Opinión socias
El gobierno italiano quiere imponer un pin a la salud

El 11 de agosto el ministro de Salud y la ministra de Familia presentaron el proyecto de ley “Disposiciones para la idoneidad de prescripción y el uso adecuado de medicamentos para la disforia de género”.

El título no es inocente: parece que se limita a garantizar una administración adecuada de fármacos para una condición concreta. ¿Quién podría oponerse a ello?

Pero no es así. Realmente rediseña el acceso de niñes trans a la atención sanitaria específica imponiendo tres procedimientos nuevos:

- transitoriamente, aprobación del tratamiento farmacológico de cada usuarie por un Comité Nacional de Ética;

- tras la aprobación de los protocolos pertinentes por el ministerio, evaluación por equipo multidisciplinar, incluyendo diagnóstico psiquiátrico obligatorio;

- inscripción de la dispensación de los medicamentos, junto con información exhaustiva del usuarie, en un registro nacional creado por la Agencia Italiana del Medicamento, que semestralmente lo enviará al ministerio de Salud. Cada tres años éste presentará un informe al parlamento.

Lo primero que preocupa es la injerencia ideológica en el cuidado de la salud, que limita tanto la autonomía de los pacientes como la actuación de los médicos. Una intromisión semejante es impensable en otras especialidades.

Se entiende una actuación política para ampliar la cartera de servicios públicos, facilitar la formación, incrementar el número de centros y procurar su gestión comunitaria. Pero no se justifica para mediar en tratamientos terapéuticos.

Si un fármaco es tóxico o tiene efectos secundarios desproporcionados, retírese. Pero, una vez autorizado por los organismos pertinentes, su prescripción corresponde exclusivamente al personal médico, que valora las circunstancias de cada caso y vela por el bienestar de los pacientes.

Con la norma citada, los profesionales de la salud son cuestionados públicamente. Un médico bajo sospecha ¿desarrollará su trabajo de manera libre y profesional? ¿Prescribirá esos tratamientos conforme a su criterio médico? ¿O temerá formar parte de unos registros que eventualmente puedan suponer consecuencias para su carrera?

¿Y les niñes y sus familias? Probablemente se dirigirán con recelo al especialista sabiendo que éste debe operar con criterios no exclusivamente sanitarios, sino ideológicos, y que los datos de les niñes aparecerán en un registro nacional.

Algunos partidos han señalado como enemigos a la población más débil: niñes trans, migrantes, personas racializadas, sin trabajo o con trabajos precarios, trabajadoras sexuales… Porque parte de su estrategia es que siempre haya binarismos, que siempre haya jerarquías...

No improvisan. Elaboran un plan en varias fases.

Aquí comenzó con una pregunta parlamentaria del líder de Forza Italia en el senado, que aseguró que el Hospital Careggi de Florencia administraba un bloqueador de la pubertad (triptorelina) sin respetar los procedimientos establecidos por la Agencia Italiana del Medicamento, refiriéndose al apoyo psiquiátrico.

El ministerio de Salud inició una inspección, que se sustanció con un informe que se hizo público en abril de 2024, pero no por el ministerio, sino por el senador que había formulado la pregunta y además en un acto de partido.

El proceso estuvo acompañado de una campaña en los medios conservadores (italianos e internacionales) que había comenzado años atrás, cuando la triptorelina se incluyó en la sanidad pública. El discurso habla de “castración química”, “intereses de la industria farmacéutica”, “alarma de las familias”…

Como resultado, ahora la prescripción de bloqueadores pasa por interminables procesos presenciales, difíciles de llevar para las familias (que acuden desde todas partes de Italia) y para les niñes, para cuyo bienestar el tiempo de comienzo del tratamiento es vital.

Los bloqueadores actúan sobre el sistema endocrino inhibiendo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Se emplean para tratar la pubertad precoz desde inicios de los ochenta. Su uso en niñes para frenar los síntomas de la pubertad precoz sigue estando permitido y nadie lo cuestiona. La polémica (en Italia al igual que en otros países) ha saltado solamente por su utilización para niñes trans.

Los bloqueadores no alteran el cuerpo, sino que lo mantienen neutral. Por eso dan tiempo a les niñes para que exploren su identidad. Su efecto es reversible. Si el tratamiento se suspende, el desarrollo puberal se reanuda conforme a las hormonas producidas por el propio cuerpo.

La Guía clínica de atención a menores transexuales, transgéneros y de género diverso (2022) señala que “hay evidencia que demuestra los beneficios tanto del bloqueo puberal como del tratamiento de afirmación de género sobre la salud de las personas trans”.

El empleo de triptorelina está avalado desde hace tiempo y también por estudios recientes.

Por otro lado, “permitir que continúe la pubertad irreversible en adolescentes que experimentan incongruencia de género no es un acto neutral, dado que puede conllevar efectos inmediatos y perjudiciales para toda la vida de la persona joven transgénero”.

A mayor abundamiento, un estudio realizado en Estados Unidos en 2024 ha encontrado una relación significativa entre las leyes antitrans y el deterioro de la salud mental de las personas trans, especialmente las más jóvenes, incluyendo intentos de suicidio.

Así que los legisladores italianos no están interesados en la salud de les niñes. Se confirma por la reciente presentación de proyectos de ley que pretenden prohibir la educación emocional y sexual de les niñes (únicos sujetos del derecho a la educación) así como el uso del nombre elegido para quienes no han iniciado la rectificación legal (en muchos colegios pueden utilizar ese nombre en la documentación interna).

A todes nos corresponde defender los derechos de los más débiles. Además, la defensa de sus derechos nos protege a todes: si la ideología se inmiscuye en los tratamientos médicos, si el personal sanitario no es respetado en su criterio, si se violan la confidencialidad de la relación paciente-médico y la protección de datos de los ciudadanos, ¿dónde está el límite? ¿Cómo asegurar que nosotres no seremos los siguientes?