Opinión
El subsidio que no llega: una promesa incumplida

Lo que está ocurriendo con el subsidio extraordinario para las trabajadoras de hogar es la repetición, punto por punto, de un guión histórico: se crea (tarde) una prestación pública para amparar una situación (en este caso, la pérdida del empleo) que el resto de la gente trabajadora tiene ya cubierta (de mejor manera), y al alborozo inicial sigue la decepción, porque la prestación no llega.

No voy a hacer más historia que la inmediata. Muchas se quedaron sin empleo a partir del estado de alarma del 14 de marzo o, al menos, esto es lo que necesitan decir que pasó para tener derecho al subsidio extraordinario. Al resto de gente, si las empresas presentaron un ERTE alegando que su actividad quedó interrumpida antes por causa del covid, se le está abonando la prestación de desempleo desde fechas anteriores. En el caso del trabajo de hogar no es así, a pesar de que los días 11 y 12 de marzo la mayoría de las Autonomías dispusieron el cierre de sus centros escolares, y el clima social de temor al contagio era ya generalizado. El viernes día 13 Pedro Sánchez anunció en televisión que el día siguiente se dictaría el estado de alarma, porque la pandemia exigía adoptar medidas extraordinarias. Insistió mucho en el peligro de contagio vía proximidad física, por lo que en aquellas fechas, día arriba o día abajo, muchas trabajadoras en régimen externo quedaron temporalmente sin empleo. A otras, se les redujeron las horas o los días de trabajo para minimizar riesgos, con la consiguiente pérdida de salarios.

Las que no habían sido suspendidas tuvieron que continuar prestando servicios. Sin información ni medidas de seguridad laboral, algunas se mostraron remisas a seguir trabajando en aquellas condiciones. Otras, necesitaron quedarse en casa para cuidar de sus propias familias. Muchas de estas aparecen ahora en la Seguridad Social como baja voluntaria, por lo que no tendrán derecho al subsidio. Una puntualización necesaria: esas bajas voluntarias se realizaron de común acuerdo con la parte empleadora, que en bastantes casos ha vuelto a contratar a la trabajadora una vez pasado el estado de alarma.

Algunas comparaciones no son odiosas, sino muy ilustrativas. El día 18 de marzo, el BOE publicaba el RD 8/2020, en el que se establecían medidas muy especiales para casi toda la gente trabajadora. Se reconocía la prestación de desempleo en el Régimen General a los afectados por ERTE, aun a quienes no tuviesen cotizado el periodo que se exige en tiempos normales. La misma medida se aplicó a las personas del RETA (Régimen de Autónomos), incluso a las que, pudiendo hacerlo, no se encontraban cotizando para la contingencia de desempleo. Esta prestación extraordinaria del RETA podía extenderse desde el 14 de marzo al 30 de junio y se ha cobrado ya.

La ceguera no es inocente ni piadosa: la contratación de cada trabajadora interna ahorra cantidades ingentes de gasto familiar y de servicios sociales

Lo que ha sido de la gente afectada por ERTES, lo sabemos por televisión: las solicitudes se simplificaron al máximo, toda la gente está ya cobrando su prestación y tras muchas horas de conversaciones entre gobierno y agentes sociales, el BOE del 27 de junio publica el RD 24/2020, que extiende hasta el 30 de septiembre la protección de desempleo en condiciones excepcionales para los ERTES ya iniciados.

En todos los sectores hay economía sumergida. Tanto por la gente sin alta en la Seguridad Social como por las altas que no reflejan más que una pequeña parte de la jornada. En el empleo de hogar este capítulo tiene entidad especial. En marzo hay un salto entre las cifras de ocupación en el sector que da el INE para el primer trimestre de 2020 (576.000) y las del alta en la Seguridad Social (marzo, 393.000 trabajadoras). Debe haber muchas más, que no se declaran en las encuestas porque no están aseguradas o porque no tienen permiso de trabajo.

Durante el confinamiento ha habido trabajadoras internas cuyos empleadores no les permitían salir a la calle para nada, y no tenía que ver solo con el deseo de preservar la salud de las personas cuidadas sino con el temor a controles policiales que dejaran en evidencia su situación irregular.

Desconozco la situación en otros territorios, en Euskadi la política del gobierno del PNV-PSE es mirar para otro lado a todos los efectos, por lo que durante la pandemia hemos insistido en lo infundado del temor a sanciones en caso de que la Ertzaintza detectase trabajadoras sin papeles en los controles callejeros. La ceguera no es inocente ni piadosa: la contratación de cada trabajadora interna ahorra cantidades ingentes de gasto familiar y de servicios sociales, máxime si no tiene derecho al alta en la Seguridad Social. Mejor dejar el cálculo monetario exacto para otra ocasión, pero es algo que deberemos hacer.

Volvemos al subsidio de hogar. Tras semanas de angustia (sí, angustia) por el abandono institucional, el RD 11/2020, BOE 1 de abril, crea un subsidio extraordinario para las trabajadoras de hogar que estaban de alta en la Seguridad Social. No escribo trabajadoras de hogar y cuidados porque las que estaban cuidando generalmente no perdieron su empleo, salvo por muerte de la persona empleadora. En la estadística de muertes de personas mayores durante el confinamiento, estaría muy bien saber qué porcentaje de entre las que estaban a cargo de una trabajadora de hogar en su propio domicilio, murieron o necesitaron ingreso hospitalario por el covid-19. Vuelvo al ahorro en gasto público y, en este caso, también disminución de sufrimiento familiar y social.

Se le dieron al SEPE tres meses para establecer las formalidades de solicitud del subsidio y otros tres meses para resolver las solicitudes, lo que colocaba el cobro en septiembre como pronto. El 5 de mayo empezó la posibilidad de pedirlo, después de haber rellenado unos impresos difíciles con las oficinas del SEPE cerradas, sus teléfonos colapsados, y la necesidad de conseguir la colaboración de la parte empleadora en los casos de suspensión. Ante las protestas por la lentitud del proceso, la campaña de las organizaciones por el cobro del subsidio para julio tuvo una respuesta el día dos a través de la prensa: se iba a empezar a pagar.

Se explicó el atraso por la falta de un programa informático para procesar las solicitudes. Puestas ya de acuerdo en que las comparaciones no son odiosas, recuerdo que los programas informáticos no caen del cielo, los hacen las personas, y se han modificado con la rapidez necesaria para atender a los demás sectores aplicando unas reglas de juego extraordinarias.

Sobran evidencias de que el descontrol del sector no se explica por dificultades técnicas sino por falta de voluntad política

Me voy a adelantar a los argumentos de la institución, son previsibles. El SEPE se ha encontrado con una población solicitante que no aparecía en sus registros; claro que no aparecía, porque nunca se exigió a la parte empleadora cumplir con su obligación ─vigente desde 2012─ de registrar los contratos de trabajo en la Tesorería, simultáneamente a dar el alta en la Seguridad Social. El caos viene de la historia previa de abandono. También es probable que las solicitudes tengan errores y omisiones; seguro que las tendrán, era lo esperable con un SEPE inaccesible presencial ni telefónicamente para apoyar a las trabajadoras y con una parte empleadora a la que nunca se le ha sancionado por incumplir sus deberes patronales.

A día de hoy, entre trabajadoras que pusieron todo su esfuerzo y diligencia en presentar la solicitud en la primera quincena de mayo, la pregunta que se repite es: ¿conocéis a alguien que haya cobrado el subsidio?. En todo caso, el subsidio solo se cobrará hasta el 20 de julio, lo que suscita otra cuestión a más largo plazo, y creo que más importante. Estamos viendo desplomarse los salarios que se ofertan a la salida del estado de alarma. Trabajadoras que han estado meses sin cobrar salario ni prestaciones sufren ahora una enorme presión para admitir condiciones laborales a la baja, en jornada y sueldo, condiciones ilegales que ya se daban antes pero ahora son peores. Atajar esta pendiente de cada vez mayor explotación exige la regularización de todas las trabajadoras migrantes, desvinculando el permiso de trabajo de los actuales requisitos (normalmente tres años de residencia y una oferta de trabajo), y sigue por el control de las condiciones en las que trabajan todas, internas y externas, migrantes y autóctonas.

Sobran evidencias de que el descontrol del sector no se explica por dificultades técnicas sino por falta de voluntad política. Que a su vez viene explicada porque el empleo de hogar en las actuales condiciones es una pieza esencial a un modelo que para hacer justicia a las mujeres en general y a las trabajadoras de hogar en particular exigiría grandes cambios en la organización social de los cuidados.