Opinión
La necropolítica migratoria en la República Dominicana

La necropolítica, según el historiador y filósofo camerunés Achille Mbembe, es una forma de ejercer el poder político en la que la muerte se convierte en un medio para controlar y subyugar a la población. En lugar de fomentar la vida, se decide quién puede vivir y quién debe morir, y se utiliza la muerte como una herramienta política. La muerte, a su vez, no se limita únicamente a la dimensión física, sino que también puede manifestarse de formas más sutiles a través de la exclusión social y la negación de derechos. Los gobiernos aplican esta forma de violencia, ya que sus políticas y prácticas pueden llevar a la marginación y privación de la dignidad de las personas.

En la actualidad, esta política se puede ver en la gestión de las migraciones, donde las políticas restrictivas y punitivas aumentan la vulnerabilidad y la inseguridad de la población migrante, produciendo muertes evitables y reforzando la diferencia en el derecho a la vida. Desde una perspectiva socialista, se explica que estas políticas son inherentes al desarrollo capitalista y han sido una constante a lo largo de la historia.

En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento en el flujo migratorio a nivel mundial. Las guerras, la explotación de la tierra, el narcotráfico, la trata de personas, los monocultivos industriales y la pobreza generada por el capitalismo desenfrenado, han creado situaciones de desplazamiento forzado para miles de familias que luchan por sobrevivir. En ese contexto, en todo el mundo, la política migratoria se ha vuelto más estricta para frenar los flujos de migrantes, generando graves consecuencias para la vida humana, lo que ha aumentado la inseguridad y la vulnerabilidad de las personas migrantes forzadas.

En República Dominicana se ha desarrollado una fundamentación doctrinaria anti-haitiana en la que la existencia misma de Haití, de inmigrantes haitianos y de personas dominicanas de ascendencia haitiana representan un “peligro” para la soberanía

En el caso específico del Estado dominicano, se ha desarrollado una fundamentación doctrinaria anti-haitiana en la que la existencia misma de Haití, de inmigrantes haitianos y de personas dominicanas de ascendencia haitiana representan un “peligro” para la soberanía. Esto se debe a que el origen del Estado dominicano, por largas décadas del siglo XIX, estuvo hegemonizado por sectores pro-anexionistas que veían su futuro ligado a España, Francia o los EEUU, y no como nación independiente que desarrollara relaciones fraternas con Haití.

En el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la República Dominicana ha estado bajo dominio semicolonial estadounidense y se han ido consolidando elementos de apartheid, como la diferenciación racial en el acceso a derechos fundamentales como el derecho mismo a la nacionalidad. En el metabolismo político dominicano, todos los partidos del sistema compiten por presentarse cada uno como el más anti-haitiano, utilizando un populismo pseudonacionalista.

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La ONU y un sector del Partido Demócrata reclaman soluciones humanitarias a Joseph Biden ante una crisis migratoria que ha dado lugar a escenas dantescas.

La fantasía política de contención migratoria ha demostrado la extrema precariedad del Estado de Derecho y ha fortalecido el rechazo a los extranjeros haitianos empobrecidos. Los discursos políticos y mediáticos han fomentado la barrera de la otredad y han creado una ficción política de “nosotros aquí y ellos allá”. En este contexto, los derechos humanos se ven amenazados y los enclaves fronterizos se convierten en espacios perpetuos de estado de excepción. Además, se niega la nacionalidad a personas dominicanas por su ascendencia haitiana, generando la mayor comunidad en situación de apatridia en la región.

Los conceptos de biopolítica y necropolítica permiten entender formas racistas de subyugación y gestión de las poblaciones en la actualidad. El imperativo económico del capitalismo ha llevado a la cosificación de la vida humana y a la reducción del ser humano a una mercancía fácilmente reemplazable. Esto ha resultado en una concepción de las personas forzadas a emigrar como consumidores fallidos, es decir, como vidas no rentables que sobran, según los criterios del mercado globalizado.

Las políticas fronterizas restrictivas han modificado las rutas migratorias y la negación de los mecanismos de regularización para migrantes que tienen años residiendo en el país, los ha dejado en una posición de vulnerabilidad ante las redes delictivas. Resulta revelador que, mientras el gobierno dominicano aumenta su estrategia de expulsión masiva de migrantes, no ha realizado esfuerzos significativos para aprobar una ley que castigue con dureza a los grupos delictivos que trafican con personas, y al mismo tiempo, niega la existencia de la explotación laboral y el trabajo forzado de la mano de obra haitiana.

La necropolítica gubernamental contra las personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en República Dominicana es un conjunto de formas de violencia y discriminación que buscan excluir y marginar a estas comunidades

Al mismo tiempo, se observa una continua retroalimentación entre el gobierno y los grupos ultranacionalistas que perpetúa un ciclo de discriminación y exclusión. La política del gobierno, tanto sus acciones como omisiones, alimentan una actitud de odio, mientras que los discursos de los grupos ultranacionalistas ejercen una presión sobre el gobierno para que adopte políticas aún más discriminatorias. Este ciclo vicioso conduce a la perpetuación de la violación de los derechos humanos y la exclusión social.

La necropolítica gubernamental contra las personas haitianas y dominicanas de origen haitiano en República Dominicana es un conjunto de formas de violencia y discriminación que buscan excluir y marginar a estas comunidades, negarles sus derechos y recursos básicos, y en algunos casos llevarlas a la muerte a través de la negligencia. La necropolítica implica, por una parte, “ver, oir y callar”, es decir, ignorar y desentenderse de la situación de estas personas, permitiendo que sigan siendo víctimas de violencia y discriminación. Esta política tiene un efecto letal, ya que les impide acceder a los servicios básicos y recursos necesarios para sobrevivir y desarrollarse de manera digna, por ejemplo negando servicios de suministro eléctrico y de agua a comunidades enteras. Por otra parte, implica la deportación masiva, separación de infantes de sus familias, detención arbitraria de mujeres embarazadas, allanamientos sin orden judicial y extorsión a inmigrantes haitianos por parte de agentes policiales, tortura e incluso asesinato de trabajadores inmigrantes haitianos.

Es imperativo que se adopten políticas migratorias justas y respetuosas de los derechos humanos, en las que la protección de la vida humana sea la brújula moral. La cosificación de las personas migrantes debe detenerse y se debe reconocer la dignidad de todas las vidas humanas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio.