Opinión
El plan ReArm Europa

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, las políticas de militarización y rearme en Europa inmediatamente tomaron un fuerte impulso. Aunque hay posiciones no del todo convergentes, en el Consejo de la Unión Europea (UE) todos se mostraron partidarios de gastar más y mejor, de reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa de la UE y de mejorar el acceso a la financiación pública y privada. Las declaraciones públicas, la retórica de guerra, tanto en el seno de la UE como de la OTAN, son útiles para generar miedo a una invasión de Rusia a un país europeo y así incrementar el apoyo social a las políticas de aumento del gasto en defensa, como así lo muestran las encuestas de opinión.

Sobre estas cuestiones es importante rebatir el argumentario que hay detrás de los aumentos del gasto militar. La propuesta de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, que presentó el Plan ReArm Europe afirmando que “si Europa quiere evitar la guerra, Europa se ha de preparar para la guerra” y que “la era del dividendo por la paz ya pasó” incluye la financiación de ese rearme con 800.000 millones de euros, de los que 150.000 serían financiados con deuda común de la UE que, aunque sean a un bajo interés, se tendrán que devolver. El resto de los 650.000 millones correrá a cargo de los Estados miembros. Para ello, la CE propuso varias fórmulas de ingeniería contable para que los Estados las llevaran a cabo: que las inversiones en la adquisición de armamento no computen en el techo de gasto ni como deuda pública ni como déficit de los Estados.

Aunque la OTAN fue más lejos y el 24 de junio de este año convocó en La Haya, bajo la presidencia de Donald Trump, una cumbre donde los 32 países miembros acordaron alcanzar el 5% del PIB en gasto militar en el año 2035: un 3,5% destinado a defensa militar y un 1,5% destinado a seguridad militar.

Los Estados solo tienen tres vías para conseguir esos recursos. Una, emitir deuda pública, de la que buena parte iría destinada a sufragar el gasto en adquisidores militares. La segunda es que el aumento de gasto militar se financie por la vía de impuestos, aumentar o crear nuevos impuestos. Y la tercera, que se ajuste el presupuesto anual, es decir: reducir gasto (recortes) de otros ministerios para incorporar un mayor gasto a defensa. En ese sentido, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que “los ciudadanos europeos deben aceptar sacrificios con recortes en sus pensiones, sanidad y seguridad social”. Otro ejemplo es el Reino Unido, donde el primer ministro, Keir Starmer, aplicó esa receta. Así, en el presupuesto de 2025 ha recortado 5.700 millones en asistencia a discapacitados, salud, ayudas a familias dependientes y reducirá diez mil puestos de trabajo público. En Alemania, la ministra de Economía propuso atrasar la jubilación a los 70 años. Otro de los ámbitos donde diversos países han anunciado recortes es en la Ayuda Oficial al Desarrollo: Francia ha aplicado un recorte del 35%, Países Bajos un 30%, Bélgica, un 25% y Reino Unido un 50%.

La propuesta del plan ReArm Europe de la UE, como lo acordado en la OTAN, según la narrativa oficial, servirá de impulso al progreso tecnológico e industrial europeo, contribuirá a modernizar y dinamizar el tejido empresarial y generará empleos directos e indirectos

La propuesta del plan ReArm Europe de la UE, como lo acordado en la OTAN, según la narrativa oficial, servirá de impulso al progreso tecnológico e industrial europeo, contribuirá a modernizar y dinamizar el tejido empresarial y generará empleos directos e indirectos. Estas son, de hecho, dos de las grandes falacias que se repiten habitualmente para convencer a la opinión pública de los beneficios que produce la economía militar: una, el trasvase spin-off, de tecnologías que se producen en la investigación de los armamentos que tendrán su aprovechamiento en el ámbito civil; y la segunda, la creación de puestos de trabajo.

Ambas cuestiones han sido ampliamente tratadas, pero es importante volver a insistir en ellas, dada la insistencia de los gobernantes europeos en ensalzar las bondades que aportan a la sociedad las inversiones en defensa. En lugar del keynesianismo militar que proponen los líderes europeos, merece la pena estudiar las tesis que se lanzan al respecto desde la economía crítica (Seymour Melman, Wasily Leontief, Robert Pollin y Heidi W. Garret-Peltier, entre otras muchas), a las que se deben añadir los economistas partidarios del decrecimiento, que niegan a las armas cualquier posible beneficio. El principal argumento de unos y otras es que el armamento, al no entrar de forma convencional en el mercado y al ser adquirido de forma exclusiva por los Estados y no por la población, pierde su valor de cambio y, por lo tanto, su valor social, como así ocurre con la gran mayoría de los productos de carácter civil. Así, desde la economía crítica, la producción de armamento representa una pérdida de oportunidad para el desarrollo económico-social, pues si esos mismos recursos públicos en lugar de ser destinados a la I+D de una economía ineficiente se dirigieran a la economía real, la productiva, incluidos los ámbitos sociales como la educación o la sanidad, contribuiría en mayor medida al desarrollo de la comunidad en cuestión. Los argumentos de quienes han estudiado este desajuste aducen que, si los recursos monetarios, de bienes de equipo, de conocimientos tecnológicos y de mano de obra que consumen los ejércitos y la producción de armamentos se destinaran a sectores civiles generarían mayor empleo, así como manufacturas y servicios más competitivos. Esta realidad se constata también en un estudio de 2017 de Garret-Peltier, donde se explicita que la producción de armas requiere en porcentaje muchos menos trabajadores que la producción y servicios civiles. Según esta investigación, en Estados Unidos por cada mil millones de dólares gastados se crean 17.000 puestos de trabajo en energía limpia, 20.000 en sanidad, 29.000 en el sistema escolar, pero sólo 11.600 empleos en el ámbito militar.

La apuesta por la vía militar conforma y consolida una arquitectura de la seguridad internacional basada en el uso de la fuerza, la competición y la disuasión, en detrimento de las alternativas basadas en el multilateralismo y la cooperación

El camino de rearme iniciado por la UE, y en el que se encuentra también inmerso el Estado español, es un enorme error estratégico no solo en el ámbito de la economía productiva, sino también en el de la seguridad. Esta apuesta por la vía militar conforma y consolida una arquitectura de la seguridad internacional basada en el uso de la fuerza, la competición y la disuasión, en detrimento de las alternativas basadas en el multilateralismo y la cooperación.  Las políticas militarizadoras y de rearme debilitan, de hecho, los principios emanados por las Naciones Unidas, que impulsan un modelo de seguridad que se alcanza por medio de las relaciones diplomáticas de buena vecindad, de cooperación en los ámbitos económicos, sociopolíticos y culturales, en buscar equilibrios militares y distensión a través del desarme, alcanzando mínimos comunes que eviten peligros y amenazas y hagan posible una seguridad compartida. Es decir, un equilibrio que impida que un país se sienta amenazado por otro, estableciendo una seguridad común y compartida entre estados que eviten conflictos y que, si surgen, sea capaz de resolverlos por la vía de la negociación diplomática.

Ese es el camino de la seguridad que debería seguir la política exterior de la UE con respecto a Rusia. En lugar de perseguir una seguridad basada en el uso de la fuerza militar y de la disuasión armándose frente a Rusia en una escalada que solo provocará nuevas crisis y enfrentamientos. Se deberían llevar a cabo iniciativas diplomáticas que propicien un alto el fuego y pongan fin a la guerra de Ucrania, que condujeran a unas negociaciones de paz. Unas negociaciones que deberían tener en el horizonte la distensión, la coexistencia pacífica, la cooperación cultural y económica, y una seguridad compartida con Rusia que pusieran fin a la escalada militar actual y propiciaran una Europa unida sin exclusiones.