Opinión
Yo quiero pagar el abono transporte

Este año 2022, a los mayores de 65 años, se les ha bajado el precio del abono de transporte público desde 6,30 a 3,30 euros. Mientras, en el abono normal (para los de 26 a 64 años) y para jóvenes (hasta los 26 años) se mantenía en 54,60 y 20 euros respectivamente. Esto sin entrar en la tarifación por zonas de transporte.

Además, está anunciado que, en el año 2023, los mayores de 65 años tendrán gratis el transporte público.

Pero con las medidas anticrisis, incluyendo la lucha contra la inflación y la mejora adquisitiva, el gobierno propicia una subvención del 30 por ciento que, en el caso madrileño, la Comunidad eleva al 50 %. Eso hará que a partir de septiembre el abono mensual de los mayores vaya a ser de 1,60 euros.

Estas medidas se anuncia sin considerar el elemento renta.

¿Por qué una persona mayor de 65 años tiene el transporte público gratis y más subvención y, sin embargo, un trabajador ha de pagar íntegramente su billete a pesar de que dicho trabajador pueda tener una renta inferior a las personas mayores?

En la sociedad en la que vivimos, hay pensionistas que tienen más renta que un trabajador. Luego, la razón de la renta ha sido despreciada. Injustamente.

Es positivo el fomento del transporte público por las ventajas de su eficiencia, la disminución de la contaminación, consumo de espacio o minoración de accidentes. Por eso, hay un consenso de hacer accesible el transporte, barato su precio, incluso, reclamamos que el tipo de IVA que se aplique al transporte público urbano e interurbano terrestre sea el súper reducido del 4 %, frente al 10 % actual.

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Si consideramos que el transporte público tiene un coste y que hay que sufragarlo con el precio del billete de transporte y con los impuestos que equilibren el balance, hay que fijar las tarifas y el presupuesto que se destine a ese fin. Para 2022, el presupuesto (subvención) equilibrador del coste del transporte público se fijaba en cerca de 1.300 millones de euros.

Lo adecuado es que haya abono de transporte subvencionado de forma estructural para las personas con ingresos menores al SMI, independientemente de la edad

La regulación del precio del billete de transporte, bonificando y cargando en diferente medida a usuarios y contribuyentes, tiene como objetivo el fomento del uso del transporte a grupos específicos por determinadas razones. Aparentemente, en el caso madrileño, una razón discriminatoria de la bonificación no es la renta, si no, la edad. Puede tener sentido que para facilitar el derecho a la movilidad de personas mayores y desincentivar el uso del vehículo privado de personas que han podido perder facultades, se subvencione su tarifa, incluso al 100 por cien, pero, entendemos, esta subvención no se debe generalizar.

El salario medio en España se sitúa en los 1.923 euros (junio 2021) y la pensión media del régimen general asciende a los 1.245 euros al mes (enero 2022). A su vez, las personas desempleadas han tenido una prestación de 1.043,2 euros (noviembre 2021) y los que tenían subsidio de desempleo, 451,92 euros. El salario mínimo es 1.166 (14 pagas de 1.000 dividido por 12)

Con estos datos, si ponemos el salario mínimo como referencia, lo adecuado, desde nuestro punto de vista, es que haya abono de transporte subvencionado de forma estructural para las personas con ingresos menores al SMI, independientemente de la edad. Los parados o pensionistas en esa condición, con ingresos menores al SMI, estarían subvencionados. También, los trabajadores a tiempo parcial con ingresos menores al SMI. La comprobación de cumplir los requisitos de acceso a la subvención, en el caso de las personas en activo, podría ser mensual facilitado por los servicios de empleo. En el caso de pensionistas no haría falta esa periodicidad.

Afortunadamente, las personas mayores, de media, tienen una vida digna después de los 65 años, la edad general de jubilación, y una pensión contributiva superior a los ingresos mínimos de un trabajador en activo.

Esto nos lleva a que los pensionistas con unos ingresos determinados, superiores al salario mínimo, también contribuyan al coste del transporte público, tengan su bonificación, pero no carguen una bonificación total al resto de los contribuyentes y así facilitar la movilidad de otras personas de la comunidad que tienen unos ingresos menores.

Esta propuesta, lógicamente, tiene que ir acompañada de la austeridad del gasto público, la provisión en calidad y en cantidad de otros bienes y servicios públicos, como la sanidad o la educación, y un sistema fiscal suficiente, equitativo y con progresividad.