras, Israel ha cambiado su versión diversas veces, negando la participación de sus efectivos en la muerte de Abu Akleh, achacándola a disparos accidentales, y finalmente, abriendo una investigación interna sin resultados. La familia de la comunicadora palestino estadounidense que llevaba 25 años cubriendo la ocupación israelí, ha demandado a EE UU que realice una investigación independiente y presione a su aliado para rendir cuentas. No ha tenido éxito.

Tampoco se prevén consecuencias para los militares que en noviembre de 2019 dieron una paliza a Mohammad Abu al-Hommos, un conocido activista de Jerusalén Este, y su sobrino, Adam Masr y después les denunciaron por agresión. El hombre de 58 años y su familiar, de 36, fueron golpeados por los efectivos del ejército israelí cuando ambos les pidieron que no aparcasen sus vehículos en su zona de aparcamiento privada, pues la familia iba a celebrar una fiesta. Presentes estaban activistas extranjeros y periodistas israelíes, la agresión quedó registrada en un vídeo. Casi tres años después, en agosto de 2022 la grabación consiguió cerrar el juicio contra Abu al-Hommos y su sobrino, no así que sean los efectivos que agredieron a ambos hombres quienes respondan ante la justicia. 

Según declaraba a Al Jazeera, Abu al-Hommos ha sido en múltiples ocasiones objeto de la violencia del ejército israelí, debido a su activismo. La acusación contra él y su familiar, que por una vez ha podido ser desmontada con pruebas, señala, es solo una de las miles de causas que se abren contra palestinos. Su caso, argumentaba, muestra evidencia de la frecuencia con la que Israel procesa, detiene o encarcela a palestinos sobre la base de acusaciones falsas. 

Mientras califica como terrorista y ataca a la sociedad civil organizada, infringe los derechos humanos de los presos o permite que sus fuerzas de seguridad agredan y maten en total impunidad, Israel prosigue su desigual guerra contra el pueblo palestino. A principios de agosto, sometió de nuevo a Gaza a bombardeos intensos, dejando 49 muertos en tres días de ataque, entre ellos 15 niños. La proximidad de unas nuevas elecciones, en noviembre, podría ser un factor de radicalización de la agresividad contra los palestinos, pues la mano dura tiene sus réditos en un país en el que el ex-presidente Benjamin Netanyahu lidera las encuestas. Bombardear de nuevo Gaza, o atacar a las principales ONG palestinas podrían ser algunas de las bazas del actual primer ministro Lapid Yair, para mostrarse como hombre fuerte ante un electorado convocado a votar por quinta vez en dos años y medio, una muestra de la inestabilidad política que prevalece en el país.