Opinión socias
Una economía con presuntos malhechores tecnológicos

El Gobierno de Castilla-La Mancha declaró proyecto de singular interés el “META Data Center Campus” de la sociedad Zarza Networks, S.L., en Talavera de la Reina. Se trata de un hipercentro de datos que Mark Zuckerberg, propietario Facebook, WhatsApp e Instagram, iba a edificar cerca de Ámsterdam, en Zeewolde, pero las autoridades holandesas lo rechazaron por su alto coste medioambiental.

Meta instalará en Talavera de la Reina enormes almacenes con servidores en red en una superficie de 1.911.892 m2  para el almacenamiento y procesamiento remoto de datos. Esas naves industriales de datos se concentran en zonas con escasez de agua, aunque utilizan agua potable para la refrigeración (se estiman 504.500 metros cúbicos anuales de agua potable). Se instalan en zonas secas porque los centros de datos deben construirse donde la baja humedad reduce el riesgo de corrosión del metal.

El emplazamiento que ha escogido META está dentro de áreas de importancia para el águila imperial y el buitre negro. Hay constancia de un nido de águila imperial a unos 2 km, cuya pareja usaría la zona como cazadero. El trazado de las líneas eléctricas externas que abastecerían al centro de datos discurre de forma contigua al espacio de la Red Natura 2000 y Zonas de especial conservación (ZEC) y de especial protección para las aves (ZEPA). Sin embargo, según la evaluación ambiental estratégica simplificada del Gobierno, el proyecto de META  no “incide de forma desfavorable”sobre esos espacios.

El gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la declaración de impacto ambiental en contra de la opinión de movimientos sociales y organizaciones independientes. Aurora Gómez, activista de “Tu Nube Seca Mi Río”, viene pidiendo una moratoria para nuevos centros de datos en España debido a la escasez de agua. Lorena Jaume-Palasí, fundadora de la Ethical Tech Society, advierte que la cuestión del agua se volverá crucial para el territorio ya que con el 75% del país en riesgo de desertificación, la combinación de la crisis climática y la expansión de los centros de datos está “llevando a España al borde del colapso ecológico”. Pero como la zona escogida tiene poca población se espera poca o nula resistencia local al proyecto.

Resulta complicado entender que el Gobierno de Castilla-La Mancha sea tan obsequioso  con META y subvencione con fondos regionales y europeos a una multinacional que tiene el domicilio fiscal en Irlanda y reduce al máximo su factura tributaria aplicando una “planificación fiscal agresiva” para no pagar impuestos. Las ganancias de META en España son desconocidas, no rinde cuentas del volumen de sus negocios ni siquiera en sus pleitos ante los tribunales. De manera que, ante las infracciones de ley cometidas por la multinacional tecnológica estadounidense los juzgados tienen que realizar estimaciones de sus ganancias para calcular las multas.  

Es lo que ha tenido que hacer el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, el pasado 19 de noviembre de 2025, cuando condenó a META a pagar 479 millones de euros, por las infracciones cometidas en España durante cinco años (desde 2013 a 2018) por el tratamiento ilícito de millones de datos personales, de millones de usuarios de Facebook e Instagram, para la venta de publicidad personalizada en sus redes sociales. META habría ganado  más de 5.281 millones de euros mediante una actuación ilegal que repercutió negativamente en los ingresos por publicidad de 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias. Un año antes (noviembre de 2024) fue la Comisión Europea quien multó  a META con 797,72 millones de euros, por abusar de sus posiciones dominantes infringiendo el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Ante la delictiva manera de actuar de META, que abusa de su poder como si fuera un señor feudal, oculta sus ganancias, elude pagar impuestos y tiene una marcada tendencia a quebrantar la ley para favorecer sus negocios, perjudicando a las empresas digitales y agencias de noticias españolas, la cuestión que nos deberíamos plantear es ¿a quién beneficia promover en Castilla-La Mancha una economía con presuntos malhechores tecnológicos, capaces de poner a España al borde del colapso ecológico?