Francia nos está avisando. La derecha no tiene escrúpulos para apretarnos el cinturón. Lo ha hecho siempre que ha gobernado y lo volverá a hacer en cuanto gobierne. Ahora, recordando las “hazañas” de Montoro, caemos en que nos hizo vivir con lo mínimo para que los grandes compraran la legislación a la carta con arreglo a sus conveniencias y a sus beneficios millonarios. Y Feijóo nos lo avisa (que luego no nos quejemos): la subida del salario mínimo es perjudicial para los beneficios de los grandes. Habrá que ajustar la economía y reducir el gasto social. Ya se atisban en el horizonte los planes de ajuste económico.
Y esa cosa ¿qué es? Los planes de ajuste económico han sido presentados recurrentemente como medidas técnicas necesarias para corregir desequilibrios fiscales y restaurar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, su implementación sistemática revela una racionalidad política e ideológica orientada a garantizar los intereses del capital financiero y las élites económicas, a costa del debilitamiento del Estado social y el incremento de la desigualdad. ¿Quiénes son los beneficiarios reales de dichos planes, de sus efectos sociales y económicos?, ¿hay alternativas posibles, que pongan en cuestión su pretendida inevitabilidad y racionalidad neutral?
Desde la década de 1980, los planes de ajuste económico han constituido una respuesta recurrente de los gobiernos frente a crisis fiscales o presiones externas. Ya sea en contextos de endeudamiento externo, como ocurrió en América Latina durante los años del “Consenso de Washington”, o en escenarios de crisis de deuda soberana, como en la eurozona tras 2008, el patrón es reconocible: recortes del gasto público, privatizaciones, reformas laborales regresivas y reducciones fiscales al capital. Los planes de ajuste no son simples medidas técnicas sino opciones políticas con un sesgo estructural, que redistribuyen la carga de la crisis hacia las clases medias y populares mientras protegen los intereses de las élites económicas. Asimismo, se argumenta que existen alternativas viables y documentadas, lo que refuerza la idea de que el ajuste es una elección ideológica, no una imposición inevitable.
¿Quiénes son los beneficiarios reales del ajuste? En primer lugar, las grandes empresas y capital financiero. Uno de los rasgos más visibles de los planes de ajuste es la reducción de impuestos a las corporaciones, bajo la promesa de estimular la inversión y la competitividad. Esta promesa, sin embargo, rara vez se cumple.
Entre 2000 y 2022, la tasa efectiva del impuesto corporativo en la Unión Europea se redujo del 32% al 21%, sin que ello se tradujera en mejoras estructurales de productividad ni en una expansión significativa del empleo de calidad (European Commission, 2023). Además, estos planes favorecen la desregulación de mercados y procesos de privatización (recordemos Grecia), lo que abre nuevas oportunidades de negocio para el capital privado. Los sectores de la salud, la educación o las pensiones se transforman así en nichos de rentabilidad.
Los ajustes son también mecanismos de garantía para los acreedores. A través del recorte del gasto social, los gobiernos aseguran el pago de intereses a los tenedores de deuda —bancos, fondos de inversión, aseguradoras— incluso en contextos de emergencia social. Como señala David Harvey (2007), esto constituye una forma de “acumulación por desposesión”: el capital financiero se apropia de recursos públicos a través de mecanismos supuestamente legales. En contextos de elevada desigualdad, las élites internas no solo apoyan el ajuste, sino que se benefician directamente de él. La privatización de empresas estatales (González y Aznar) o la desregulación del mercado laboral crean condiciones favorables para expandir su influencia económica y política, debilitando el papel del Estado como actor redistributivo. Pero esto tiene también su cara perversa.
El impacto más inmediato y visible de los planes de ajuste es el recorte del gasto social. En la eurozona, entre 2010 y 2014, aproximadamente el 60% de las medidas de ajuste fiscal afectaron directamente a pensiones, educación, salud y subsidios de desempleo (OIT, 2014). Esta reducción de la protección pública erosiona la cohesión social y agrava la vulnerabilidad de amplias capas de la población. Contrariamente al discurso oficial, los planes de ajuste tienden a profundizar la desigualdad. Según el Banco Mundial, el 85% de los programas de ajuste implementados entre 1980 y 2010 generaron aumentos en el índice de Gini.
Un caso paradigmático fue el de Grecia, donde dicho índice pasó de 0,34 a 0,38 entre 2008 y 2015 (World Bank, 2016). Lejos de mejorar la competitividad, los ajustes suelen afectar áreas estratégicas como la investigación y el desarrollo. España recortó un 7% de su inversión en I+D+i entre 2010 y 2013, mientras países como Corea del Sur incrementaban significativamente su esfuerzo en esta área (OECD, 2014). La competitividad no se logra empobreciendo al Estado, sino modernizando sus capacidades. ¿De dónde proviene la lógica del ajuste? De las Instituciones supranacionales, en primer lugar. En el caso de la Unión Europea, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento impone límites estrictos al déficit (3% del PIB) y a la deuda (60%), lo que obliga a políticas de consolidación fiscal incluso en momentos de recesión.
El Banco Central Europeo, si bien no impone directamente recortes, actúa como garante del cumplimiento disciplinario, condicionando su apoyo a la adopción de reformas estructurales. En segundo lugar de los Mercados financieros y agencias de calificación. La dinámica de las primas de riesgo y las calificaciones crediticias introduce una presión adicional sobre los Estados. La amenaza de perder acceso al crédito o enfrentar costos prohibitivos de financiamiento actúa como un chantaje financiero que fuerza la adopción de ajustes, independientemente de su legitimidad democrática. En tercer lugar del consenso ideológico neoliberal.
El FMI, la OCDE y diversos bancos centrales han promovido sistemáticamente la ortodoxia fiscal y la liberalización económica como condiciones sine qua non del desarrollo. Esta visión no es neutral ni técnica: es una construcción ideológica que presenta como naturales decisiones profundamente políticas. ¿Hay alternativas a semejante planteamiento? Las hay, claro que sí. En primer lugar veamos los ajustes progresivos: el caso de Portugal. Entre 2015 y 2019, Portugal logró reducir su déficit fiscal sin aplicar recortes masivos, combinando inversión social, recuperación salarial y crecimiento económico. Lejos de hundirse, la economía portuguesa creció y disminuyó sus niveles de pobreza (OECD, 2019).
En segundo lugar, las Reformas tributarias estructurales. Países como Argentina (2005) o Noruega han aplicado impuestos extraordinarios sobre sectores altamente rentables (energía, minería) para financiar políticas sociales sin recurrir al endeudamiento externo ni al ajuste regresivo. En tercer lugar puede acudirse a la Reestructuración de la deuda: el ejemplo de Islandia. Tras el colapso financiero de 2008, Islandia decidió proteger a sus ciudadanos antes que a los bancos extranjeros. Nacionalizó bancos insolventes, rechazó el pago de deudas ilegítimas y preservó el gasto social. El país logró estabilizarse sin recurrir a la austeridad extrema.
En resumen, los planes de ajuste económico no son inevitables. No responden a una necesidad contable objetiva, sino a una lógica ideológica que prioriza los intereses del capital financiero, las élites económicas y las reglas del mercado sobre el bienestar colectivo. Son, en última instancia, mecanismos de redistribución regresiva que debilitan la democracia social y amplifican la desigualdad. Como ha señalado OXFAM (2022), el 1% más rico del planeta capturó el 38% del crecimiento global posterior a la implementación de políticas de ajuste en la última década. Esta evidencia cuestiona radicalmente el mito del “derrame” y obliga a plantear una pregunta central: ¿por qué se siguen aplicando políticas que agravan la inequidad, cuando existen alternativas viables, documentadas y exitosas? Respuesta: ¿Quién manda aquí? Pues eso.
Referencias: European Commission. (2023). Taxation Trends in the European Union. Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Akal. International Labour Organization (OIT). (2014). World of Work Report. OECD. (2014). Main Science and Technology Indicators. OECD. (2019). Economic Survey of Portugal. OXFAM. (2022). Profiting from Pain. World Bank. (2016). Poverty and Shared Prosperity Report.
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