País Vasco
Steilas, ELA y LAB convocan dos jornadas de huelga contra el anteproyecto de ley educativa

Steilas, ELA y LAB han convocado hoy dos jornadas de huelga en el sistema educativo público vasco —el 30 de noviembre y el 14 de diciembre— como protesta al anteproyecto de la Ley de Educación. Los tres sindicatos han consensuado diez puntos. Resumen que, “lejos de superar el actual modelo educativo dual, [el anteproyecto] lo perpetúa, por lo que manifestamos la necesidad de una ley que permita avanzar hacia una red pública única, euskaldun y propia, que garantice la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el proceso de euskaldunización”. 

Tras el intento fallido el pasado invierno, en el que también convocó CC OO, esta vez los sindicatos muestran un análisis más unificado y reposado. Invitan a las familias y a los trabajadores del sector privado a unirse a las movilizaciones de la tarde.

Entre las reivindicaciones que consideran que la ley debería incluir destaca la primera: “Queremos una Ley de Educación que tenga como eje la escuela pública. Es preciso superar el actual sistema educativo dual, haciendo frente a los intereses particulares y promover el camino hacia un sistema educativo vasco público y propio. Para ello, la escuela pública debe ser el eje real del sistema educativo”, a diferencia de cómo lo considera el anteproyecto, un residuo útil para atender a la población que no atiende la red privada y concertada. 

Proceso de publicación explícito

El punto 2 expresa la necesidad de que la futura norma “haga frente a la segregación y garantice la cohesión social”, poniendo en la escuela pública en el centro de la planificación y dándole prioridad “total”, con mecanismos de control estrictos y visibles para el cumplimiento de las obligaciones en la red concertada —la cual apenas escolariza alumnos de origen extranjero o de cultura gitana—, y habilitando una oficina única y real de matriculación. Consideran que el derecho a elegir escuela de las familias “no puede estar por encima de la cohesión social ni por encima de la igualdad de oportunidades”. 

El tercer punto resalta la necesidad de que se establezca un marco y una normativa general y consensuada para la publicación, un tema que el anteproyecto ha obviado. Los sindicatos consideran que la norma debe establecer el procedimiento, así como una cláusula para la subrogación de su personal, previa negociación con la parte social.

Los tres sindicatos, con una abrumadora mayoría en el sistema educativo, reivindican también que el anteproyecto garantice la competencia para la determinación del currículum vasco y que este se desarrolle con la participación de toda la comunidad educativa, que se de aplicación en todo el sistema educativo y que sea defendido ante el Gobierno de España.

El quinto punto recupera la reivindicación que todo sindicato de cualquier territorio del Estado hace siempre: que el gasto educativo sea similar al europeo y que lo consiga en tres años. Esto supondría un incremento significativo del presupuesto y una mejora sustancial en la calidad de la educación. 

Euskera, inmersión 

Sobre el euskera, sin utilizar la palabra inmersión, piden un sistema de inmersión lingüística, frente a la propuesta multilingüe adaptada a cada centro que propone el anteproyecto y frente a los modelos actuales (A, B y D). Los sindicatos proponen una etapa de transición y planes de euskaldunización para todo el personal de los diferentes colectivos —monitoras de comedor y de extraescolares, así como trabajadores de FP—.

Exigen también obligaciones y mecanismos de control concretos, frente al lenguaje bienintencionado del anteproyecto, una ley que garantice el empleo y las condiciones laborales para todas las personas trabajadoras que forman el sistema educativo —y que la temporalidad sea inferior al 8%—, y una Ley de Educación “al margen de los intereses de los mercados y alejada del ámbito de negocio de las empresas privadas”. Proponen eliminar los procesos de subcontratación y privatización —comedor, limpieza, extraescolares, etc.—, así como un plazo máximo de cinco años para dejar de regalar los datos personales de los menores de edad a las grandes corporaciones y tener un software propio.