Opinión socias
La izquierda y el derecho a poner límites

Si me preguntaran cómo debería ser un mundo ideal, mi respuesta sería sencilla: un mundo sin fronteras.

Un mundo en el que nadie necesitara un pasaporte para decidir dónde vivir; en el que haber nacido en Madrid, Nueva York, Rabat o Ho Chi Minh City no determinara nuestras posibilidades de tener una vida digna; en el que desplazarse de un país a otro resultara tan normal como hacerlo hoy entre dos ciudades españolas.

Pero existe un problema bastante evidente: ese mundo no existe. Y probablemente estamos muy lejos de que pueda existir.

Las diferencias de renta, seguridad, oportunidades, libertades y protección social entre unos países y otros son enormes. Mientras lo sean, millones de personas tendrán razones perfectamente comprensibles para intentar trasladarse desde los lugares donde las oportunidades son escasas hacia aquellos donde son mayores.

Yo lo hice. Mis hijos lo han hecho.

Por eso me resulta difícil aceptar determinados discursos sobre la inmigración que presentan a quien cruza una frontera como una amenaza o como alguien que pretende aprovecharse de nosotros. La inmensa mayoría hace algo profundamente humano como lo es buscar una vida mejor.

Pero comprender esa decisión individual no resuelve el problema colectivo.

Existe una diferencia entre preguntarnos qué haríamos nosotros en la situación de quien emigra y preguntarnos qué política migratoria puede mantener una sociedad.

España, Francia, Alemania o cualquier otro país europeo no son simplemente territorios. Son comunidades políticas que han construido con sacrificios sistemas de protección social, educación, sanidad, pensiones, legislación laboral y servicios públicos que requieren recursos y organización. También requieren un grado razonable de cohesión social.

Y ahí aparece una conclusión que a una parte de la izquierda le cuesta enormemente aceptar: mientras las diferencias entre unos países y otros sigan siendo tan grandes, será necesario limitar de alguna manera la llegada de personas, no porque limitarla sea moralmente hermoso; ni porque quien está fuera tenga menos valor que quien está dentro; ni siquiera porque las fronteras sean algo que debamos celebrar. Simplemente porque no existe una capacidad ilimitada de acogida e integración.

Esta distinción me parece fundamental. Una cosa es considerar deseable impedir que determinadas personas entren en nuestro país y otra muy distinta aceptar, con cierta incomodidad moral, que no podemos recibir a todas las personas que legítimamente desearían venir.

Precisamente ahí debería situarse una política migratoria de izquierdas: no en negar la necesidad del límite, sino en conseguir que ese límite sea lo más justo, humano y racional posible.

Porque tampoco tiene sentido responder que no existe un tope físico exacto a la inmigración. Naturalmente que no existe. Tampoco existe una cifra exacta a partir de la cual un hospital, una escuela, un mercado de vivienda o un sistema de acogida dejan de funcionar adecuadamente. Pero sabemos que su capacidad no es infinita.

Además, sus efectos no se reparten por igual y eso escombustible para la extrema derecha.

Es la clase trabajadora —incluidos, por cierto, muchos inmigrantes que llegaron anteriormente— quien convive de manera más directa con las tensiones que se generan. Es ella la que hace cola en el centro de salud saturado, la que ve cómo sube el alquiler en su barrio o la que compiten por plazas escolares o puestos de trabajo peor remunerados. Ignorarlas o atribuir automáticamente cualquier preocupación al racismo me parece un enorme error político y moral que estamos pagando y vamos a pagar más.

Naturalmente existe xenofobia. Existe quien aprovecha cualquier delito cometido por un extranjero para responsabilizar a millones de personas que nada tienen que ver con él. Existe quien presenta al inmigrante como inferior o incompatible por naturaleza con nuestra sociedad.

Contra eso la izquierda debe ser absolutamente clara. Por eso, para combatir eficazmente esos discursos, necesita poder hablar de inmigración sin tabúes. Debe poder decir:

- Que queremos acoger, pero que no podemos acoger ilimitadamente.

- Que queremos ofrecer refugio a quien huye de una persecución, pero que el derecho de asilo no puede convertirse en el único mecanismo disponible para gestionar cualquier movimiento migratorio.

- Que necesitamos inmigración y que esta puede contribuir económica y demográficamente a nuestras sociedades y aportar diversidad (sin caer por ello en la ingenuidad de considerar que todo aporte cultural es intrinsecamente positivo), pero que su volumen y velocidad también importan.

- Y, sobre todo, que establecer límites no implica renunciar al objetivo de que algún día dejen de ser necesarios.

Ese debería ser el verdadero horizonte.

No levantar muros cada vez más altos alrededor de las sociedades prósperas, sino contribuir a construir un mundo en el que atravesarlos deje de ser una cuestión de supervivencia. Reducir las diferencias económicas entre países. Favorecer el desarrollo. Combatir guerras y persecuciones. Crear oportunidades allí donde hoy apenas existen. Establecer vías legales de movilidad y cooperación mucho más amplias que las actuales. Cuanto menores sean las diferencias entre ambos lados de una frontera, menos necesaria será esa frontera.

Quizá algún día podamos acercarnos a ese ideal casi utópico en el que resulte absurdo preguntarle a una persona dónde nació antes de permitirle instalarse en otro lugar. Pero mientras llegamos a ese nirvana —si alguna vez llegamos— habrá que gobernar el mundo que tenemos y no únicamente el que nos gustaría tener, con todo lo que eso implica.

Gobernar significa a veces aceptar decisiones que no representan nuestros ideales, sino las limitaciones de la realidad. Por eso puedo defender simultáneamente que las fronteras son moralmente arbitrarias y que hoy son políticamente necesarias. Puedo creer que cualquier persona debería poder buscar una vida mejor y, al mismo tiempo, aceptar que ningún país puede asumir sin límite a todas las personas que desean hacerlo en él. Y no encuentro ninguna satisfacción en esa contradicción.

La izquierda tiene la obligación de afrontar este debate sin complejos. Si se niega a reconocer que la inmigración necesita límites, si responde con descalificaciones a cualquier preocupación y deja sin respuesta los problemas reales que se están generando, otros ocuparán inevitablemente ese espacio. Y ya lo están haciendo.

La extrema derecha crece, entre otras razones, porque ha conseguido presentarse ante una parte de la sociedad como la única fuerza política dispuesta a hablar de inmigración sin restricciones. El error de la izquierda sería regalarle además el monopolio de las respuestas.

Cuando los partidos democráticos renuncian a ordenar un fenómeno por miedo a reconocer sus aspectos incómodos, terminan facilitando que sean otros quienes prometan hacerlo de una manera mucho más brutal: convirtiendo al inmigrante en culpable, cuestionando derechos fundamentales y extendiendo después esa lógica de exclusión a otros ámbitos de la sociedad.

Defender capacidades de acogida razonables y una inmigración ordenada no debería ser, por tanto, una concesión a la extrema derecha. Puede ser exactamente lo contrario: la manera de impedir que el malestar que genera una gestión deficiente de la inmigración termine llevándola al poder.

Y entonces quizá descubramos, demasiado tarde, que por no atrevernos a discutir dónde debía estar el límite de nuestras fronteras hemos contribuido a que lleguen al gobierno quienes están dispuestos a poner límites también a nuestros derechos y libertades.