Opinión
La troika, sentada en el consejo de ministros

Los aplausos de sus ministros y en el Congreso a Pedro Sánchez a su regreso de las negociaciones del acuerdo europeo sobre el paquete de recuperación y el presupuesto de 2021-2027, los parabienes de gran parte de la izquierda institucional española y de algunos sindicatos, los titulares que hablan de un acuerdo “histórico” y subrayan que es un acuerdo en dirección radicalmente opuesta a la salida de la crisis de 2008, han situado el relato del éxito del Gobierno español y de una salida social y “verde” a la crisis generada por el coronavirus. Pero, ¿de verdad es tan bueno el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo? ¿Están justificadas las valoraciones excesivamente eufóricas sobre el plan de recuperación de la Unión Europea? ¿Se romperá con la lógica neoliberal dominante?

Más bien al contrario, el plan de reconstrucción de la UE y el marco financiero plurianual se han aprobado para garantizar la renovación e irrevocabilidad del proyecto neoliberal. Se nos dice que “no vuelven los hombres de la troika ni la austeridad” y “sólo” habrá “condicionalidad blanda”. Pero lo cierto es que los “hombres de la troika” —y las mujeres— están ya instalados en los ministerios de Economía, Fomento, Exteriores, Industria e incluso en La Moncloa. Esos hombres y mujeres siguen en el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea. Incluso, su ideología austericida es muy común entre las y los funcionarios de la Representación Permanente de España ante la UE que manejan los asuntos de Estado en el Consejo de la UE. 

Por mucho que la mayoría de cargos públicos digan que el acuerdo europeo marca un antes y un después no hay garantías de que los 140.000 millones de euros del fondo para la recuperación —72.700 millones en ayudas directas— traigan más justicia social y ambiental para la península ibérica y el mundo. La amenaza de someternos una vez más a la lógica de los mercados financieros se denota en los recortes del marco financiero plurianual y en algunos programas europeos que afectan a las partidas destinadas a sanidad, investigación y lucha contra la crisis climática.

Lo que no tenía el respaldo de un gran lobby en la cumbre europea fue recortado. Los insolidarios jefes de gobierno han reducido la financiación pública europea para el mundo rural, medio ambiente, juventud, sanidad pública, acceso universal a medicamentos, etc.

Igualmente ha habido decisiones en la cumbre en otras áreas políticas que un gobierno progresista debería rechazar. Por ejemplo, el nuevo presupuesto proporciona dinero para la militarización: 23.000 millones de euros más para el cierre letal de las fronteras externas y 20.000 millones más para la industria armamentística.

Ojalá que me equivoque pero creo que veremos políticas económicas muy similares a la que se implementaron con la anterior crisis (y en las décadas anteriores). La deuda pública ilegítima seguiría creciendo y mientras intentamos intervenir en el rápido desarrollo de esta crisis, la amenaza de la futura austeridad antisocial e insostenible se cierne sobre nosotros. 

Historia de un relato victorioso

Mientras gran parte del debate público giraba entorno al bloqueo de los países llamados “frugales” —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia + Finlandia— frente a los países del Sur de Europa, la Comisión Europea había diseñado el fondo de recuperación con los gobiernos de Alemania y Francia. Bajo la superficie de una propaganda muy bien desplegada ha quedado en  segundo plano la tarea de Merkel y Macron: el reposicionamiento neoliberal de la UE.

Estaba cantado que el fondo de recuperación iba a estar condicionado a políticas económicas neoliberales. El 29 de junio, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio en una entrevista en el diario alemán Handelsblatt algunas claves que han sido difíciles de encontrar en los medios de España: “[Mark] Rutte tiene razón con su exigencia de condicionar las ayudas con reformas”. 

Preguntada por los subsidios europeos y la falta de cumplimiento de las reformas asociadas, von der Leyen respondió: “Hemos tomado precauciones. Cada Estado miembro debe presentar un plan de reforma e inversión en Bruselas. Comprobamos estos planes para ver si sirven a nuestras principales prioridades políticas y también si tienen en cuenta las recomendaciones de reforma específicas de la UE para cada país. No sólo la Comisión debe aprobar los planes de reforma nacionales, sino también el Consejo. Además, la ayuda se desembolsará por tramos, según se hayan alcanzado los hitos en materia de inversión y reforma”. 

Los 390.000 millones de euros comprometidos representan en total sólo alrededor del 0,7% de la producción económica de la UE en tres años

La posición contraria a los míseros “frugales” no pretendía romper con la base neoliberal de las políticas económicas de la UE, más bien ha servido para apuntalar el objetivo real de las negociaciones. El plan de reconstrucción de la UE y el Marco Financiero Plurianual se han aprobado para garantizar la renovación e irrevocabilidad del proyecto neoliberal. Aunque no sea muy popular decirlo, la Unión Europea no ha cambiado sus políticas ni su proyecto. 

Más bien, las élites de Alemania, una economía totalmente dependiente de las exportaciones, han reconocido la gravedad de la crisis desencadenada por el covid-19: una ola de bancarrotas y un colapso de los mercados financieros sólo pueden evitarse con inversiones públicas masivas e intervenciones del BCE. Incluso a pesar de la sentencia controvertida del Tribunal Constitucional alemán al programa de compras de deuda de Estados y empresas multinacionales por el Banco Central Europeo. 

Un mensaje a los mercados

La crisis económica mundial amenaza al Mercado Único europeo, que es crucial para las fracciones del capital orientadas a la exportación, el euro y, en última instancia, el poder de la UE como el —todavía— mayor bloque comercial del mundo. Es posible que la pandemia cambie la situación en la eurozona todavía más que la crisis en Grecia y el golpe financiero contra su democracia. 

Así, el fondo de recuperación con 750.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea, Alemania y Francia —y apoyado por España, Italia, etc.— es una intervención pública decisiva para salvar —por el momento— el 'proyecto europeo' neoliberal, aunque sea mediante ayudas insuficientes. Los 390.000 millones de euros comprometidos representan en total sólo alrededor del 0,7% de la producción económica de la UE en tres años. Si lo comparamos con la caída económica del conjunto de la UE del 8,3% y la caída del PIB español del 10,9% en 2020, se constata que no será dinero suficiente para hacer frente a la crisis de covid-19.

Sin embargo, lo “histórico” del acuerdo es que las élites europeas están dispuestas a romper algunos de sus dogmas. Merkel en 2012 aseguró que “No habrá deuda conjunta en la Eurozona mientras yo viva”. Y ahora se financiará el plan de reconstrucción con deuda europea por un período limitado.

En una de sus declaraciones a medios, el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, resumió enfáticamente su propósito: “Mi deseo es que lleguemos a un acuerdo... que el Financial Times... y otros titulen mañana que la UE ha cumplido una misión imposible”. 

El mensaje a los mercados financieros no podría haber sido más explícito. Lo terrible es lo que tienen en común los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia, España, los “frugales” y los países del Este. Merkel, Macron, Rutte y Pedro Sánchez —pero también Pablo Iglesias— saben que el plan de reconstrucción de la UE se lleva a cabo en última instancia debido a los intereses de poder que hay detrás. 

Entre 2011 y 2018, la Comisión Europea recomendó 105 veces a los estados miembros de la UE que recortaran las pensiones y 50 veces que tomaran medidas contra los aumentos salariales

Los gobiernos de la UE saben que la mayoría de sus economías dependen fuertemente de la exportación y la globalización y sus industrias se beneficiarán de las inversiones en un capitalismo “verde” y digitalizado, de la militarización de las fronteras y de “reformas” impuestas (dinero a cambio de desregulación y “seguridad jurídica” para los inversores). 

¿Cómo se explica si no que el ex ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, hoy presidente del Bundestag, haya apoyado el paquete de ayudas europeas? Schäuble, que fue unos de los artífices del endeudamiento ilegítimo y del brutal programa de recortes sociales de Grecia, defiende que en lugar de centrarse en los aspectos de la financiación, debería haber un debate abierto a nivel europeo sobre los proyectos comunitarios a los que se debería destinar el dinero en los Estados Miembros y sobre la forma de garantizar un uso eficiente de los fondos con directrices estrictas.

Tampoco perdamos de vista que el fondo de recuperación cuenta con el apoyo de la patronal europea  (BusinessEurope) o la Federación de Industria Alemana (BDI) que en los meses previos ya habían colado sus medidas en los despachos de Bruselas, Frankfurt, Berlín y París.

Todo indica que no estamos ante un gesto de caridad o solidaridad de la UE. 

Un plan preconcebido

La historia nos enseña que las “recomendaciones” de la Comisión Europea en el marco del Semestre Europeo tienen un claro sesgo neoliberal. Entre 2011 y 2018, recomendó 105 veces a los estados miembros de la UE que recortaran las pensiones y 50 veces que tomaran medidas contra los aumentos salariales. En 63 ocasiones, la Comisión incluso pidió que se recortara y privatizara el sistema de atención de la salud. ¿No parece un poco arriesgado vincular las ayudas de recuperación a un instrumento que en el pasado ha puesto en peligro la sanidad pública en Europa?

Aprobado el acuerdo marco, lo que nos debe preocupar a partir de ahora es el plan de reformas e inversiones que debe presentar cada estado miembro de la UE para recibir los fondos europeos

Von der Leyen dijo que “cada Estado está elaborando su propio plan, y por supuesto debe ir de la mano de los objetivos de reforma europeos. He llamado deliberadamente al plan de reconstrucción Próxima generación“. Y tiene sentido: la próxima generación tendrá que pagar parte de la deuda que ha asumido ahora.

Aprobado el acuerdo marco, lo que nos debe preocupar a partir de ahora es el plan de reformas e inversiones que debe presentar cada estado miembro de la UE para recibir los fondos europeos. Será sobre todo el ministerio de Nadia Calviño quien diseñe este plan. ¿Creemos que servirá a las mayorías sociales y la transición ecológica justa? ¿Sabemos qué políticas y proyectos se van a financiar con el dinero europeo? ¿Tenemos certeza que no se seguirán rescatando bancos, aerolíneas, la industria automotriz o multinacionales del turismo y los combustibles fósiles con dinero público? 

Las aerolíneas negocian rescates por 13.000 millones de euros y calculan que pedirán hasta 200.000

Pablo Elorduy

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Crisis económica

Las aerolíneas negocian rescates por 13.000 millones de euros y calculan que pedirán hasta 200.000

Pablo Elorduy

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Las compañías aéreas reclaman ayudas estatales para afrontar sus problemas de liquidez. El Ministerio de Transporte anunció que se ayudaría a Iberia pero aun no se han negociado cantidades. IAG, grupo al que pertenece Iberia, obtuvo en 2019 un beneficio de 2.800 millones de euros.

¿Hay garantías de que no se utilizarán los fondos europeos para seguir construyendo infraestructuras inútiles y destructivas de ecosistemas y biodiversidad —como autopistas, puertos, aeropuertos y centros logísticos— que llenan los bolsillos de Florentino Pérez y Ana Botín?

Si el correlato del fondo de recuperación de la UE para España son los Presupuestos Generales del Estado y el plan de medidas económicas para mitigar el impacto del COVID-19 (Real Decreto ley 7/2020) entonces, me van a perdonar, soy muy pesimista.

Si comparamos las ayudas para las personas más empobrecidas y desfavorecidas del plan de medidas económicas para mitigar el impacto del covid-19 con el gasto público en apoyo a los sectores económicos de las elites multimillonarias de España, ¿quién sale ganando?

Un poco de historia 

En la fase eufórica de la globalización neoliberal, fueron los propios Estados miembros de la UE —gobiernos y parlamentos— los que aprobaron recortes a su propia soberanía democrática y maniobra política. Aprobaron el Tratado de Maastricht (1991-93). El Tratado —aprobado bajo un gobierno del PSOE (Felipe González)— no sólo contenía normas estrictas sobre el déficit público, sino también prohibía cualquier forma de refinanciación pública. 

Desde entonces no se ha permitido a los Estados miembros de la Unión Europea tomar dinero prestado de los bancos centrales (incluido el BCE), de otros Estados de la UE o de la propia Unión, ni avalar la deuda unos Estado a otros.

Los tratados de la UE tienen prioridad sobre el derecho constitucional nacional y son difíciles —sino imposibles— de enmendar ya que eso requiere unanimidad de los Estados miembros

Como decía Ramón Fernández Durán, el Tratado de Maastricht profundizó el giro neoliberal del “proyecto europeo”. Consistía en algo bastante más profundo que la Unión Económica y Monetaria aunque la consecución de la moneda única fuera la piedra angular y el grueso de dicho tratado. “En ningún otro terreno como el monetario la cesión de soberanía estatal es tan manifiesta, para que el “proyecto europeo” pudiera hacer frente a las nuevas dinámicas de la globalización económica y financiera”, advertía Ramón Fernández Durán en 2005. 

El objetivo del Tratado de Maastricht sigue siendo exponer a los Estados a las fuerzas de los mercados financieros que penalizan al sector público aumentando los tipos de interés de los bonos del Estado si, por ejemplo, gastan demasiado en políticas sociales o sanidad.

La diferente respuesta fiscal y carga de la deuda será un elemento de mayor fragmentación en la UE que fortalecerá, una vez más la posición dominante de Alemania

Por todo ello no podemos olvidar en este preciso momento que la UE encarna el constitucionalismo neoliberal: es una fosilización legal de la ideología económica. Porque los tratados de la UE tienen prioridad sobre el derecho constitucional nacional y son difíciles —sino imposibles— de enmendar ya que eso requiere unanimidad de los Estados miembros.

El hecho de que los Estados miembros de la UE se hayan dotado voluntariamente de una constitución neoliberal (Tratado de Lisboa) y de unas políticas que en la última crisis han apartado todas las reglas legales para salvar a los bancos y los mercados financieros; y el hecho de que en la actual crisis de covid-19 se vuelvan a rescatar a las industrias de los combustibles fósiles, aerolíneas y a multinacionales que explotan a sus plantillas, evaden el pago de impuestos y destruyen el planeta, plantea serias dudas sobre el objetivo supuestamente benévolo del fondo para la recuperación.

Disparidad entre territorios

Pero es que este pacto “histórico”, lejos de mitigar las diferencias entre el centro y el sur o el este, profundizará aún más esa brecha. Y los únicos mecanismos democráticos, por frágiles que sean, quedan de nuevo al margen de la solución: es tremendamente antidemocrático que se permita a la Comisión Europea, como ejecutivo no elegido, decidir por sí sola quién recibe dinero —y quién no— y en qué condiciones, dejando el Parlamento Europeo una vez más al margen de toda decisión.

Alemania está en una situación privilegiada, tanto en relación a la industria tecnológica como en el control de las cadenas de producción y suministro mundial. Por ello, la recesión allí será probablemente menor que en Francia, España o Italia. Aun así, tendrá un déficit récord del 7,5 % del PIB por los gastos públicos en paquetes de rescate en las que ha invertido ya más de un tercio de su producto interior bruto. El país germano se endeudará 118.700 millones por encima de lo permitido por la regla fiscal anclada en la Constitución alemana. Asimismo, la deuda alemana alcanzará en 2020 el 77 % del PIB, claramente por encima del 60% definido como límite en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.  

Pero la deuda del Sur de Europa crecerá mucho más. Esta diferente respuesta fiscal y carga de la deuda será un elemento de mayor fragmentación en la UE que fortalecerá, una vez más la posición dominante de Alemania. Una ruptura histórica sería si los Estados miembros retiraran su deuda pública de los mercados financieros.

Otra consecuencia de las negociaciones ha sido que los vetos programados de los Estados frugales al Fondo de Recuperación post-covid19 han dado más poder al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien utiliza el dinero europeo para ampliar la autocracia y cleptocracia sin control en su país. 

Junto al gobierno conservador polaco, Orbán había exigido durante la cumbre que se elimine la condición de cumplir con el estado de derecho para recibir fondos europeos y que se necesite unanimidad en el Consejo de la UE para abordar el fraude contra el presupuesto de la UE (así siempre podrán bloquear medias molestas). 

La UE sigue sin asumir que el crecimiento económico (imposible), que persigue, encubre una creciente insostenibilidad ecológica y social del modelo productivo y territorial

La derecha extrema de Hungría y Polonia han vuelto a ganar puntos y poder en la UE. Los mecanismos para hacer cumplir con el estado de derecho y la democracia han sido sacrificados por un acuerdo presupuestario insuficiente. Merkel le ha prometido a Orbán que quiere terminar con el proceso del artículo 7 contra Hungría y que ella lo apoyará para cerrarlo: “Apoyaremos a Hungría, pero los pasos cruciales tendrán que darse en Hungría”. En 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando al Consejo de la UE a actuar contra Hungría ante una amenaza sistémica a los valores fundacionales de acuerdo con el Artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Si nos ponemos las gafas para una visión panorámica, observamos asimismo que los Estados miembros de la UE se siguen negando a reducir asimetrías entre los países y a crear mecanismos efectivos contra el dumping fiscal (que roba de los presupuestos públicos enormes cantidades de dinero). Tampoco están dispuestos a aprobar un presupuesto europeo adecuado ni financiar el presupuesto mediante una política monetaria y fiscal justa. Eso requiere derogar el Tratado de Maastricht o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, entre otras perlas neoliberales del entramado jurídico comunitario. 

Con las gafas de justicia global y anticoloniales, comprobaremos que la UE sigue sin asumir que el crecimiento económico (imposible), que persigue, encubre una creciente insostenibilidad ecológica y social del modelo productivo y territorial. Sigue importando recursos naturales, mayoritariamente no renovables, y mercancías de otras partes del mundo sin responsabilizarse por su agotamiento ni sus huellas de despojo. La política comercial europea, tan aplaudida por la mayoría de fuerzas políticas, perpetúa esta tendencia garantizando la impunidad a las empresas europeas que violan sistemáticamente los derechos humanos en otros países. 

Sugerencias

Mientras algunos gobiernos jugaban la carta chauvinista exigiendo “reformas” neoliberales duras para acceder al fondo para la recuperación han ayudado a la Comisión Europea a aprobar su plan original sin hacer concesiones a los estados del sur de Europa.

La experiencia del Semestre Europeo —“sugerencias” de reformas neoliberales— nos dice que las condiciones de recibir dinero del fondo para la recuperación no serán tan “blandas” como se dice ahora. Irán ligadas al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y pueden convertirse en otro medio de presión para la privatización y los recortes sociales.

Si bien es cierto que las últimas recomendaciones del Semestre Europeo son muy suaves y no dicen gran cosa —algo hecho a propósito por la Comisión Europea—, más allá de si habrá o no condiciones nuevas del plan anti-crisis y del Marco Financiero Plurianual, las condiciones políticas y económicas que ya impone la UE son suficientemente dramáticas e injustas. Si pienso en el plan de inversión que presentará Calviño, tiemblo. 

Cuando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento vuelva a estar funcionando al 100% habrá muchos países con fuertes dificultades para cumplirlo. ¿Comenzará la Comisión Europea procedimientos contra los Estados miembro? 

Por último, cada vez que surge un debate entorno a Europa me llama poderosamente la atención de la poca voluntad —en los líderes políticos, tertulias y medios hegemónicos— (y disculpad por simplificar tanto) en recordar lo que es la Unión Europea. Un proyecto intrínsecamente neoliberal y antidemocrático. Un ejemplo: el 70% de las reuniones de la Comisión Europea para formular el Pacto Verde Europeo han sido con el lobby del capital transnacional causante de la crisis ambiental global. ¿Creemos que con los mismos que se han beneficiado de la destrucción planetaria podemos salir de esta? ¿Cómo es posible que el gobierno español permita que la Comisión Europea contrate a BlackRock, uno de los mayores inversores en combustibles fósiles del mundo, para proporcionar asesoramiento remunerado sobre “finanzas sostenibles”? Las puertas giratorias, los conflictos de intereses y la corrupción en las instituciones comunitarias son constantes. 

Con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad habrá que asumir que la UE no dará respuestas valientes a las desigualdades, ni a la emergencia climática-ambiental ni a la crisis de los derechos humanos. Por eso le corresponde a la sociedad moverse, imaginar y construir proyectos de solidaridad y transformación socio-ecológica. Organicémonos solidariamente contra las políticas de la crisis neoliberal. Si no, se repetirán —tarde o temprano— los recortes sociales que llevan castigándonos una década.