Opinión socias
Los tres pilares de las pensiones

Día sí y día también, salen artículos en las páginas salmón, en las sepias y en las blanquinegras donde se cuestiona la sostenibilidad del sistema público de pensiones porque vivimos demasiado, porque nuestras pensiones son demasiado generosas y porque cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes. Ante estas verdades a medias y tácticamente capadas para infundir miedo, nos ofrecen las mismas soluciones de siempre: aumentar la edad de jubilación a los 72, incluso a los 75 años, racionalizar su importe (es decir, bajarlas) y, como solución mágica, acogernos a los planes de empleo y al «aseguramiento» privado.

Los tres pilares: el público, el sectorial o de empleo, y el privado individual. Para que estos dos últimos tengan recursos, es a costa de adelgazar el público, de cambiar un derecho de ciudadanía por un producto más del mercado. La ludopatía bursátil no tiene límites; el gen especulativo, tampoco.

Quienes defienden la política de los tres pilares rompen con la contundencia y seguridad de un saneado sistema público, y ocultan los efectos nocivos que intoxican los productos que intentan vendernos y quieren obligarnos a comprar. Los planes de empleo desvían una masa de dinero que, en un sistema de reparto puro, se podría ingresar directamente en la Seguridad Social mediante las cotizaciones. Al canalizarse hacia fondos privados, esos recursos pasan a generar beneficios e intermediación para gestoras de fondos, bancos y aseguradoras a través de comisiones de gestión, depósito y otras que se puedan inventar.

Estos planes están expuestos al riesgo de los mercados. A diferencia de la pensión pública, que está garantizada por el Estado y se puede y debe actualizar por ley con el IPC, los fondos de empleo dependen de la evolución de la bolsa y los mercados financieros. Crisis financieras globales, como la de 2008, demostraron que las futuras generaciones de jubiladas y jubilados pueden ver reducido el importe de sus pensiones de forma drástica justo antes de retirarse, convirtiendo un derecho social en un activo sujeto a especulación.

Se rompe con la lógica solidaria donde el sistema público redistribuye la riqueza y garantiza mínimos de subsistencia a través de la solidaridad intergeneracional (quienes ahora trabajan pagan las pensiones de sus mayores) e intrageneracional (los salarios altos sostienen las pensiones mínimas). Los planes de empleo operan bajo la lógica individualista de la capitalización: «tanto pones, tanto tienes».

Por último, y esto es fundamental, hay que hablar de la absoluta falta de ética de estos fondos, de la falta de información y de la opacidad que oculta su destino. La mayoría de los grandes fondos de pensiones no compran acciones de empresas individuales una a una, sino que invierten a través de fondos indexados o ETF. Estos productos replican índices globales (como el IBEX 35 o el S&P 500). Al «comprar el mercado entero», el fondo incluye obligatoriamente a gigantes del armamento, corporaciones petroleras y tabacaleras. Para el partícipe es prácticamente imposible rastrear en qué porcentaje exacto su nómina financia la fabricación de armas, la deforestación, la explotación laboral o la degradación medioambiental. Su plan de pensiones, a costa de un plan de explotación laboral, social o medioambiental.

Los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) que en teoría deben regir estos productos no dejan de ser un greenwashing (lavado de imagen), un «capitalismo ético» que no altera la raíz del problema: el dinero sigue atrapado en una lógica de acumulación y rendimiento financiero que choca frontalmente con la vocación de un sistema público, cuyo único fin es sostener la vida y garantizar el bienestar social mediante la redistribución directa (cotizaciones e impuestos pagan pensiones), sin intermediación mercantil.

En conclusión: el sistema público de pensiones no cobra comisiones, no arriesga en bolsa, no pierde los papeles en el casino especulativo; sin embargo, es solidario, redistribuye la riqueza, pone en valor derechos sociales y su fin es lograr el bienestar de la gente, de toda la gente. ¿Pueden decir lo mismo quienes nos arrojan a la selva de la previsión privada? La respuesta es rotunda: NO.