Opinión
Venezuela: realidad y relato

La agresión militar de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero, el asesinato de un centenar de civiles y militares y el secuestro del jefe de Estado venezolano y su esposa son hechos consumados. La realidad creada por EEUU en Venezuela no es positiva ni puede resultar atractiva, ni siquiera para los acérrimos antichavistas. Trump no cree en la igualdad soberana de los Estados ni en relaciones entre iguales. El esquema conceptual de poder que lo guía considera únicamente la subordinación, la amenaza y la agresión. Es decir, la violencia.

La violenta sacudida provocada por la agresión militar a Venezuela y el estado de shock generado en el conjunto de la sociedad venezolana no son cosa menor. El daño humano y material es innegable y la herida en el alma de la venezolanidad es profunda. Sin embargo, la agresión militar —vil y abyecta, no cabe otro calificativo— no ha logrado su objetivo sempiterno: fragmentar la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quebrar la unidad del Gobierno y propagar el caos y el desorden social. 

La no consecución de esa meta no es una concesión de Trump, ni una generosidad atribuible a su administración. Es el fracaso de la tentativa consumada por estos, quienes no han tenido ningún reparo en violentar toda norma, regla o práctica internacional civilizada. Porque, una cosa está clara: si la Administración Trump hubiera tenido la más mínima posibilidad de ensayar el escenario de la Ucrania de 2014 en la Venezuela 2026 lo hubiera hecho sin dudarlo. La imposibilidad de provocar un entorno insurreccional en Caracas limita per se el relato triunfalista estadounidense. 

Si la oposición radical venezolana hubiera tenido realmente el apoyo del 70% de la población y el 80% de las fuerzas armadas, como su relato repite machaconamente, ¿no era esta la ocasión propicia para demostrarlo?

En términos lógicos, esta situación debería provocar un tipo de análisis que se aleje de la logomaquia y la superficialidad narrativa. Por ejemplo, escrutar la relación de causalidad entre el hecho de que Trump descartara a las pocas horas a María Corina Machado y la ausencia de protestas antichavistas en Venezuela, una vez hecho público el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Si la oposición radical venezolana —la que hace vida en el exterior, paradójicamente— hubiera tenido realmente el apoyo del 70% de la población y el 80% de las fuerzas armadas, como su relato repite machaconamente, ¿no era esta la ocasión propicia para demostrarlo? 

Sin embargo, esas cifras son una creación artificial y grotesca de las técnicas del storytelling. La inexistencia de protestas antichavistas no debería sorprender a ningún observador mínimamente atento. Por una parte, la ruptura de las relaciones bilaterales con Venezuela en 2019 diezmó la capacidad de los servicios de inteligencia estadounidenses para operar sobre el terreno. Por la otra, la masiva migración que Venezuela generó a partir de 2015 —consecuencia directa del alcance indiscriminado de las medidas coercitivas unilaterales estadounidenses— afectaron a las capas sociales urbanas que más adversan el proyecto político chavista. 

La inconsistencia discursiva de los principales voceros del gobierno de Trump invita a cuestionar la credibilidad de las versiones proporcionadas. Porque, si la narrativa oficial no es carnaza, lo parece.

Con el transcurso de los días se ha podido constatar no solo los límites de un relato normalizado y propagado de manera interesada por los conglomerados mediáticos tradicionales estadounidenses —y europeos—, sino la falta de transparencia en torno a la operación militar estadounidense que condujo a la agresión de un Estado y un pueblo nobles que, en sus más de 200 años de independencia, jamás ha agredido a ningún país o pueblo vecino. 

La inconsistencia discursiva de los principales voceros del gobierno de Trump invita a cuestionar la credibilidad de las versiones proporcionadas. Porque, si la narrativa oficial no es carnaza, lo parece. Tras la agresión a Venezuela, pasaron de relatar una operación militar rápida y limpia (Rubio, Hegseth) a describir un escenario de duros combates (Stephen Miller) con los guardias cubanos de la seguridad de Maduro. 

Cuba ha reconocido públicamente la muerte en combate de 32 de sus militares que prestaban servicios de seguridad al mandatario venezolano. Venezuela ha mostrado heridos y rendido homenaje póstumo a veinticuatro soldados caídos en la agresión de la madrugada del 3 de enero pasado. Del lado estadounidense no ha habido ningún desglose. La falta de transparencia del gobierno estadounidense imposibilita saber con exactitud elementos básicos.

Esta situación suscita preguntas cuyas respuestas siguen en el aire. ¿Hubo heridos o bajas del lado estadounidense? ¿Es verosímil que una operación de esta índole termine siendo un garbeo por Caracas? ¿Recurrió EEUU a los ataques aéreos para que sus fuerzas de élite pudieran traspasar los anillos de seguridad de los efectivos cubanos? ¿Por qué no hay evidencia visual mínima, como ocurre con el abordaje de petroleros y como ocurrió con el bombardeo de lanchas en el Caribe? 

En este contexto, la aceptación del relato oficial estadounidense no es sino dogma de fe. Sobre todo, ahora que la Casa Blanca parece estar implementando una estrategia de control de daños que combina dos pautas comunicativas. Mientras que hacia el Congreso y el Senado estadounidenses se muestra esquiva a la hora proporcionar información, en la esfera de la opinión pública doméstica hay una saturación desmedida. 

La capacidad de la Casa Blanca para fijar la agenda mediática nacional e internacional es la carta ganadora y Trump y su equipo son conscientes de ello. Sólo así se puede entender que la profusa campaña de comunicación que siguió a la agresión militar a Venezuela haya logrado subjetivar el marco político-constitucional venezolano. Esta ha impuesto una percepción generalizada de que Caracas se encuentra sujeta a un esquema de tutelaje político por parte de Washington y que los recursos petroleros del país están siendo gestionados desde Mar-a-Lago. 

A pesar de que desde el mandato de Obama las sucesivas administraciones estadounidenses han instrumentalizado el sector petrolero, Venezuela nunca ha dejado de venderle petróleo a EEUU

No obstante, nada de esto es completamente cierto. Delcy Rodríguez es presidenta encargada no porque Trump la haya puesto en el Palacio de Miraflores, sino porque la Constitución venezolana cuenta con mecanismo propios que impiden que se produzca un vacío de poder. Tanto de lo mismo cabe decirse del deterioro de relaciones comerciales americano-venezolanas en materia energéticas. 

A pesar de que desde el mandato de Obama las sucesivas administraciones estadounidenses han instrumentalizado el sector petrolero —crítico para la economía venezolana—, Venezuela nunca ha dejado de venderle petróleo a EEUU. Que Washington quiera retomar las relaciones políticas y comerciales con Caracas es, en sí, una buena noticia que se debe, únicamente, al hecho de que Rusia y China han llenado hábilmente el espacio vacío generado por EE. UU. 

El regreso a un marco de normalidad en el intercambio energético en el corto plazo no detendrá el jingoísmo estadounidense. Con independencia de la etiqueta de transaccional que le han colgado, la Administración Trump no quiere relaciones equilibradas de ganar-ganar, lo quiere todo. Porque la lógica que impera en cualquier enfoque imperialista —y el de Trump lo es— es de suma cero.

Esta situación coloca al nuevo gobierno venezolano ante una disyuntiva: acomodar el proyecto chavista a la nueva realidad creada por la agresión militar sufrida y, por tanto, distanciarse de Rusia y China, como les reclama EEUU; o, mantenerse fieles a sus alianzas, con Cuba y Nicaragua, y la diversificación de relaciones internacionales heredadas de Hugo Chávez y reforzadas por Nicolás Maduro.