Opinión socias
El Convenio para la venta por dinero del ferrocarril de los pueblos

La ideología socialista de quienes gobiernan Castilla-La Mancha gira en torno al dinero. La portavoz en el Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, declaró que quiere que el pleno de la corporación apruebe el Convenio con la Junta de Castilla-La Mancha y el administrador de infraestucturas ferroviarias (ADIF) para llevar a cabo el desmantelamiento del ferrocarril regional Madrid-Cuenca-Valencia y que el Ministerio les dé dinero con vistas a urbanizar los terrenos públicos de la estación.

Las autoridades socialistas del municipio y la provincia, bajo las órdenes del vicepresidente del gobierno regional, Martínez Guijarro, han permitido que ADIF reduzca a dinero un servicio público de gran valor patrimonial y aceptaron el precio fraudulento de casi 40 millones de euros, que se les ofreció para la venta de una línea férrea que discurre y se estaciona en una veintena de pueblos y fue de interés general.

La reducción del tren a dinero para nada compensa el perjuicio que ocasiona su supresión y provoca un sentimiento desproporcionado de injusticia. Se trata de una especie de fraude con el que pretenden los dirigentes socialistas que no se calibre el valor del servicio público de ferrocarril, que no se aprecie el paisaje único por donde discurre la línea, ni los viaductos imposibles que atraviesa. La influencia de la ideología del dinero es degradante porque ataca la dignidad, vulnera derechos fundamentales y deteriora la calidad de vida de las personas que residen en los municipios rurales abandonados.

La naturaleza oculta del dinero -casi invisible- propicia que en nuestra economía el soborno alcance su forma más perfecta. Por este motivo han sido necesarios años de investigación de la unidad central operativa de la guardia civil (UCO) para desvelar la codicia de la trama de las empresas con el exministro José Luis Ábalos y la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, que a cambio de dinero -mordidas- obtenían las adjudicaciones de obra pública del ministerio.

Esta confabulación de las organizaciones empresariales con el Ministerio y ADIF coincide con una declaración de dudosa legalidad realizada por el vicepresidente del gobierno regional, Martínez Guijarro, señalando que el Ministerio excluyó la participación de los ayuntamientos de los pueblos en el asunto del ferrocarril porque “solo en Cuenca capital había un plan de ADIF para utilizar los terrenos que dejan las vías” (enero del año 2022).

En este inquietante contexto, de presuntos casos de soborno en el Ministerio que concurren con la declaración posiblemente ilegal del vicepresidente regional justificando la exclusión de los pueblos en la decisión sobre la clausura del ferrocarril, sería un error que las ediles y los concejales del Ayuntamiento de Cuenca se dejen presionar por la organización empresarial de la CEOE-CEPYME, ansiosa de que el pleno del Ayuntamiento apruebe el Convenio que propicia la desafectación y privatización de “los terrenos que dejan las vías” (Martínez Guijarro) para darse un pelotazo urbanizando.

A la vista de las tramas de dinero que envuelven este negocio ferroviario, quizás la representación de la ciudadanía en la corporación municipal debería actuar con parsimonia y no inducir a más sospechas de corrupción. Por lo tanto, sería de lo más aconsejable que los grupos municipales manejaran este asunto con cautela, sobre todo teniendo en cuenta que el Convenio que se somete a la consideración del pleno del Ayuntamiento de Cuenca fue preparado con la expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado del Ministerio (entre los años 2018-2023) que el pasado año 2025 fue acusada ante la Audiencia Nacional, por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.