Opinión socias
¿Está Euskadi preparada para su próxima riada?

Se han cumplido algo más de dos años desde que el agua redibujó de forma trágica la geografía, la memoria y las vidas de miles de valencianos y valencianas. La catástrofe del 29 de octubre de 2024 nos dejó una dolorosa certeza grabada a fuego en el barro: los fenómenos climáticos extremos ya no pertenecen al catálogo de la ciencia ficción, ni a los informes técnicos que acumulaban polvo en los despachos institucionales, ni a las estadísticas abstractas de los “dos mil años” de periodo de retorno. El cambio climático ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en un vector que estructura nuestro presente más inmediato. Y el gran error político y social que podríamos cometer hoy, es creer que aquella extrema vulnerabilidad fue una especificidad exclusiva de la vertiente mediterránea.

La tragedia valenciana no fue un mero desastre natural; fue, ante todo, una quiebra institucional y un síntoma de las prioridades del capital sobre la vida. A pesar de las reiteradas advertencias de la comunidad científica, y en una de las decisiones más controvertidas de la legislatura, el gobierno de la Generalitat Valenciana (PP-VOX) eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias y suprimió la Agencia del Cambio Climático, desmantelando los pocos escudos institucionales que pretendían fiscalizar el impacto de la crisis global en el territorio. Lejos de rectificar tras la catástrofe, la inercia del modelo desarrollista ha continuado su rumbo.

De hecho, la denuncia social no ha cesado. Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) -surgidos de la autoorganización popular y comunitaria tras la riada del 29 de octubre de 2024- y l’Associació de Víctimes han levantado la voz de alarma. Incluso tras el posterior y reciente paso de la DANA Adam, y dos años después de aquella histórica inundación, siguen en marcha veinte macroproyectos urbanísticos que pretenden ocupar cinco millones de metros cuadrados en las comarcas de l'Horta Sud y la Hoya de Buñol, precisamente las zonas más castigadas por la tragedia. Por ello, estos colectivos civiles han exigido una prórroga inmediata de todas las licencias de edificación hasta que se disponga de estudios hidrológicos rigurosos e independientes, una evaluación real de la capacidad de carga de los servicios públicos y un marco de participación ciudadana que sea vinculante y no un mero trámite consultivo.

Es evidente que ha habido algún avance en cuanto a la gestión de emergencias inmediatas. Tras el paso de la DANA Adam, el Centro de Emergencias de la Generalitat reaccionó con rapidez activando el sistema Es-Alert para enviar mensajes masivos a la población. Las instrucciones fueron rotundas: prohibición estricta de circular, restricción absoluta de desplazamientos, alejamiento de ríos o barrancos, y confinamiento en plantas superiores, evitando siempre garajes y ascensores. Sin duda, se ha logrado perfeccionar la comunicación instantánea ante una catástrofe.

Sin embargo, la alerta tecnológica es el último eslabón de una cadena que sigue rota en su origen: la planificación del territorio y el freno definitivo a la ocupación de zonas inundables. El verdadero reto estructural no consiste en avisar mejor de que el barco se hunde, sino en dejar de construir barcos defectuosos. Esto implica plantear debates de calado político como el traslado ordenado y financiado de aquellos edificios, equipamientos públicos e infraestructuras estratégicas que, inevitablemente, volverán a sufrir el impacto de las avenidas. Y, de forma paralela, urge una pedagogía del riesgo que dote a la ciudadanía de una cultura geográfica, permitiéndole reconocer las dinámicas del entorno que habita para actuar ante la emergencia.

Al desplazar la mirada hacia Euskadi, la aparente distancia geográfica y climática se diluye de inmediato ante la tozuda realidad hidrológica. Las cicatrices de las históricas inundaciones de agosto de 1983 en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, o las más recientes de diciembre de 2021 que desbordaron los cauces del Zadorra, el Deba, el Urumea y el Nervión-Ibaizabal, permanecen latentes en la memoria colectiva. Es innegable que la dinámica atmosférica de una DANA encuentra un combustible de una violencia inusitada en las aguas sobrecalentadas del mar Mediterráneo. Sin embargo, el mar Cantábrico no está en absoluto blindado contra situaciones de bloqueo atmosférico y borrascas capaces de descargar volúmenes de precipitación inasumibles en cuestión de pocas horas sobre nuestras cuencas fluviales.

El paralelismo estructural entre la tragedia de l'Horta Sud y el riesgo potencial en Euskadi no se encuentra en la tipología de las nubes, sino en la gestión del suelo que pisamos. Valencia demostró de forma dramática que los cauces secos, las ramblas y los barrancos habitualmente inofensivos se transforman en autopistas de destrucción masiva cuando el urbanismo ignora de forma sistemática la memoria de los ríos. En el contexto vasco, la fisonomía del territorio añade un factor de vulnerabilidad extremo. Contamos con ríos de un marcado carácter torrencial y un modelo de desarrollo socioeconómico histórico que, debido a la escasez de suelo llano, ha encajado cascos urbanos compactos, polígonos industriales e infraestructuras de transporte clave en valles extremadamente estrechos y llanuras de inundación. El peligro de una crecida súbita no es una hipótesis de laboratorio; es una amenaza latente que condiciona nuestro modelo de convivencia.

La comparación con la catástrofe valenciana nos obliga a evaluar la arquitectura de la protección civil en Euskadi. Disponemos de un sistema de emergencias relativamente robusto, basado en redes avanzadas de alerta meteorológica e hidrológica, así como en planes de contingencia específicos para cada cuenca. Sin embargo, corremos el riesgo de caer en el mito de la tecnología y la burocracia, olvidando que los planes son papel mojado si la sociedad civil no está entrenada para interpretarlos y ejecutarlos. Asimismo, en los últimos quince años se han impulsado normativas de ordenación del territorio y planes territoriales sectoriales más estrictos para frenar la actividad y el asentamiento humano en las zonas de flujo preferente. Pero la pregunta pertinente sigue siendo: ¿se respetan realmente estas directrices?

El urbanismo del siglo XXI no puede seguir externalizando los costes ambientales en forma de vidas humanas. Debemos asumir una incómoda herencia territorial, fruto de décadas de un desarrollismo industrial y urbano que consideraba a los ríos como meros canales de desagüe. Si bien en el pasado la desregulación era la norma, hoy la adaptación exige una disciplina inflexible en el cumplimiento de los mapas de riesgo. Las inundaciones del futuro serán cuantitativa y cualitativamente peores que las que hemos conocido, ensanchando la vulnerabilidad urbana y rural.

Es imperativo denunciar que el capitalismo verde reduce la transición ecológica a un simple recambio tecnológico, ignorando los impactos climáticos actuales. Si bien la descarbonización a medio plazo es imprescindible, resulta insuficiente para proteger vidas hoy; las emisiones acumuladas ya han activado procesos biofísicos irreversibles. Urge destinar presupuestos más robustos a la prevención y la adaptación bajo una perspectiva de justicia social, ya que las rentas más bajas siempre habitan los barrios más vulnerables y expuestos a las catástrofes climáticas.

La gestión de las emergencias en escenarios de caos no puede depender únicamente de la improvisación o de la buena voluntad voluntaria. Herramientas como la inteligencia artificial o la realidad virtual son útiles para simular escenarios y afinar modelos de escorrentía, pero la variable verdaderamente crítica sigue siendo la toma de decisiones políticas y el comportamiento colectivo de la población. Reconfigurar la relación de nuestra sociedad con el agua y construir una verdadera cultura del riesgo es un proceso cultural complejo que requerirá décadas de esfuerzo continuado.

Julen Rekondo, presidente de Fundación Clima Fundazioa