Opinión socias
Malestar educativo y huelga en Madrid

Dice la consejera de Educación en la Comunidad de Madrid, la señora Zarzalejo, que estamos ante una huelga política. Que los profesores queremos incendiar las calles de Madrid y, como en los mejores tiempos del franquismo, grita a los cuatro vientos que estamos ante una huelga política. Pues claro, señora mía, en esta vida todo es política, diálogo, negociación, confrontación, acuerdo sobre la administración de la polis, la ciudad, la comunidad, el país.

Hartos de negociar, movilizarse y hasta alcanzar acuerdos reiteradamente incumplidos, los sindicatos de la enseñanza madrileña, ya sean más de izquierdas, más de centro y hasta más de derecha, se han unido y han convocado una huelga general. Tanto es el hartazgo, que han decidido que la huelga sea indefinida, Sabemos cuando comienza el conflicto, pero no sabemos cuándo se acabará.

Una marea verde ha vuelto a inundar las calles. Desde este 14 de octubre miles de profesionales de la enseñanza pública no universitaria, estudiantes, madres y padres, con sus camisetas verdes y amarillas han comenzado a inundar las calles para denunciar una situación cada día más insoportable y cada vez más insostenible. No es un capricho, un enfado repentino, una rabieta puntual. Es el resultado de muchos años de desidia, abandono, inoperancia, incumplimientos y agresión del gobierno de Ayuso.

Madrid, la comunidad más rica de España, lleva años despreciando a sus alumnos, las familias y el profesorado. El motor de España, la capital del Estado, es un ejercicio de ilusionismo barato y chabacano. El gasto educativo por alumno es el último de España. Desde Esperanza Aguirre en adelante el porcentaje dedicado a educación ha sido siempre inferior a la media española, tanto en el caso de la enseñanza no universitaria, como en el caso de las universidades.

No me lo invento. Madrid aporta menos de 7.000 euros por alumno universitario, cuando comunidades pequeñas como Cantabria, o La Rioja, dedican cantidades que se mueven entre los 10.000 y los 11.000 euros. La Ley Orgánica del Sistema Universitario traza el objetivo de un 1% del PIB regional dedicado a educación superior, pero Madrid dedica un raquítico 0,4%. No es extraño que los alumnos de la universidad pública tengan que llevar hasta productos químicos para trabajar en los laboratorios, que las calefacciones dejen de funcionar, o que las lluvias aneguen las aulas y los pasillos.

Mientras esto ocurre en las universidades públicas, el gobierno de Ayuso autoriza, año tras año, la existencia de alguna nueva universidad privada. Así vamos ya por 14 universidades privadas frente a las 6 públicas que no han variado su número en las últimas décadas. El abandono al que somete la Comunidad de Madrid a las universidades públicas está ahogando nuestra enseñanza superior. Los rectores lo han denunciado con frecuencia, la Comunidad ha impuesto acuerdos económicos claramente insuficientes. Los alumnos salen a manifestarse por el campus de la Complutense el día que arranca la Huelga y la policía los apalea indiscriminadamente.

Las cosas en la enseñanza pública no universitaria no van mucho mejor. El gasto por alumno en la educación obligatoria se sitúa en poco más de 6.500 euros por estudiante, cuando la media nacional se encuentra cerca de los 8.000 euros por alumno. Madrid a la cola de España. Madrid un 20 por ciento por debajo de la media nacional.

Con un presupuesto de 7.000 millones de euros en Educación y Universidades, el gobierno de la Comunidad presume de haber alcanzado datos históricos. Sin embargo buena parte de ese dinero consiste en prebendas, convenios, acuerdos, cheques escolares, transferencias hacia la enseñanza privada concertada, e incluso a las universidades privadas, mientras que las universidades públicas, los centros escolares, los institutos públicos viven bajo mínimos.

El gobierno de Ayuso presume de contar con más de 95.000 docentes. En realidad, en la educación pública no universitaria se encuentran 65.000 profesores y profesoras. Sumando las plantillas de las universidades, profesores de apoyo la Comunidad infla las cifras, cuando con este personal,  se obliga a los profesores a largas jornadas docentes y a un sobreesfuerzo de tareas que hay que realizar fuera de clase y en casa. Sin contar la sobrecarga de alumnos en las aulas y el aumento artificial e inútil de tareas burocráticas. Formularios nuevos para cada nuevo invento de programas que necesitan seguimientos y más papeleo.

Mientras que otras comunidades han ido retornado a cargas lectivas anteriores a la crisis de 2008, la Comunidad de Madrid obliga a soportar cargas lectivas de hasta 25 horas semanales, con ratios de alumnos que se mueven entre 25 y 28 alumnos y alumnas por aula en muchos casos. El aumento de casi 1.300 profesores supone un parche que sigue haciendo que el 36 % del profesorado sea inestable, interino, temporal.

Cambios como los derivados de la crisis climática y el calentamiento global han pillado a los negacionistas de la Comunidad de Madrid en pañales. Las aulas se transforman durante meses en hornos, cuyas temperaturas superan con mucho los máximos legales establecidos en la normativa de salud laboral. Anuncian cerca de 1.300 millones de euros en un supuesto plan de climatización que brilla por su ausencia. El aislamiento térmico es muy deficiente en los centros, con ventanas, o persianas, inadecuadas. Son las familias las que terminan aportando ventiladores. La propaganda no puede esconder la realidad del abandono de los centros educativos.

Ahora anuncian el incremento de hasta 350 euros mensuales por profesor, pero vinculados a una carrera profesional docente marcada por la imposición de nuevos y más abundantes requisitos burocráticos destinados a amaestrar al profesorado y obligarle a ceñirse a las condiciones de méritos establecidos por una administración alejada del trabajo diario, de la docencia, de los centros.

Para alcanzar esos complementos retributivos habrá que demostrar fidelidad absoluta al poder, acumulación de méritos basados en cursos, acumulación de años de servicio, eficacia en las tareas burocráticas. Nadie llegará nunca a los 350 euros, pero todos deberán someterse a los designios de una burocracia administrativa que se extiende y envenena la innovación, la experimentación y la creatividad, ahogando las ilusiones de una educación al servicio de la sociedad. Por el contrario, los docentes exigen una subida de 600 euros en el complemento educativo madrileño para equipararse con otras comunidades autónomas.

La educación  pública madrileña no persigue desigualdades, ni privilegios. Aspira tan sólo a obtener el respeto de un sistema político empeñado en convertir la enseñanza pública en el felpudo de una enseñanza privada segregadora, que consolida la desigualdad y que impide la existencia de un ascensor social y de un progreso generalizado de nuestras sociedades.

La huelga indefinida, las manifestaciones, las movilizaciones pretenden tan sólo rebajar las horas lectivas, el número de alumnas y alumnos en las clases, acercar el gasto en enseñanza pública universitaria y no universitaria a las medias nacionales, dignificar el salario del profesorado, mejorar las condiciones de vida y convivencia en las aulas.

Podemos ganar, o no, esta huelga, pero no nos van a doblar, no nos van a doblar, no nos van a domesticar. El conflicto seguirá vivo, con otras modalidades de movilización, con otras formas de manifestar el descontento y explicar las reivindicaciones. No nos van a cansar, porque tenemos todo el tiempo y muchas vidas por delante.

Los gobiernos caen, son olvidados, recordados amargamente, pocas veces con añoranza. Los pueblos siguen adelante. Cuánto mejor educados, más conscientes de los problemas, de los retos, de las necesidades. Más capaces de construir el futuro uniendo voluntades, apostando por la igualdad, creando solidaridad y desplegando una libertad responsable. La única manera de poner en marcha las mejores soluciones para un futuro compartido.