Opinión socias
En España torturamos a las personas migrantes

España es un Estado que reconoce, y se supone defiende, los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 dice que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.” Ese mismo Estado español expulsa a personas migrantes incumpliendo los derechos que dice respetar. Pero no solo expulsa si no que, en el proceso, también tortura. Suena fuerte, pero lo reconoce el propio Estado que, a través del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), registra anualmente casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Resumo a continuación el contenido del último informe disponible de 2025: 

Cuando una persona llega a territorio español vía cayuco, muchas veces acaba encerrada en un CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) durante 72 horas. Sí, encerrada, porque no puede elegir si quiere, o no, permanecer en las instalaciones del CATE. Según el MNP, La Policía Nacional “debe garantizar que se presta una atención humanitaria a las personas que acaban de desembarcar”. No obstante, a esas personas recién llegadas se les obliga a dormir en el suelo, en celdas poco iluminadas y con mala ventilación, sin poder ir libremente al baño. Además, se les retira el móvil y se les niega la posibilidad de realizar una llamada telefónica a un tercero.

Esa misma persona podría acabar, después de pasar por el CATE, en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) a la espera de ser deportada. En 2024 (último año con datos en el informe del MNP) se registraron en los CIE 102 partes de lesiones remitidos a los juzgados de instrucción. Incluso sin necesidad de hablar de la violencia física sufrida, el CIE en sí mismo es un espacio torturante: las personas son privadas hasta dos meses de libertad a la espera de su expulsión. La media de días de encierro involuntario en 2024 fue de 38 días. Más de un mes de encierro en condiciones inhumanas.

Si la persona finalmente es deportada, será trasladada a la Unidad Central de Expulsiones de la Policía Nacional del aeropuerto de Barajas. Estas dependencias carecen de sistemas de videovigilancia, lo cual permite absoluta impunidad por parte de la policía, los abusos de poder, las vejaciones de todo tipo y otras formas de violencia que no pueden ser registradas. Además, muchas veces las personas están esposadas, tanto durante el tiempo de espera como durante el vuelo. Esposadas durante horas sin ningún motivo. Y poniendo en riesgo su seguridad si hubiera algún percance durante el vuelo.

El Estado español expulsa a personas migrantes incumpliendo los derechos que dice respetar. Pero no solo expulsa si no que, en el proceso, también tortura en los CATE, CIE y en los procesos de deportación. Y lo ha hecho con gobiernos del PP, del PSOE, del PSOE con Unidas Podemos y del PSOE con Sumar. El Estado, independientemente de quién gobierne, tiene políticas racistas y coloniales. 

¿Cuál es el objetivo de estas prácticas? La criminalización de las personas migrantes. Si se encierra a personas en celdas nada más llegar a España, si se les prohibe hacer llamadas, si se les encierra en absoluta falta de libertad, si están bajo custodia de la Policía Nacional, si son esposadas; ¿qué mensaje se está lanzando? Que son criminales. Y este trato, injustificable en cualquier caso, es aplicado a las personas indistintamente de si han cometido delitos o no. Migrar no es un delito. Y decir esto último no es un eslogan, es la verdad: jurídicamente migrar no está tipificado como delito. Es más: es un derecho humano fundamental.

En España torturamos a las personas migrantes. Sí, en primera persona del plural. Porque somos la sociedad, en su conjunto, la que permitimos que CATE, CIE y vuelos de deportación sigan existiendo. Ninguna fuerza omnipotente nos obliga a ello. Podemos cerrarlos. Debemos cerrarlos si aspiramos a ser una sociedad más justa. Esos lugares infernales se pagana con nuestros impuestos, consolidan su existencia cada vez que decidimos mirar hacia otro lado. Y no están en medio de la nada: los CATE y CIE están en las mismas ciudades que habitamos; los vuelos de deportación se hacen desde los mismos aeropuertos que utilizamos para viajar. Si seguimos haciendo como si esta realidad no existiese, estamos convirtiendo en criminales a vecinos y vecinas. Y no lo son. Luchemos para que esto no sean solo palabras y sea una realidad: ningún ser humano es ilegal.