Opinión socias
Burocracia de las desigualdades

Ya lo anunciaba David Graeber, ese antropólogo intuitivo, anarquista y genial que se nos fue en 2020 sin haber cumplido los 60 años, en su libro La utopía de las normas: de la tecnología, la estupidez y los secretos placeres de la burocracia, un libro que Yolanda Díaz le enseñaba en el escaño del Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez. Ahí quedó la foto y la publicidad del libro que no habrán leído muchos, pero que se ha convertido en referencia obligada.

En la era de la burocratización, sostiene Graeber, se impone la Ley de Hierro del Liberalismo, según la cual cualquier intento público, o incluso privado, para reducir la burocracia, los papeleos, los trámites, consigue el efecto contrario de aumentar las regulaciones, la cantidad de documentos en liza y hasta el número de trabajadores y trabajadoras encargados de esos papeles.

Nuevas normas desreguladoras, suponen nuevas reglas que permiten supervisar que la regulación de la desregulación va adelante, lo cual crea más burocracia en cada proceso. Es una paradoja aparentemente imposible y, desde luego, indeseable, pero que se termina cumpliendo indefectiblemente.

La ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo deja claro que la ciudadanía no tiene obligación de aportar documentos que la Administración ya posea, o que se encuentren en poder de otra Administración. Para ello establece que las Administraciones deben establecer plataformas y redes internas para acceder a estos datos.

En virtud de la Ley de Protección de Datos si alguien se opone a que sus documentos circulen entre Administraciones puede hacerlo, en cuyo caso debe poner a disposición de la Administración solicitante cuantas informaciones le sean requeridas. El hecho es que cualquier gestión, cualquier procedimiento y trámite, sería mucho más fácil si se cumpliera la ley. Pero eso es mucho pedir a unas administraciones altamente burocratizadas.

Como ejemplo, tiro de la lista de los documentos que exige una mancomunidad intermunicipal de servicios sociales en la Comunidad de Madrid, para comenzar la tramitación de una ayuda a domicilio, o una prestación económica. Estamos hablando de personas dependientes, con discapacidad, mayores, con dificultades de movilidad en muchos casos y con brechas muy importantes en materia digital.

Original y copia del DNI, certificado de empadronamiento de todas las personas haciendo constar que no existen más inscripciones, informe de condiciones de salud emitido por profesional sanitario colegiado, declaración de la renta, o de lo contrario certificado de la Agencia Tributaria, certificados bancarios, del catastro (a nivel nacional), declaración jurada de bienes mobiliarios e inmobiliarios, documento de aceptación del servicio, presupuestos de dos establecimientos que puedan realizar obras de mejora y acondicionamiento de la vivienda.

Si lo que quieres obtener es el servicio de ayuda a domicilio debes aportar, además, otros documentos que acrediten estado de salud y autonomía personal de la persona beneficiaria y del resto de la unidad de convivencia, así como documentos que acrediten capacidad económica para poder establecer lo que el usuario va a pagar por el servicio, de acuerdo a las ordenanzas de tasas de este tipo de servicios.

Si lo que quieres es una prestación económica prepara libro de familia, actas de nacimiento, fotocopias de nóminas, justificante de demanda de empleo, certificado de prestaciones del INEM, informe de vida laboral, sentencias de separación, divorcio y convenios reguladores, acompañados de denuncias por impago de pensiones de alimentos, si fuera necesario, certificado de minusvalía, sentencia de incapacidad, sentencia de emancipación, cartilla sanitaria, contrato de integración social, sentencia de embargo o desahucio, contrato de arrendamiento, informe técnico de averías, o reparaciones necesarias.

Creo que he incluido casi todo, pero algo se me puede haber pasado. Los poderes públicos y las empresas privadas, por mucho que se llamen tercer sector, economía social, colaboración público-privada, o como quieran definirse, se han fusionado. Actúan a pachas, convierten todos estos papeleos en las riendas que permiten gobernar, modular, moderar, el tráfico de los recursos públicos hacia lo privado y en herramientas para vigilar, controlar y mantener a raya a la población.

Esta situación genera organismos experimentados en la gestión de la pobreza. Los expertos al frente necesitan pobres para seguir justificando su existencia. No es que el fin justifique los medios, sino que la necesidad crea la función, la función crea el órgano y el órgano hace cuanto está en su mano para justificar su propia existencia.

Dicho de otra manera, las trabajadoras sociales son muy necesarias, pero sobreviven bajo papeles y formularios, imposibilitadas para realizar su función y al servicio real de intereses de unos poderes públicos indistinguibles de los intereses privados, que condicionan y determinan su trabajo y no al contrario.

Recuerdo que hace varias décadas, se producían grandes debates sobre la burocracia. Debates que impregnaban y se abrían paso en todas las profesiones, desde la medicina a la enseñanza, la psiquiatría, la arquitectura, o los servicios sociales. Esos debates han dejado paso a esa violencia del papeleo absurdo que en lugar de sacar a las personas del marasmo de la pobreza, o de la dependencia, nos condena a sentirnos más vulnerables, más dependientes, más inseguros ante las administraciones y sus tentáculos de entidades privadas que reciben encomiendas de gestión.

En cuanto a las y los profesionales, se encuentran cada día más acogotados por la burocracia, el ordenador, los formularios, las plataformas, las aplicaciones, las nuevas normativas, los nuevos procedimientos, los nuevos modelos de gestión, establecidos por nuevas normas antiburocráticas que se traducen en más burocracia.

Las y los profesionales nos vemos sometidos a un modelo de empleo basado en la vigilancia y el control, rellenando formularios. Un trabajo que no cumple nuestras expectativas, ni las de la sociedad. Esos empleos que David Graeber denominaba Trabajos de Mierda (Bullshit Jobs).

Lo triste es que se da por hecho, forma parte del paisaje, no tenemos un problema estructural, sino que son problemas personales. No recurrimos a la política, ni al sindicalismo, sino al psicólogo.

Y así nos va.