Opinión
Infierno para los tratantes y no para sus víctimas

Diez años después de la aprobación de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, el Parlamento Europeo ha examinado su implementación, y las conclusiones no son buenas. Pese a que el texto abordaba de forma integral el fenómeno y aplicaba un enfoque de derechos y de género, su aplicación ha sido deficiente e ineficaz para luchar contra diversas formas de esclavitud en pleno siglo XXI.

Los datos de los que disponemos son insuficientes para entender la magnitud y complejidad de este “mercado de seres humanos”, y más aún para hacerle frente, pero algunas cifras permiten vislumbrar el infierno en el que viven miles de personas en la Unión Europea. Entre 2017 y 2018, más de 26.000 personas fueron formalmente identificadas como víctimas (incluyendo Reino Unido), pero la inmensa mayoría siguen siendo invisibles y continúan siendo explotadas. 

En España, por ejemplo, solo el 1,5% de las víctimas son formalmente identificadas. Esto quiere decir que de las 63.551 personas que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ha considerado en situaciones de riesgo entre 2013 y 2017, solo 853 han recibido la protección y la atención necesarias para volver a vivir en libertad.

Una mujer forzada a ejercer la prostitución en la calle llegó a acumular 5.000 euros en multas por ese motivo. Se abrieron diligencias penales y se le dio la condición de testigo protegido, pero el caso se archivó y ella aún tiene que pagar sanciones

Incluso entonces, el proceso no está exento de trampas: una de esas víctimas es una mujer forzada a ejercer la prostitución en la calle que acumula 5.000 euros en multas por ese motivo. Tras ser detectada e identificada, se abrieron diligencias penales y se le dio la condición de testigo protegido. El caso se archivó por desconocerse el paradero del tratante, pero ella no ha sido reparada y aún tiene que pagar sanciones por haber sido explotada. Todo ello pese a que la Directiva establece que los Estados deben adoptar “las medidas necesarias para garantizar que las autoridades nacionales competentes puedan optar por no enjuiciar ni imponer penas a las víctimas de la trata por su participación en actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer”.

El informe del Parlamento pone de relieve que necesitamos indicadores exhaustivos para sacar a la superficie todas las formas de trata de personas. La forma de trata más extendida en la UE (60%) es la explotación sexual (casi el 95% de las víctimas son mujeres y niñas, ocultas en pisos o clubs o ejerciendo en la calle); el 15% de las personas sufren explotación laboral (esclavizadas en el campo o en el servicio doméstico); y otras muchas se ven arrastradas a la mendicidad, la delincuencia o los matrimonios forzados.

Sería fundamental, además, mejorar los servicios de identificación, protección, atención y reparación, y dotarlos de profesionales que cuenten con los medios necesarios, con condiciones laborales dignas y reciban una formación adecuada con un enfoque de derechos, de género e interseccional. Porque no olvidemos que, si bien no existe un perfil de víctima, hay factores que acentúan su vulnerabilidad: la desigualdad de género, el origen étnico, la edad, la pobreza, migrantes en situación administrativa irregular y, en general, la falta de recursos socioeconómicos. Por otra parte, la protección y rehabilitación no pueden depender de que las víctimas denuncien o participen en los procesos penales: a menudo no lo hacen por miedo a sufrir represalias, e imponer ‘obligaciones’ para acceder a sus derechos solo aumenta su sufrimiento.

El Parlamento alerta también de que la falta de vías de migración seguras y legales aumenta la exposición de las personas a la trata

El Parlamento alerta también de que la falta de vías de migración seguras y legales aumenta la exposición de las personas a la trata. La extrema derecha pavimenta este camino al infierno cerrando las fronteras a quienes huyen de la pobreza y la violencia, incluidos niños y niñas; criminalizando la labor de las ONGs y oponiéndose al derecho de reagrupación familiar de las víctimas de trata. Cierran las puertas y quieren perseguir a quienes las abren porque en su cielo caben antes los delincuentes que las víctimas. Es curioso ver cómo la misma derecha que santifica la familia se opone a que personas que han sido esclavizadas dentro de la UE puedan reunirse con la suya.

El gran reto que tenemos por delante es perseguir penalmente el uso de los “servicios” obtenidos a través de la explotación de los cuerpos y el trabajo de las víctimas. La trata existe porque es un negocio rentable. Si hay una “oferta” es porque hay una “demanda” que la sostiene. Frente a ella solo cabe una respuesta integral, la coordinación entre instituciones, organizaciones y entidades de atención, y la asunción de responsabilidades de las empresas y portales de internet que albergan anuncios y materiales obtenidos a través de la explotación. Las redes sociales y las nuevas tecnologías son, cada vez más, herramientas de captación, control y explotación. Y hay que reforzar, por supuesto, las medidas de prevención, incluida la educación sexual (“clave para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas”, señala el Parlamento; algo a lo que también se ha opuesto la extrema derecha).

Hay que sancionar el deleznable negocio que supone explotar el cuerpo ajeno, forzarlo para el uso y el disfrute del propio. Hay que condenar sin paliativos a proxenetas, comerciantes de carne humana, explotadores, esclavistas y consumidores. Y hay que señalar también a sus cómplices y encubridores. La Directiva contra la trata de seres humanos tiene que aplicarse integralmente para que sean ellos, y no sus víctimas, los que ardan en el infierno.