Opinión socias
La Vuelta como violencia estructural

Queda claro que nunca una Vuelta a España había suscitado tantas reacciones a nivel mediático, y nunca una noticia sobre la Vuelta a España había provocado tantas respuestas sociales y políticas.

Una de las reacciones que los medios han subrayado (y que ha condicionado la de personas incluso relativamente favorables a la causa palestina) ha sido la supuesta violencia de ciertos manifestantes, responsabilizándoles de lo que pudiera pasar.  Todo esto sin por ello dañar el derecho a la libertad de expresión, un derecho que constituye el núcleo duro de la sociedad occidental (solo cuando nos conviene).

No deja de sorprender que, dos años después, no seamos capaces de interpretar la absoluta realidad que se vive en la calle. Lo que sucede es que la gente está furiosa, que es lo menos que se puede estar, cuando, después de dos años, seguimos viendo cada día niños reventados y famélicos en nuestras pantallas, mientras exsoldados del mismo Estado genocida corren una carrera de bici en nuestras calles. Hay que recordar La Ley del Servicio de Defensa de Israel, de 1986, establece que toda la ciudadanía y residentes en Israel deben realizar el servicio militar a partir de los 18 años; a excepción de ciertos sectores religiosos judíos y, por supuesto, de israelíes palestinos recogidos en el art. 36(1) de la Ley del Servicio de Defensa.

Y sucede también que las instituciones y organismos que permiten y promueven esta carrera no están escuchando a la ciudadanía. Pero ignorando esta furia, se ignoran también los reclamos de  justicia, de respeto a los derechos humanos y, lo que resulta más preocupante, se ignora la legislación internacional que España, y toda la Unión Europea, ha ratificado. Debemos remarcar que ignorar, por ejemplo, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, quien ya en julio pidió a las naciones de la ONU medidas “para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, así como incumplir con la Convención sobre Genocidio, que subraya el compromiso de los países firmantes de “prevenir y sancionar” el genocidio, constituye un delito. En esta Convención se incluye, por cierto, la noción de “complicidad” como elemento que contribuye al crimen. Además, hay que recordar que el genocidio forma parte de los denominados crímenes de lesa humanidad.

Y es por esto que, si en algún momento pasa algo (como ya ha ido pasando), si llega a suceder un accidente de gravedad con algún ciclista, hay que recordar e insistir en que la responsabilidad absoluta es de quienes han permitido que esta carrera se corra de esta manera, con el equipo de una entidad ocupante y genocida, de manera impune, como si no tuvieran que rendir cuentas a nadie. A la Vuelta a España se le ha olvidado algo muy internacional, más incluso de el número de países participantes: la rendición de cuentas. Resulta estúpido recordar que una no puede circular a 100km/h en una calle con niños en las aceras. Pues lo mismo, los organizadores no deberían permitir que los ciclistas circulen a 40km/h por una calle abarrotada de gente furiosa... o abarrotada de personas que exigen el cumplimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional.

Los gobernantes y las instituciones se deben al pueblo, y es su deber escucharlos. Permitir una carrera con estas condiciones —es decir, permitiendo que criminales de guerra laven su imagen a través del deporte— es un delito, lo quieran o no, y la gente no lo va a permitir. Y si los organizadores continúan con esta decisión unilateralmente, es su propia responsabilidad. Permitir que los ciclistas corran a esas velocidades por las calles atiborradas, es negligencia de la organización. Permitir que la policía embista a los manifestantes con tal de permitir el pasaje de los ciclistas, con todo el riesgo que eso supone para todos los implicados, es responsabilidad absoluta de la policía.

La violencia directa que podemos sentir al ver el peligro de choque que corren los deportistas, policías y manifestantes supera, como es habitual, a la violencia estructural, mucho menos percibida. Ésta última, en forma de injusticia, corrupción global y racismo ejercidas por Israel y sus aliados, pasa inadvertida a los ojos de los comentaristas, como si se tratara de algo distante e inconexo. O al menos de eso nos intentan convencer.

Pero la gente lo sabe. Porque son ellos, los organizadores, responsables, y algunos pseudodeportistas —con sus declaraciones de impuestos bien lejos de nuestro Estado— quienes nos quieren hacer creer la falacia de que el deporte no tiene valores éticos ni moral alguna. No hay que olvidar que la sensación de ajenidad que provoca sobre nuestros cuerpos y mentes la alienación capitalista ha obtenido su fruto. Solo basta ver, escuchar y leer a quienes han convertido el deporte en pan y circo, en una atracción sin conciencia social, porque “yo solo soy un ciclista”. Y si hay algo que sabemos, es que es todo lo contrario, que tanto el deporte como el pueblo que lo admira, son mensajeros de la humanidad del pueblo, de su ética y su justicia social, por mucho que quienes se estén llenando los bolsillos con él nos quieran convencer de lo contrario.