Opinión
Sudáfrica ‘le mete un gol’ a Estados Unidos en la cumbre del G20, pero ¿a qué precio?

Ni conmigo, ni sin mí. Trump se negó a participar en la cumbre y trató de sabotear las negociaciones para impedir una declaración de consenso, llegando incluso a amenazar con vetar la participación de Sudáfrica en la próxima cumbre, que será —irónicamente— bajo la presidencia de los Estados Unidos.

Sudáfrica quería una declaración de consenso, respaldada por todos los jefes de gobierno presentes, y la ha conseguido. Con un mensaje poderoso: “Sudáfrica no agacha la cabeza y no se deja amenazar”, declaró el presidente Ramaphosa en durante el encuentro del G20 Social, cuando se escuchan las voces de las organizaciones de la sociedad civil. Las negociaciones fueron interminables porque, en esencia, esta jugada era un pulso político. Pero se logró.

Sudáfrica tampoco quería que esta fuera una cumbre vacía, sin un legado que trascendiera y reflejara su compromiso con el continente africano y su apuesta por la reducción de la desigualdad. Sin duda, por eso, el propio presidente Ramaphosa impulsó hace unos meses la creación de un Comité Extraordinario sobre Desigualdad Global, liderado por el Nobel Joseph Stiglitz, cuyas recomendaciones fueron presentadas durante la cumbre. Países como España y Brasil, así como la Unión Africana y la Unión Europea, han expresado su apoyo, comprometiéndose a que los avances continúen a través de la creación de un Panel Independiente e Internacional de Expertos contra la Desigualdad. Inspirado en espacios similares sobre cambio climático o inteligencia artificial, su objetivo es dotar de evidencia científica a la acción política.

En muchos sentidos, ha sido un triunfo del multilateralismo y de la determinación política. Pero el coste ha sido alto. En el G20, las decisiones se toman por consenso. Basta con que un solo país se oponga para bloquear los avances. Y si los retos eran gigantes en la agenda climática, en la búsqueda de una salida a la crisis de deuda y en el compromiso renovado hacia un sistema fiscal más justo, los resultados han sido prácticamente inexistentes.

La gran agenda de reforma del sistema fiscal internacional para gravar adecuadamente a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas queda en el aire

Más de 3.400 millones de personas viven en países que destinan más recursos al pago de los intereses de la deuda que a invertir en educación o sanidad. En los últimos 25 años, el 41% de la riqueza creada ha ido a parar al 1% más rico del planeta, mientras que el 50% más pobre apenas ha recibido el 1% de esa riqueza. De hecho, una persona del 0,1% más rico contamina más en un solo día que alguien del 50% más pobre en todo un año.

En particular, la gran agenda de reforma del sistema fiscal internacional para gravar adecuadamente a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas queda en el aire. Tras el liderazgo histórico de Brasil durante su presidencia del G20 el año pasado, cuando se logró un consenso para impulsar la tributación de los superricos, la declaración de Johannesburgo da ahora palos de ciego: pretende transmitir continuidad, pero sin avanzar ni un solo milímetro real.

¿Qué futuro le queda al G20?

Estos días, quizás aprovechando la silla vacía de Estados Unidos, muchas de las discusiones se han centrado en cómo reconstruir las formas de gobernanza y las reglas del juego dentro del propio G20. Porque nadie ignora que la presidencia de Estados Unidos que acaba de comenzar puede convertirse en un auténtico tsunami político, dispuesto a arrastrar al resto del planeta para intentar que Trump “exporte” sus políticas destructivas.

Martin Wolf, editor económico del Financial Times, dijo hace unos años, en medio de la crisis económica de 2023: “Si el G20 no existiera, habría que inventarlo”. Quizás ha llegado el momento no solo de defenderlo, sino de reinventarlo.