Opinión socias
Silencio, un arma sigilosa

Ha pasado más de un año desde que la Junta de Extremadura admitió a trámite el proyecto minero Esperanza en Sierra de Gata. Con la admisión venía implícita la apertura del período de alegaciones habitual. Las y los ciudadanos teníamos veinte días para alegar nuestras razones contra un proyecto extractivista minero a cielo abierto en nuestra comarca.

Los propios ciudadanos y ciudadanas debíamos ilustrar a nuestros administradores sobre los peligros medioambientales y socioeconómicos, el destrozo del paisaje, la desestructuración geológica e hidrográfica, la contaminación del aire y del agua y la muerte de uno de los últimos reductos naturales de Europa. Nos vimos forzados a organizarnos (en este punto, la Plataforma Sierra de Gata Viva fue motor, herramienta e inspiración), a demostrar que el nuestro no era un rechazo romántico que pretendía sacrificar el beneficio económico para salvar un paraje idílico—está más que demostrado que este tipo de proyectos no implican una mejora en la calidad de vida de las gentes del lugar—. El rechazo popular se basaba en la vindicación de una economía local, un modo de vida, un paisaje, una cultura y una riqueza natural de la que cada vez queda menos. El movimiento ciudadano contra la puesta en marcha del Proyecto Esperanza recogió decenas de miles de firmas y alrededor de 2 300 alegaciones fueron presentadas ante la Junta de Extremadura.

Las legislaciones europea, española y extremeña, favorecen, per se, el extractivismo, pero aún así, existen mecanismos legales que protegen los derechos del ciudadano. Los y las ciudadanas tenemos derecho a reaccionar ante las acciones de la Administración, podemos alegar, plantear nuestras dudas y razones para cuestionar la idoneidad y la legalidad de determinadas iniciativas si estas nos afectan. Por supuesto, estas alegaciones están reguladas, existe un protocolo, unos plazos, unas formas que como ciudadana debes seguir a rajatabla si quieres que tu alegación prospere y la administración tiene un compromiso de admisión, estudio y respuesta.

¿Cuál ha sido la respuesta del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Junta a los 21 000 ciudadanos y ciudadanas de Sierra de Gata?

Desde el cierre del plazo de alegaciones, 12 de mayo de 2025, ¿qué información ha aportado la Administración a los afectados? Ninguna. Durante meses, cientos de ciudadanos de la comarca hemos estado recibiendo cartas de la Administración en las que se nos denegaba el reconocimiento como parte afectada—no me voy a entretener aquí con las diversas y peregrinas razones que aducían—.

La Administración sabe de sobra que las alegantes somos gente de a pie que ha hecho el esfuerzo de informarse—porque la Administración no se ha tomado la molestia de hacerlo—y movilizarse contra un proyecto desalmado que pretende destruir nuestro entorno y nuestra forma de vida. ¿Cómo se ha comunicado la Administración con las personas afectadas por este nuevo proyecto extractivista?: con cartas absurdas plagadas de trabas absurdas. Muchas de estas cartas iban dirigidas a ancianos y ancianas propietarias de fincas ubicadas en las cuadrículas afectadas por el proyecto. La Administración, ese espíritu omnipresente, omnisciente y todopoderoso, era consciente de que la mayoría de los destinatarios no íbamos a saber, o poder, manejar aquellos requerimientos. Por supuesto, todo aderezado con la puntilla administrativa del certificado digital.

La argucia

Cuando se nos llama a las urnas pidiendo participación en el sistema, cuando se nos invita a seguir los cauces legales en todo tipo de procedimientos o cuando se nos compele a colaborar con nuestros impuestos, existe un acuerdo tácito, un contrato social por el que se presupone que la Administración está ahí para servirnos, que las instituciones deben priorizar el bien común, el bienestar y la calidad de vida de las y los ciudadanos que la sostienen y le imprimen sentido.

¿Cómo es posible pues que con un proyecto de estas proporciones y repercusiones medioambientales y socioeconómicas, la Administración no se digne a informar al ciudadano y se limite a poner en marcha la maquinaria a golpe de BOE (9 de abril de 2025) o DOE (25 de marzo)? Si fuéramos mal pensadas hablaríamos de ocultamiento, de mala fe, pero ¿a qué conclusión podríamos llegar cuando la Administración responsable de analizar las alegaciones presentadas por las y los ciudadanos—también conocidos como contribuyentes—no solo no ha resuelto sino que además se ha dedicado a entorpecer y desestimar sistemáticamente dichas alegaciones aduciendo menguas razones?

Silencio, limbo, dejadez, desdén es lo único a lo que podemos aspirar, mientras los fondos de inversión extranjeros y sus esbirros locales, sanguijuelas que les parasitan y aúpan, se frotan las manos.