Opinión socias
El gobierno de los datos en Castilla-La Mancha: una fantasía sin fundamento

Estadística y datos de calidad para todos es el título —abreviado— del escrito publicado por el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. El texto señala que “los datos públicos de calidad son pilares democráticos que permiten a gobiernos, ciudadanía, empresas y todo tipo de organizaciones entender la realidad, tomar decisiones informadas y construir consensos”. Sería fantástico que el gobierno castellanomanchego, del que forma parte, usara los datos para diseñar políticas públicas, pero abundan acontecimientos que  nos hacen dudar de que esa “brújula ética” oriente las políticas hacia el interés general.  

Un ejemplo es lo sucedido con la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Cuenca. En una Asamblea Extraordinaria de septiembre del año 2022, la Asociación acordó dirigirse al Ayuntamiento de la capital para comunicar que sus prioridades eran la limpieza, el estado de las aceras, la seguridad, el transporte público, el control del tráfico y los aparcamientos de residentes, antes que un proyecto de escaleras mecánicas para facilitar la subida de turistas https://www.vocesdecuenca.com/opinion/el-estado-del-arte-en-el-casco-antiguo-a-dia-de-hoy/. Pero el Ayuntamiento de Cuenca y el gobierno de García Page, prescindiendo absolutamente de lo aprobado por la Asamblea de vecinos, comunican en agosto del 2023 la decisión de financiar con fondos europeos el proyecto de unas escaleras mecánicas al casco histórico, presupuestadas en torno a los 15,6 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas), que financian la Junta, el Ayuntamiento y los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia Next-Generation.

Otra muestra de menosprecio por los datos se detecta en el conflicto entre las asociaciones ciudadanas y el gobierno regional por las macrogranjas industriales. La Coordinadora Stop Ganadería Industrial C-LM, respaldada por veintiséis asociaciones de pueblos, pide al gobierno de García Page que, si su objetivo es revertir la despoblación, no conceda autorizaciones para instalar plantas de ganadería industrial (macrogranjas) cerca de los pueblos que “lejos de crear tejido económico en el territorio o fijar población, amenazan la calidad de vida por malos olores, problemas de salud pública, contaminación del agua y suelos con excesos de nitratos”. El presidente García Page sostiene, por el contrario, que el hecho estructural de “tener tanto territorio y ser tan poca gente” es un factor de oportunidad para el crecimiento económico. Así que considera la región como una mercancía y aprueba la instalación de macrogranjas y plantas de biogás en pueblos, que provocan denuncias, movilizaciones y protestas ciudadanas.

A pesar de todo, el gobierno castellanomanchego es consciente de la importancia de los datos. Se comprueba en lo sucedido con el pleito por la despoblación y la clausura de la línea de ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Utiel, entre los gobiernos central y regional contra alcaldes y plataformas ciudadanas. En noviembre del año 2020 el gobierno de Castilla-La Mancha  publicó un diagnóstico para hacer frente a la despoblación en el que defendía la necesidad vertebrar la región y sostenía lo siguiente: “en cuanto a las líneas de ferrocarril convencional, estas tienen parada en numerosos núcleos rurales de la región, por lo que el mantenimiento y mejora de la  infraestructura y los servicios ferroviarios es indispensable para fijar población”. Pues bien, un año después, 2021, surge la propuesta de ADIF de cerrar esa línea férrea y el gobierno de Emiliano García Page cambia el citado texto de la estrategia frente a la despoblación y suprime la frase de que “el mantenimiento y mejora de la  infraestructura y los servicios ferroviarios es indispensable para fijar población”. Eliminar del documento que el mantenimiento del ferrocarril convencional era indispensable para vertebrar la región y fijar población, no solo interesaba al gobierno de García Page, sino también al ministro de transportes (José Luis Ábalos) y a la presidenta de ADIF (Ana Pardo de Vera) con los que negociaba el cierre de la línea  Aranjuez-Cuenca-Utiel. 

A modo de conclusión y centrándonos en el tema de “el gobierno de los datos”, es posible afirmar que quienes tienen el poder en Castilla-La Mancha deciden qué datos sirven para entender la realidad y tomar las decisiones que convienen a las organizaciones y personas más influyentes sean económicas, políticas, tecnológicas, sociales, culturales, audiovisuales, ideológicas y …etc. Ejercen su poder mostrando un escaso aprecio  por la democracia, desdeñan las asociaciones ciudadanas y están dispuestos a manipular datos y cambiar diagnósticos para decidir lo que les convenga. Por lo tanto, es posible concluir que la retórica sobre los datos del vicepresidente del ejecutivo regional es una fantasía que poco o nada tiene que ver con la realidad.