Opinión
(No) solo el pueblo salva al pueblo

El desastre de la Dana en Valencia ha provocado una ola de indignación y rabia contra el conjunto de la clase política española, además de un sentimiento generalizado de que las instituciones públicas no ayudan a los ciudadanos cuando estos más lo necesitan. Sin entrar a valorar si los mecanismos de prevención en un primer momento y los de reconstrucción posteriormente han sido o son eficientes, es evidente que en los días posteriores al desastre hubo numerosas declaraciones en medios y redes sociales que alimentaron una narrativa interesada, presentando a España como un “estado fallido” incapaz de proteger a sus ciudadanos en situaciones de emergencia. Estas opiniones, amplificadas por ciertos sectores mediáticos y políticos, viene en gran parte determinada por una ola reaccionaria mundial de la que España no es ajena —en la que Donald Trump es su máximo exponente internacional— y que pretenden erosionar y deslegitimar las instituciones públicas y con ello el papel que tienen los organismos estatales a la hora de proveer servicios públicos a sus ciudadanos.

Es en medio de todo el barro —metafórico y literal— donde la extrema derecha despliega toda su maquinaria. Sus principales voceros azuzan, mediante bulos, a una parte de la población legítimamente indignada que carga contra las instituciones públicas las cuales las perciben inoperantes y deficientes. En ese sentido, se ha popularizado el lema “solo el pueblo salva al pueblo”, vinculado tradicionalmente a los movimientos de izquierda. Como consecuencia de esto, están ganando peso los discursos anti impuestos, que encuentran en la indignación ciudadana un caldo de cultivo con el cual crecer y ganar hegemonía.

Si bien durante el ciclo político del 15M también existió la crítica a los políticos y a los partidos tradicionales, esta tenía como objetivo reapropiar la política para el conjunto de la ciudadanía, es decir, politizar la vida en común. Por el contrario, la extrema derecha, en sus diferentes versiones, busca generar un clima antipolítica con el fin generar una sensación de desgobierno y caos para posteriormente presentarse ellos como la solución a todos los problemas.

Tras estos discursos antipolíticos y antiestablishment —es importante señalar el hecho que detrás de estos movimientos reaccionarios, hay multimillonarios como Elon Musk, o como en el caso español, aristócratas, grandes empresarios y personajes que llevan toda su vida dedicándose a la política— está la idea de reducir el estado social a la mínima expresión, a la vez que se incrementa la parte represiva del mismo. Con ello lo que se busca es eliminar el control público y democrático de las decisiones políticas y que estas pasen a estar bajo criterios de mercado, reduciendo así la democracia al mínimo, despolitizar asuntos que son realmente políticos.

Con su estrategia de erosionar al gobierno de España al tiempo que intenta proteger a Mazón, el PP está colaborando en la alimentación de este clima contrario a las instituciones públicas

Para que esta tormenta perfecta antipolítica pudiera darse, han tenido que operar diferentes actores, algunos lo han hecho de manera deliberada y activa, mientras que otros han participado de forma tangencial o inconsciente. En los primeros encontramos a extrema derecha que está participando en las labores de reconstrucción en Valencia, ya sean las organizaciones políticas vinculadas a Vox o las que son abiertamente fascistas. Relacionados con estos, están los conocidos influencers y “periodistas” que han aprovechado la catástrofe para propagar bulos y generar confusión y caos —destacar a Iker Jiménez y el bulo de los cientos de muertos en el aparcamiento del Centro comercial Bonaire—, vertiendo así una sombra de sospecha en el recuento de muertos y desaparecidos llevado a cabo por el estado. Destacar que, a raíz de la catástrofe de Valencia, han surgido numerosas teorías de la conspiración que acusan directamente a la autoridades políticas de esconder el número total de muertos y desaparecidos, o las más inverosímiles, señalando a países terceros como responsables directos de la Dana.

Uno de los problemas principales es que, otros actores, sin una intencionalidad política definida, y que también han hecho suyo el lema “solo el pueblo salva al pueblo”, se han acabado subiendo a esta ola reaccionaria, en la mayoría de casos sin ser conscientes de ello. Motivados por la inoperancia de las diferentes administraciones en la gestión de la catástrofe, numerosos perfiles de RRSS sin ninguna vinculación política definida —algunos incluso de humor— y con miles de seguidores y reacciones a cada una de sus publicaciones, también han vertido cantidad de mensajes deslegitimando a las instituciones públicas. Ese mismo mensaje antipolítica ha resonado en las redes de ciudadanos anónimos, así como entre muchos voluntarios que están ayudando con sus propias manos a reconstruir Valencia. También hay una gran indignación contra los políticos entre los afectados directos por la dana, sobre todo dirigida contra el gobierno de la comunidad valenciana —una marcha masiva el pasado 9 de noviembre pedía directamente la dimisión de Mazón— cuestión esta última, completamente comprensible y legítima. En ese sentido, tampoco podemos pasar por alto el intento de agresión a Pedro Sánchez y a Felipe VI durante su visita a Paiporta en los días posteriores a la catástrofe natural, de la cual el PSOE responsabilizó a grupúsculos neonazis.

Mención aparte merece el PP, que con su estrategia de erosionar al gobierno de España al tiempo que intenta proteger a Mazón, está colaborando en la alimentación de este clima contrario a las instituciones públicas, al Estado y a la política en general.

Si bien nos podemos sentir orgullosos de la gran ola de solidaridad mostrada con el pueblo valenciano tras la catástrofe de la Dana, donde personas anónimas y diferentes organizaciones se han sumado sin dudar a las labores de limpieza y la recogida de materiales y alimentos para los damnificados, no podemos permitir que los discursos contra la política —que no contra los políticos— y las instituciones públicas ganen terreno en favor de posicionamientos reaccionarios y ultraliberales que cuestionan el papel del Estado en la hora de proveer servicios públicos, redistribuir la riqueza o ayudar a los más necesitados.

Es cierto que existe margen de mejora en los procedimientos y la eficiencia de las administraciones, y es imprescindible exigir responsabilidad y transparencia a los políticos. Sin embargo, también es fundamental reconocer el papel esencial de las instituciones públicas, tanto en momentos críticos como este, como a la hora de dotar de servicios y recursos al conjunto de la población.