Opinión socias
Un tren clausurado por presuntos delincuentes

En Castilla-La Mancha hay un conflicto que perjudica especialmente a las personas que viven en los núcleos rurales de las zonas despobladas. Los protagonistas del conflicto son, de una parte, el Ministerio de Transporte, el gobierno regional, el Ayuntamiento de Cuenca y la Confederación de empresarios de la provincia (CEOE-Cuenca); por la otra, alcaldes de una decena de pueblos que defienden la reactivación y modernización de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel, las asociaciones ciudadanas que luchan por un ferrocarril público y social y sindicatos. El paso del tiempo puede favorecer que caiga en el olvido el cierre de esta línea férrea que fue promovido por presuntos delincuentes. Para hacer memoria sobre esta estremecedora injusticia que cuenta con la complicidad de los dos partidos dominantes (PSOE y PP) quizás convenga recordar, en varios actos, cómo procedieron los poderes públicos.

En el primer acto, ministros (ir)responsables deciden estar unos treinta años sin realizar las labores mínimas de mantenimiento de la línea férrea, ni aplicar las inversiones presupuestadas. Por el contrario, se dedicaron a recortar servicios, cambiar horarios, clausurar estaciones, suprimir inspectores y taquillas hasta conseguir el deterioro del ferrocarril y que más de trescientas mil personas dejaran de utilizar este servicio público. Esta deshonrosa actuación contó con la complicidad de la Junta de Castilla-La Mancha que aceptaba en silencio el fraude del ministerio en perjuicio de los derechos de las personas residentes en pueblos de la comunidad.

En el segundo acto, José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Fomento, Isabel Pardo de Vera como presidenta de la entidad pública ADIF y el presidente del ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, acuerdan cerrar la línea degradada y ven en la tormenta Filomena una buena ocasión. ADIF negocia la clausura con el endeudado ayuntamiento de Cuenca (a cambio de cuarenta millones de euros), ante el entusiasmo de la confederación de empresarios de la capital que intuye un pelotazo por la privatización de los terrenos públicos de la céntrica estación. De manera que el alcalde de Cuenca yendo en contra un acuerdo unánime del pleno del 25 de marzo del año 2021, firma el protocolo de clausura con ADIF, basado en informes de la entidad pública de ingeniería y economía del transporte (INECO).

En el tercer acto, la ciudadanía se manifiesta para luchar contra el cierre del tren efectuado el 19 de julio del 2022, que les impide acceder a servicios públicos básicos (salud, educación, trabajo, servicios sociales) y les excluye del derecho a viajar gratis. Una decena de ayuntamientos, el sindicato comisiones obreras y asociaciones ecologistas presentan sendos recursos ante el Tribunal Supremo. Un grupo de activistas en defensa del ferrocarril público y social, dirigen una Petición al Parlamento Europeo y celebran plantes semanales, reclamando la reactivación de la línea. Los más de ciento cuarenta plantes tienen una repercusión escasa, porque los medios de comunicación subvencionados, con una estrategia deliberada de ofuscación solo difunden las promesas retóricas de los dos partidos dominantes en la comunidad y callan las movilizaciones y noticias que perjudican al Gobierno regional.

El panorama se enreda a partir del año 2024 con las acusaciones contra el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo singular es que las denuncias por manipular adjudicaciones indebidas no indujeran a pensar que la entidad pública de ingeniería y economía del transporte (INECO), dependiente de Pardo de Vera, también podría haber amañado los informes para justificar la clausura del tramo de la línea férrea Aranjuez-Cuenca-Utiel. Sin embargo, las denuncias contra el exministro y la expresidenta de ADIF ni siquiera aluden a que urdieron la clausura de la línea en perjuicio de las personas que residen  en más de veinte pueblos de zonas abandonadas.

Este descuido beneficia al Gobierno de Castilla-La Mancha que prefiere que no que se mencione su colaboración con ADIF en los protocolos para el expolio del tren. Pero unas estudiantes universitarias de arte han creado un comic y compuesto música reivindicando el ferrocarril, donde airean el protagonismo de los poderes de la región en el despojo de la línea. La obra defiende la reactivación del ferrocarril como bien cultural y podría inspirar la solicitud ante la UNESCO, para que la línea sea declarada ruta patrimonio de la Humanidad, argumentando que tiene cerca de un siglo y medio de existencia, supuso un desafío constructivo para la época, discurre por parajes maravillosos y por su esencia montañosa circula a través de siete fantásticos viaductos como los Arenales, Mira, Torres-Quevedo, Los Imposibles, Hocecillas, Cabriel y San Jorge.

A la vista de lo expuesto y en aras de la debida justicia, hay motivos éticos y estéticos suficientes para que la ciudadanía exija la derogación del decreto de expropiación del ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Utiel urdido por presuntos delincuentes y apoye el planteamiento de García-Page cuando estaba en la oposición (2013) de “pelear a muerte por evitar el cierre del tren”.